Especialistas y juristas coinciden en que la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno de México, tendrá repercusiones importantes en la economía del país, ya que podría desalentar las inversiones, sobrecargar las finanzas públicas y poner en riesgo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Entre los apartados de la reforma que impactarán de forma negativa en la economía mexicana están los procesos de elección popular en el Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la organización México Evalúa.
La directora de México Evalúa, Mariana Campos, alertó que la aprobación de la reforma judicial traerá impactos económicos para el país y puede asustar a inversionistas. Destacó que dos de los costos económicos para los mexicanos serán la organización de las elecciones de jueces y magistrados, así como la liquidación de quienes dejarán el cargo, que son alrededor de mil 600 jueces, magistrados y ministros.
Te podría interesar
Otro costo es que ante la posibilidad de que los impartidores de justicia carezcan de especialización y experiencia, las empresas destinen más recursos para su defensa en los juicios en los que haya temas como acusaciones de prácticas monopólicas o competencia desleal, y ante ello duden en invertir, lo que a su vez impactará en el empleo y los salarios, alertó la directora de México Evalúa.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANOS
Te podría interesar
De acuerdo con lo declarado este martes 20 de junio en el foro ‘Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la Reforma Judicial’, por la experta, de pasar la modificación tal cual lo plantea la reforma, esta retrasaría resoluciones en diversos ámbitos, lo que se traduciría en menor crecimiento económico.
“A menor tardanza de los juicios, mayor crecimiento económico. Está demostrado por investigadores del Banco de México que los estados de la república en promedio han crecido 0.6 % en aquellas entidades donde se ha facilitado más la resolución de conflictos”, afirmó.
Y recalcó la importancia de contar con jueces especializados y con experiencia en energía, telecomunicaciones y propiedad intelectual, entre otras áreas, pues la reforma en discusión en el Congreso supone que incluso un recién egresado pueda postularse como juez a través del voto popular en elecciones.
“Un juzgador incompetente fácilmente podría tomar en cuenta aspectos que requieren de la pericia de la experiencia de los juzgadores, en este sentido, las afectaciones podrían ser muy graves”, señaló.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Abundó que la propuesta también podría implicar que México sea considerado como una "economía de no mercado" ante la injerencia del Estado sobre aspectos de regulación y de control para el ecosistema de negocios.
Dijo que esto afectaría al T-MEC, que impide la relación con economías de no mercado en uno de sus capítulos.
Además, violenta tres capítulos del T-MEC, según indicó Mariana Campos, directora general de México Evalúa: el 14, sobre inversiones; el 23 sobre temas laborales; y el 27 sobre políticas anticorrupción.
Campos explicó que estos tres preceptos están en alerta porque requieren de tribunales independientes e imparciales, lo que no garantiza la actual iniciativa, que pretende elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apuntó que este mecanismo podría abrir la puerta a otro tipo de injerencias e influencias, donde el crimen organizado podría presionar en las elecciones o aportar dinero para las campañas.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué casos graves se atenderán en el Poder Judicial en paro de labores?
TE PUEDE INTERESAR: Van magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial ante la CIDH
Campos citó que tan solo la elección de 41 jueces estatales en Estados Unidos en 2021 costó casi 100 millones de dólares, mientras que en México se plantean comicios para casi 7,000 juzgadores.
Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó que la propuesta de reforma no atienda la impunidad en poco más del 94 % de los casos e implique menor presupuesto para el PJF.
Apuntó que se requieren mayores ingresos a los poderes judiciales estatales, con 67 % más carga que los tribunales federales, pues el presupuesto del Poder Judicial federal asciende a los 77,000 millones de pesos (4,052 millones de dólares) y el de los estados suma unos 45,000 millones de pesos (2,368 millones de dólares).
Campos también alertó que podría reducirse aún más el número de juzgadores por cada 100,000 habitantes, y México ya está por debajo de las recomendaciones internacionales.
“Sabemos que contamos con cuatro jueces por cada 100,000 habitantes, pero el estándar recomendado a nivel internacional es de 18 por cada 100,000”, sostuvo.
Acusaciones falaces
En el foro también participó la magistrada de Circuito, María Emilia Molina, quien defendió al Poder Judicial y también salió al paso de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en su mañanera de este 20 de agosto que el paro de los trabajadores del Poder Judicial en protesta por la reforma era ilegal, pero que iba a ser bueno porque con ello no iban a liberar a delincuentes.
La presidente de la Asociación Mexicana de Juzgadoras defendió la legalidad del paro y criticó que se digan cosas falaces sobre la liberación de personas.
“(Sobre) el discurso que liberamos a delincuentes, hay que aclarar que en este país tenemos afortunadamente hasta hoy un principio de presunción de inocencia, el cual implica que si a una persona se le deja libre y no tiene una sentencia que sea firme, esa persona no es delincuente”, explicó.
Planteó que entonces cuando se dice que se liberan delincuentes, en todo caso se liberan personas a las que la Fiscalía General de la República está acusando de la comisión de un delito.
“¿Por qué se liberan? Hay que analizarlo caso por caso, y es lo que corresponde a las personas juzgadoras. Ahora, cuando se libera a personas que tienen sentencia es por varias razones. La prisión no es perpetua, se conforma una pena y se tiene que declarar que se va libre y cuando hay beneficios preliberacionales previstos en la ley se deben usar y determinar este beneficio”, continuó.
También salió a aclarar que el Poder Judicial no libera a más presuntos delincuentes en sábado, lo que se conoce como ‘sabadazo’, tal como ha asegurado el presidente.
“Se dice que damos sabadazo y es parte de este discurso y con datos duros se dijo de parte del presidente de la República que 75% de las libertades se dictaban en jueves, viernes o sábado, es sobre 15% esos días, pero los días no dependen de la persona juzgadora, dependen en la mayoría de los casos de cuando la fiscalía pone a disposición a la persona, porque hay términos que se prevén en la ley. Por cierto en materia penal todos los días y horas son hábiles”, enfatizó.
“Yo preguntaría si para que la fiscalía deje de trabajar en fin de semana, dejamos entonces a una persona inocente, privada de su libertad tres días más para decretar su libertad en lugar del viernes, el lunes”, cuestionó.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA EN GOOGLE NEWS
VGB