En situación de calle y embarazada, a Mariana le dieron la espalda las instituciones de justicia de la Ciudad de México. Le arrebataron a su hija de los brazos y, sin razón alguna, la internaron en un psiquiátrico durante 14 años. A pesar de estar en una situación vulnerable, en el camino encontró la fuerza necesaria para luchar y enfrentarse a los órganos judiciales hasta ganar un amparo en la Suprema Corte que obligó a las instituciones responsables a hacerse cargo de la reparación del daño.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Estando embarazada, a finales del 2003, Mariana (nombre ficticio para resguardar los datos personales de la víctima) fue deportada de Estados Unidos. Sin poder recordar el nombre o la dirección de algún familiar, Mariana deambuló por las calles de la Ciudad de México hasta 2004, cuando una camioneta del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México (IASIS) se le acercó para ofrecerle asistencia hospitalaria.
Te podría interesar
Preocupada por su situación de embarazo, Mariana accedió, sin saber que las mismas personas que le ofrecieron ayuda la dejarían abandonada a su suerte.
Sin algún diagnóstico previo, Mariana fue llevada automáticamente al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en Tlalpan. Ahí estuvo algunos meses hasta el 17 de abril del 2004, cuando entró en labor de parto y fue trasladada al Hospital General Manuel Gea González.
Cuando nació su hija, Mariana ya recordaba los nombres de sus familiares. Pidió a personal del IASIS que la llevaran a ella y a su hija con ellos, pero, fue ignorada.
Cuando su hija tenía poco mas de un mes de nacida, Mariana fue internada en contra su voluntad en el Centro de Asistencia e Integración Social “La Cascada”, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México. Personal del IASIS la llamó “loca” y la abandonó ahí.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Aunque el Centro “La Cascada” se promueve como una institución que brinda asistencia social a mujeres en situación de calle y abandono social, a Mariana le dieron la espalda.
A pesar de los abusos que, hasta entonces ya había vivido Mariana, el calvario apenas iniciaba. En 2006, la institución Filios Asociación de Beneficencia Privada inició un procedimiento para declarar a Mariana en estado de interdicción con el propósito de dar en adopción a su hija.
Nadie defendió a Mariana. Nadie la ayudó. Nadie la escuchó y dejaron que su hija le fuera arrebatada de los brazos cuando apenas tenía 4 años.
Por 14 años, Mariana permaneció contra su voluntad en el centro “La Cascada”, donde fue sometida a medicación que la mantenía sedada. Cuando estaba lúcida pedía a gritos que la llevaran con su familia, que le regresaran a su hija, pero nadie la ayudó.
Aún cuando sus familiares directos se acercaron con personal del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México reclamando su liberación, fueron ignorados.
Mariana había perdido toda esperanza de volver a ver su hija cuando, en 2018, un “milagro” cambió su vida: una persona que se encontraba haciendo su servicio social en “La Cascada” encontró su caso y contactó a su familia.
El 8 de agosto de 2018 Mariana pudo reunirse con su madre y sus hermanas, quienes finalmente pudieron llevársela a casa.
La batalla legal
En 2020, Mariana y su familia iniciaron una batalla legal para la recuperación de la niña y para recibir una indemnización bajo el concepto de “reparación del daño” por los múltiples abusos de los que Mariana fue víctima.
El 10 de agosto de ese año quedó registrada ante el Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México la demanda 298/2020, en la cual Mariana y su familia reclamaron indemnizaciones “por los daños causados a la salud física y emocional tanto por la reclusión, como por los tratos inhumanos en el centro del IASIS”. También reclamaron indemnización por daños derivados de la separación familiar y el otorgamiento de la adopción de su hija.
Tras un año de lucha jurídica, el 22 de septiembre de 2021 el caso de Mariana llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala, a través de un proyecto hecho por la ministra Margarita Ríos Farjat, reconoció que Mariana fue “privada de la relación con su hija quien fue dada en adopción, y sometida a medicación forzada y tratos inhumanos en un centro perteneciente al IASIS de la Ciudad de México”.
También se asentó que “el procedimiento de interdicción llevado en su contra fue ilegal en tanto –a pesar de su insistencia– nunca se buscó a su familia directa y que en ningún momento de los 14 años que estuvo institucionalizada tuvo contacto con las personas que ejercieron los cargos de tutor y curador”.
El 27 de abril de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió indemnizar a Mariana por los conceptos de daño psicológico, psiquiátrico y físico causado por las demandadas durante más de 14 años que la tuvieron recluida y sin su consentimiento; indemnización por el daño psicológico causado tras quitarle a su hija; indemnización por la omisión de las autoridades para buscar a su familia para que se hiciera cargo tanto de la niña como de ella; indemnización por haber dado a su hija en adopción de manera ilegal.
El 17 de abril de 2022 la hija de Mariana cumplió 18 años y se supo que la organización Filios Asociación de Beneficencia Privada, hoy cerrada por irregularidades, la dio en adopción a una familia en Monterrey. Mariana dijo que quería tener contacto con ella.
CDMX: con historial negro en asistencia a personas en situación de calle
En los últimos 6 años, de 2019 a 2024, 968 personas murieron al interior de los albergues del Gobierno de la Ciudad de México que dan asilo a personas en situación de calle o en estado de abandono social.
Información obtenida vía transparencia por La Silla Rota indica que, en este periodo, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX (SIBISO) ha dado asilo a un total de 10,107 personas en los 11 albergues que mantiene desplegados en la capital. De esta población, el 54% han sido hombres y el 46% mujeres.
Especialistas consultados por La Silla Rota indican que el caso de Mariana es un reflejo de la situación general que atraviesan las personas en situación de calle, sobre todo las mujeres.
“Eso que hicieron con esta mujer es algo que vemos muy constante con la Sibiso. Hace poco fuimos a la fosa común, identificamos que había al menos un cuerpo de dos mujeres que acompañamos, de quienes no encontrábamos registro. Cuando se preguntó sobre el paradero de ellas nos decían que estaban bien, cuando en realidad una de ellas ya había fallecido. Supimos que llegó a la fosa común, aún no se recupera el cuerpo”, relata Gina Moreno de “El Caracol”, una Organización No Gubernamental que promueve el acompañamiento psicoeducativo y la defensa de derechos humanos para personas en situación de calle.
“Cuando las mujeres piden ir a un albergue, nuestra posición es muy difícil porque sabemos cómo son los albergues y las condiciones en las que están. Hay sobrepoblación, no hay cuidado de las personas. A nosotros se nos complica poder recomendarles un lugar seguro donde puedan estar, porque sabemos que no hay”.
Gina refiere que las mujeres en situación de calle suelen ser revictimizadas por las propias instituciones gubernamentales y de procuración de justicia.
“Cuando ellas van solas, las culpan por vivir en la calle, como si ellas fueran merecedoras de esas violencias por estar en la calle (…) La población no va a entrar en un lugar donde la traten mal, donde les den comida echada a perder, donde haya condiciones inhumanas, donde haya sobrepoblación, les traten mal. Estos albergues no tienen ningún protocolo o de desarrollo humano, solo son de asistencia”.
Uno de los principales problemas que la ONG identifica para el ajusticiamiento de la violación a los derechos humanos de las personas en situación de calle son las trabas institucionales que permiten que los casos se acumulen y se olviden.
“Cuando son casos de violaciones a derechos humanos, pueden extenderse muchísimo tiempo, hay carpetas que llevan años donde se ha dado alguna solución. Ese es un gran obstáculo, ¿Cómo garantizamos que las mujeres vivan una vida libre de violencia donde sus denuncias sean escuchadas, cuando las instituciones que deberían protegerlas, no están haciendo su trabajo?”.