REFORMA AL PODER JUDICIAL

Reforma al Poder Judicial: ¿en qué consiste el plan C de AMLO?

El jefe del Ejecutivo federal busca la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, entre otras propuestas

Créditos: Especial
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El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un paquete de 18 iniciativas de reformas al que le llamó “Plan C”, entre las que destaca la reforma al Poder Judicial. En ella el jefe del Ejecutivo federal busca la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, entre otras propuestas.

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En el texto de la reforma señala que el gobierno de López Obrador sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia en México, es la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones.

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Objetivos de la reforma al Poder Judicial

Se destaca que la iniciativa tiene el objetivo de reformar el sistema judicial mexicano e incorporar en la Constitución una serie de salvaguardas y mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte, las magistradas y magistrados de Circuito, las juezas y jueces de Distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior con el propósito de que los nuevos miembros del Poder Judicial sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público.

Se prevé, como otro punto clave, la sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial dotado de independencia y autonomía técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, separado funcional y orgánicamente de la Corte.

Creación del Tribunal de Disciplina Judicial

Se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades amplias para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas,  y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que no cumpla la Constitución y las leyes o no rijan su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia, observando en todo momento las formalidades esenciales del debido proceso, pero privilegiando la justicia y el interés colectivo.

Esto busca garantizar la autonomía en el Poder Judicial, la independencia y especialidad técnica, así como desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento y formación de jueces y magistrados; la creación de nuevos órganos jurisdiccionales; el manejo del presupuesto de toda la estructura del Poder Judicial; además de las funciones sancionadoras y de disciplina del personal, que hoy se encuentran a cargo de la presidencia de la SCJN y de consejeras y consejeros de la judicatura.

Otro punto clave de la reforma es la vinculación de las autoridades responsables de impartir justicia a emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo razonable, satisfaciendo los principios inherentes al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.

Sueldos y combate a la corrupción, otros objetivos de la reforma contra el Poder Judicial

El Ejecutivo plantea que ministros de la Corte, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, magistrados electorales, entre otras personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tengan una reducción de sueldos, para que ninguno de estos funcionarios gane más que el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Además, ante la política de austeridad republicana y racionalidad del gasto público, se propone reformar eliminar el privilegio que reciben los ministros de la Corte, consistente en la posibilidad de recibir un “haber por retiro” o pensión vitalicia una vez que concluyan su encargo. Esta disposición no aplicará para los ministros en retiro que ya perciben dicho haber de retiro al tratarse de un derecho adquirido, limitándose a los ministros en funciones y a aquellos que resultasen electos para ocupar dichos cargos.

La reforma señala que se busca modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones.

También, se busca crear órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial.

Se señala que impulsan la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial, sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables.

Ministros SCJN 

En contra de la reforma al Poder Judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) señaló que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial busca restarle independencia, lo que deriva en un ataque a la Constitución y a los principios que fundamentan la democracia en México.

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Magistrados y jueces externaron en un comunicado, -fechado el mismo día de la presentación de las iniciativas-  su preocupación por la iniciativa de reforma del presidente López Obrador para desnaturalizar el proceso de designación de juzgadoras y juzgadores federales, lo que implica una injerencia en la independencia judicial y causa daño a los derechos humanos de los ciudadanos de México.

La reforma es contraria al principio de división de poderes que establece la Constitución, que es producto de una lucha histórica de las fuerzas políticas y de los ciudadanos, indicaron.

Destacaron que esta pretensión del Poder Ejecutivo Federal surge luego de que los mexicanos recurrieran a juzgados y tribunales para pedir defensa a sus derechos, frente a actos arbitrarios de las autoridades.

De establecer un sistema donde los juzgadores sean electos mediante voto popular, se socavará el principio de la carrera judicial que contempla la Constitución, ya que se permiten factores no relacionados con la capacidad y experiencia legal influyan en la selección de candidatos, lo que comprometerá la calidad de las decisiones judicial y como última consecuencia debilita la confianza en el sistema de justicia, manifestaron.

“No se juzga para recibir aplausos, sino para hacer valer nuestro Texto Fundamental y las leyes que de éste se deriven”, apuntaron y remarcaron que la reforma transgrede el acceso a la justicia de los mexicanos.

Abogados solicitan ser escuchados en Parlamento abierto

En una carta dirigida a la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia, así como al senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el Consejo General de la Abogacía Mexicana solicitó que se convoque a un parlamento abierto para expresar su postura ante los legisladores respecto a las reformas propuestas por Morena.

Firmada por Ricardo Ríos Ferrer, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, A.C, se pide recibir a representantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C., otras asociaciones de profesionistas y escuelas de derecho, entre otras instituciones; con fundamento en el artículo 50, inciso H de la Ley Reglamentaria del artículo 5º, Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.

Ministros y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por mérito: Laynez

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, enfatizó a finales de mayo y previo a la elección del 2 de junio la importancia de que los jueces sean seleccionados exclusivamente por su mérito académico, profesional y ético para garantizar su independencia. Durante la sesión solemne conjunta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de este 27 de mayo, Laynez destacó que este sistema es crucial para asegurar la neutralidad de los jueces frente a todas las partes involucradas, incluyendo los poderes constituidos y fácticos.

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En el evento, donde se tomó protesta a 46 nuevos jueces y juezas especializados en el sistema penal acusatorio, Laynez no mencionó explícitamente la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular; sin embargo, destacó el contexto de polarización, inseguridad y poca confianza en la capacidad del Estado para impartir justicia que atraviesa el país, de acuerdo con información de Reforma.

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VGB