El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha iniciado un paro nacional indefinido en respuesta a la controvertida reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca transformar la estructura y funcionamiento de este poder. La reforma ha sido vista como una amenaza directa a la autonomía judicial, lo que llevó a la mayoría de los juzgadores a optar por suspender sus actividades.
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Este 19 de agosto, los trabajadores del PJF participaron en una consulta para decidir si procedían con el paro. De los 1,403 juzgadores que participaron, 1,202 votaron a favor de la suspensión de actividades, mientras que 201 se opusieron. La votación se llevó a cabo bajo la supervisión de un notario público, quien dio fe de los resultados.
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El paro comenzará oficialmente a las 00:00 horas del miércoles 21 de agosto, afectando a juzgados y tribunales federales en todo el país. Se han implementado guardias para la atención de casos urgentes, pero las actividades jurisdiccionales normales han sido suspendidas indefinidamente.
Hasta las 17:00 horas del lunes, se reportó el cierre de 124 instalaciones del PJF en diferentes estados de la República. De estas, 45 están en paro total y 79 de manera parcial. Entre los estados afectados se encuentran Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, y Veracruz, entre otros.
Motivos de la Protesta
La reforma judicial que impulsa el presidente López Obrador contempla, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados por voto popular, un cambio que ha generado preocupación por su posible impacto en la independencia del Poder Judicial. Además, la reforma propone la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, lo que ha sido interpretado por los trabajadores del PJF como un intento de someter al Poder Judicial al control del Ejecutivo.
Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), replicó un comunicado del PJF en sus redes sociales, en el que se convoca a la sociedad civil, barras de abogados, asociaciones de derechos humanos, y sindicatos a sumarse a la movilización. Piña destacó que el movimiento es un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación.
El comunicado del PJF advertía que la reforma propuesta pretende "someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los Poderes de la Unión". Con 55,000 trabajadores afectados por esta reforma, la movilización se ha convertido en un evento histórico en la defensa de la independencia judicial.
Reacciones en los Estados
En diferentes estados del país, los trabajadores del PJF se han sumado al paro con diversas manifestaciones y cierres de instalaciones. En Baja California, por ejemplo, los trabajadores se congregaron frente a los juzgados de Tijuana, coreando: “Somos los garantes de la Constitución”. En Nuevo León, aproximadamente 800 trabajadores del PJF participaron en el paro, lo que llevó a la suspensión de plazos y términos judiciales, así como a la cancelación de audiencias programadas.
En la capital de Tamaulipas, los trabajadores del Juzgado Décimo Primero de Distrito se sumaron al paro. Juan Gelasio David Márquez, secretario del juzgado, señaló que la reforma es un retroceso que pone en riesgo la justicia y la división de poderes al proponer la elección de jueces por sorteo.
En Jalisco, más de 1,000 empleados del PJF realizaron un paro en Zapopan, mientras que en Morelos, los trabajadores tomaron las instalaciones de los 20 órganos jurisdiccionales del Décimo Octavo Circuito. En Puebla, los edificios del PJF fueron tomados por los trabajadores, aunque se habilitó el estacionamiento exterior para quienes accedieran al lugar.
En Yucatán, más de 150 trabajadores del PJF se manifestaron fuera de las instalaciones, expresando su preocupación por la incertidumbre laboral que podría generar la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de un nuevo órgano de control. Mientras tanto, en Sonora, aunque no se inició un paro, los trabajadores realizaron una votación para decidir si se unirían al movimiento nacional.
El paro en el Poder Judicial de la Federación es una manifestación contra la reforma judicial que impulsa el gobierno de López Obrador. La mayoría de los juzgadores y trabajadores del PJF han expresado su rechazo a los cambios propuestos, preocupados por la posible erosión de la independencia judicial y el impacto en la justicia en México. Este paro nacional refleja la profunda preocupación y resistencia dentro del Poder Judicial ante lo que se percibe como un intento de control y sometimiento por parte del Ejecutivo.