Al proponer su polémico plan de reforma judicial, principalmente para cambiar la manera de elegir jueces en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado un problema real: el sistema de justicia del país está fallando para la mayoría de los mexicanos, expuso la organización Human Rights Watch (HRW); que advierte que su propuesta de modificar la Constitución para reducir los mandatos de los jueces y reemplazar su proceso de nombramiento con elecciones populares, respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, podría agravar aún más la situación.
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Durante el último año, entrevistas con más de 100 personas involucradas en los sistemas de justicia de 10 estados revelaron una profunda frustración. Fiscales, policías de investigación, jueces, defensores y abogados expresaron una queja común: el sistema está en crisis. Las víctimas de crímenes enfrentan enormes obstáculos para obtener justicia, mientras que quienes son acusados a menudo sufren abusos y corrupción. Esta realidad ha generado una desconfianza generalizada en el sistema judicial, con casi la mitad de la población manifestando poca o ninguna confianza en las autoridades judiciales, revela HRW a través de un comunicado.
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El presidente López Obrador ha culpado repetidamente a los jueces, acusándolos de "favorecer a los delincuentes" y ser "corruptos". Su propuesta para elegir a los jueces mediante voto popular, aunque controvertida, refleja una crítica hacia la independencia del poder judicial que muchos temen podría socavar aún más la justicia en el país.
El enfoque equivocado
Sin embargo, centrarse en la elección de jueces ignora un problema aún más grave: la ineficacia de las fiscalías. En 2022, de 2.2 millones de investigaciones abiertas, solo el 10% llegó ante un juez. La mayoría de los casos se cierran sin resolverse, incluyendo aquellos que involucran homicidios, desapariciones y graves violaciones de derechos humanos. Los casos que sí llegan a juicio a menudo se basan en pruebas endebles o en declaraciones obtenidas bajo coacción.
Las fiscalías carecen de los recursos y la formación necesaria para realizar investigaciones efectivas. Los testigos y víctimas temen represalias, y las autoridades no pueden garantizarles protección. Además, los mecanismos de control, como las unidades de asuntos internos y las fiscalías anticorrupción, carecen de la independencia y recursos necesarios para detener abusos como la tortura y la corrupción.
Una mujer que buscaba justicia por el asesinato de su madre relató cómo, después de meses de ser ignorada por las autoridades, el fiscal encargado del caso le dijo que probablemente nunca se resolvería porque “hay muchos delincuentes” en la zona. Este tipo de respuestas subraya la falta de prioridad que se le da a los casos de quienes no tienen poder ni recursos.
A partir de que se reformó a las procuradurías de nuestro país y se les denominó fiscalías, independientes y con autonomía, parecería que no se calculó el riesgo que conllevaba el poder ilimitado que se les estaba dotando a los fiscales y el desorden que terminó generando, consideró César Gutiérrez Priego en una columna de opinión publicada por La Silla Rota el pasado mes de junio.
"No solo no se cambió la forma de trabajo, el cual continuó igual en casi todas las fiscalías del país y la federal, si no que se le dio carta abierta a la impunidad de muchos fiscales estatales, mismos que se convirtieron de facto en los virreyes estatales, teniendo cuotas de poder inmenso y dándoles carta abierta a la impunidad, ya sea por corrupción o por incapacidad. Hoy es casi imposible quitar del puesto a estos fiscales, ya que por lo general terminan creando consensos y favores con los legisladores locales, mismos que los protegen con el fuero constitucional, por lo que no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa", agregó.
Injusticia en México
México enfrenta una crisis de violencia, violaciones de derechos humanos e impunidad. Más de 100 mil personas están desaparecidas y la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo. Abordar esta crisis requiere un sistema de justicia que sea imparcial y eficiente, y eso implica no solo jueces independientes, sino también fiscalías que realicen investigaciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
Para Human Rights Watch, en lugar de atacar a los jueces, el gobierno debería concentrarse en fortalecer las fiscalías, mejorar los mecanismos de supervisión y anticorrupción, invertir en capacitación y recursos forenses, proteger a las víctimas y testigos, y establecer servicios profesionales con reglas claras que recompensen la habilidad e integridad.
El pasado 13 de julio, en medio de la polémica sobre la reforma al sistema judicial, durante la cuarta edición de "La Reforma Judicial a Debate", la jueza de Distrito Magdalena Victoria Oliva y el abogado constitucionalista Francisco Burgoa dieron a conocer sus opiniones sobre la propuesta de modificaciones constitucionales en materia de justicia, y sus alcances.
La jueza del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, Magdalena Oliva, afirmó que para materializar una reforma como la que se plantea es indispensable hacer un diagnóstico serio. Por su parte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, señaló que la propuesta de reforma parece tener sustento en el resentimiento, más que en mejorar el sistema judicial. "Si realmente se quiere fortalecer la justicia se necesita una reforma integral que pase por las fiscalías y otras instancias de procuración de justicia".