La desaparición forzada en México, como en casi toda América Latina, y los países en guerra durante el siglo XX, formó parte de la vida cotidiana de ellos. Ya sea por disputas políticas, civiles o ideológicas, este fenómeno sucedía con frecuencia; la mayoría apuntan a que existía por el simple hecho de tener enemigos o “reventadores”. El caso de Jesús Piedra Ibarra no sería el primero de estos casos, pero sí el primero en ser popularmente conocido.
Como se mencionó, la desaparición de personas a menudo se asocia con las dictaduras militares de Argentina y Chile en las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, en México, durante la Guerra Fría, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió una postura anticomunista que llevó a la aplicación de estrategias de contrainsurgencia en áreas donde surgieron grupos armados socialistas. Esto resultó en la desaparición y asesinato de manifestantes estudiantiles en la capital del país, así como de grupos y líderes guerrilleros en el sureste nacional, todo bajo la impunidad y el amparo de los medios de comunicación.
De acuerdo con el medio Nexos, y según fuentes documentales de la época, a finales de la década de 1970, el entonces procurador general de la República, Óscar Flores Sánchez, concluyó que había alrededor de 314 personas desaparecidas en Guerrero. En una conferencia de prensa en 1979, Flores Sánchez precisó que 154 de las víctimas habrían muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden, sentando así el precedente de las estrategias represivas utilizadas por el Estado mexicano para exterminar a los núcleos subversivos.
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Sin embargo, en detrimento de la "verdad histórica" del exprocurador, el Informe Carpizo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció la desaparición forzada de personas en Guerrero durante la década de 1970 y el uso oficioso de los cuarteles como cárceles o centros de interrogación para los civiles detenidos.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) señala que la primera desaparición forzada en México se registró en junio de 1971, durante la llamada Guerra Sucia. Desde entonces y hasta 1990, la CNB contabiliza 88 desapariciones forzadas, de las cuales el 97% ocurrieron en la década de 1970 y el 3% restante en la década de 1980. Por sexenios presidenciales, el 77% de estos delitos ocurrió durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez, con un promedio de 14 por año, y el 23% bajo el gobierno de José López Portillo, con cuatro por año. La mayoría de las víctimas, hombres de entre 20 y 24 años, fueron desaparecidos en Guerrero (71%), seguido de la Ciudad de México (9%), Sinaloa (8%) y otras seis entidades.
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La desaparición forzada de personas es una triste realidad en la historia de México. Durante la Guerra Fría, el gobierno mexicano utilizó su lógica de seguridad interna para aplicar estrategias represivas en contra de grupos armados socialistas, lo que resultó en la desaparición y muerte de muchos civiles. Es importante que estos hechos se reconozcan y se documenten adecuadamente para que nunca se olviden y nunca vuelvan a repetirse.
¿Quién es Jesús Piedra Ibarra?
Jesús Piedra Ibarra, también fue conocido como Rafael o Rafita, es recordado en el país como un estudiante, activista y guerrillero. Nació en Monterrey, Nuevo León el 17 de febrero de 1954 y formó parte de la Liga Comunista 23 de septiembre (LC23S). Sin embargo, su paradero es desconocido desde el 19 de abril de 1975, cuando fue detenido y desaparecido forzadamente por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de México.
A pesar de que no hay evidencia de su participación en el hecho, el gobierno mexicano lo señaló como uno de los objetivos estratégicos para ser detenido después del intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973. Piedra Ibarra participó como planificador del secuestro como Comité Coordinador Zonal Noroeste de la LC23S y sirvió como vigilante al ocurrir los hechos, lo que llevó al asedio a su familia.
En 1973, agentes al mando de Miguel Nazar Haro entraron de manera ilegal a la casa familiar de Piedra Ibarra, deteniendo extrajudicialmente a su padre Jesús Piedra Rosales y a su madre, Rosario Ibarra de Piedra. En 1974, Jesús Piedra Ibarra escribió una carta a su familia para avisar que estaba con vida. Un año más tarde, al realizar la LC23S una nueva ola de asaltos bancarios en Nuevo León, su padre fue secuestrado y torturado con el fin de revelar el paradero de su hijo.
La tortura infligida a Piedra Rosales, médico de profesión, le causó lesiones graves en la columna vertebral, pero no pudo identificar a sus torturadores, incluyendo al jefe de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León, Carlos G. Solana Macías.
El 19 de febrero de 1975, Jesús Piedra Ibarra resultó herido en un enfrentamiento mientras intentaban detenerlo en Monterrey, después de que se revelara la ubicación de la casa de seguridad donde se resguardaba. Sin embargo, fue rescatado por sus compañeros.
¿Cómo pasó su desaparición?
Con el paso de los años, ha salido a la luz nueva información sobre la detención y tortura de Jesús Piedra Ibarra en 1975, un militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien fue detenido extrajudicialmente por agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) por órdenes de Miguel Nazar Haro, entonces jefe de la misma institución.
Según documentos recientemente revelados, Piedra Ibarra resultó herido en un enfrentamiento el 19 de febrero de 1975 mientras intentaban detenerlo en Monterrey después de que se revelara la ubicación de su casa de seguridad. Después de esto, fue detenido extrajudicialmente por un grupo de agentes liderados por Ricardo Condell Gómez en la ciudad de Monterrey el 19 de abril de ese mismo año, donde fue sometido a torturas y llevado a diferentes lugares antes de ser entregado a Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno en el Campo Militar número 1, según documentos firmados por ellos mismos.
"Me encuentro bien, supongo que deben imaginarse en lo que ando, espero que no los hayan molestado. Los quiero mucho y sé que van a poder entenderlo. Estoy lejos y no sé si volveremos a vernos. De ser así, espero que lo comprendan y lo tomen con calma".
Se dice que Piedra Ibarra resistió su detención y mordió a uno de los agentes, lo que provocó la amputación de un dedo del agente en cuestión. También se sabe que fue amarrado de pies y manos y desarmado antes de ser llevado a una serie de lugares de detención clandestina donde fue torturado. Incluso, se informa que Nazar Haro felicitó a los agentes que participaron en su detención.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene registros de Piedra Ibarra en el Campo Militar número 1 en 1975 y un testimonio, aunque no completamente verificado, de que fue visto con vida en cárceles clandestinas de la Ciudad de México en 1984.
Este nuevo conocimiento arroja luz sobre la detención y tortura de Piedra Ibarra y la manera en que las autoridades de la DFS actuaron en esa época. Esta información puede ayudar a entender mejor la situación de los Derechos Humanos en México durante esa época y el impacto que tuvo en las personas que sufrieron detenciones y torturas por parte de las autoridades.
Los dichos y hechos después de la desaparición
El exfiscal Javier Coello Trejo ha revelado que Rosario Ibarra de Piedra, quien ha luchado durante varias décadas por la presentación de su hijo Jesús Piedra, siempre supo lo que había sucedido con el joven, pero ha ocultado la verdad para lucrarse políticamente con el caso. Claro, estos dichos fueron extraoficiales y nunca se pudo comprobar.
Coello Trejo formó parte de la Brigada Blanca creada por el Gobierno en los años setenta para combatir a los grupos guerrilleros que operaban en varias ciudades del país. En su libro El Fiscal de Hierro Memorias, el exfiscal afirmó que en el sexenio del presidente López Portillo, el Procurador General de la República, don Óscar Flores Sánchez, ordenó una minuciosa investigación de los supuestos desaparecidos en la que participó.
Según Coello Trejo, en esa investigación se descubrió que Jesús Piedra Ibarra “cayó abatido en un enfrentamiento en Monterrey con la Policía, sus compañeros se lo llevaron y entonces Rosario Ibarra de Piedra, su madre, lo convirtió en bandera política”. Además, el exfiscal sostiene que el hijo de Doña Rosario fue quien mató al empresario Eugenio Garza Sada en septiembre de 1973, cuando un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre lo intentaba secuestrar.
Coello Trejo asegura que en una ocasión en que el Procurador citó a Rosario Ibarra y le dio una explicación con pruebas de cómo y en dónde había sido abatido su hijo al enfrentarse con la Policía, la señora nunca contó esto, en virtud de que la muerte de su hijo fue su bandera para alcanzar todo lo que posteriormente logró y que es públicamente conocido.
Doña Rosario nunca ha dado por muerto a su hijo. Durante décadas ha exigido que se esclarezca su paradero, una lucha que le ha dejado muchos dividendos políticos, como el haber sido diputada y senadora. Pero ahora, la verdad ha salido a la luz y se espera que Rosario Ibarra de Piedra dé una explicación y se disculpe con la sociedad mexicana por haber usado la muerte de su hijo para sus propios fines políticos. Una vez más, queda demostrado cómo la política puede ser utilizada para fines personales y cómo las víctimas pueden ser instrumentalizadas.
El 24 de enero de 1979, el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, negó en una conferencia de prensa la existencia de presos políticos, desaparecidos y cárceles clandestinas en México, incluyendo la Brigada Blanca, creada dos años antes. Sobre Jesús Piedra Ibarra, dijo que la fiscalía tenía la versión de que había muerto en un enfrentamiento con policías y que habría sido enterrado de manera clandestina.
En 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre las desapariciones de la Guerra Sucia, incluyendo el caso de Jesús Piedra Ibarra. Después de entrevistar a tres agentes que afirmaron haber participado en la detención extrajudicial de Piedra, la comisión concluyó que la detención había sido extrajudicial, que no se habían garantizado sus derechos humanos y jurídicos, que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se había hecho de atribuciones que no estaban en sus tareas legalmente mandatadas, que la DFS había cometido un cateo sin el debido mandato judicial y que la DFS había perpetrado la desaparición forzada de Piedra Ibarra.
En 2002, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) acusó a Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno y Juventino Romero Cisneros, como autores intelectuales y materiales del delito de privación ilegal de la libertad sancionado en las leyes vigentes de 1975 como un delito grave. Sin embargo, el juez de Nuevo León rechazó la imputación a los acusados argumentando la prescripción del delito de secuestro por el tiempo transcurrido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Recurso de Apelación Extraordinaria 1/2003, en el que determinó que no había indicios del término del secuestro de Piedra Ibarra, ya que no se contaba con evidencias de su puesta en libertad o a disposición de alguna autoridad competente, por lo que dicho delito se consideraba imprescriptible.
A pesar de las acusaciones de la FEMOSPP, distintos arreglos políticos lograron la impunidad de los responsables de los crímenes de la Guerra Sucia, provocando la exoneración de los acusados. Miguel Nazar Haro fue detenido en 2004 y, durante el proceso judicial, legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional aprobaron una reforma al Código penal mexicano para que las personas calificadas como de "baja capacidad criminal y alta adaptabilidad social" pudieran cumplir sus condenas en casa o en un centro de rehabilitación, en lugar de en una prisión.
La inalcanzable lucha de Rosario Ibarra de Piedra
Rosario Ibarra de Piedra fue una activista y política mexicana que dedicó gran parte de su vida a la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Uno de sus principales objetivos fue buscar a su hijo Jesús Piedra.
Rosario recorrió las cárceles de varias ciudades de México para conocer a los presos políticos, y organizó huelgas de hambre a las que convocó a hombres y mujeres presos en cárceles de Oaxaca, Sinaloa, Guerrero y la Ciudad de México, aunque la mayoría no participó por su mal estado de salud. También mandó cartas a las embajadas extranjeras y escribió al Secretario de la ONU, Kurt Waldheim, y al Papa Juan Pablo II para difundir lo que pasaba en el país, pero nada cambió.
En 1978 se logró la primera Ley de Amnistía para beneficiar a los presos políticos, lo que permitió la liberación de mil 500 de ellos, el regreso a México de 57 exiliados y el desistimiento de más de 2 mil órdenes de aprehensión. En 1979 se convocó el Frente Nacional contra la Represión, al que respondieron al menos 54 organizaciones en Defensa de los Derechos humanos, pues confiaban en que el Comité Pro Defensa formado por Rosario tenía una causa honesta y difícil de corromper con las estrategias del gobierno.
De la lista de más de 600 desaparecidos que el Comité Pro Defensa registró, al menos 148 fueron localizados. Entonces, el comité se rebautizó con el nombre de Eureka!, hasta encontrarlos. Los testimonios de quienes volvieron sirvieron como evidencia de cómo habían sido torturados y asesinados otros presos-desaparecidos. En 1981 se conformó la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en México, donde se gritó por primera vez: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".
Rosario fue senadora y ocupó varios cargos públicos, siempre luchando por los Derechos Humanos. Sus principales compañeras en esta lucha fueron otras madres de los jóvenes presos y desaparecidos, entre ellas Matilde González, quien buscó a su hijo Jesús Ávila, desaparecido por el Estado desde 1974.
En la larga trayectoria de buscar a su hijo, Rosario tuvo muchas trincheras, primero como activista y luego como política desde donde siguió promoviendo la resolución de los casos de desapariciones forzadas. Su lucha por los Derechos Humanos y su incansable búsqueda de justicia la convirtieron en un símbolo de la lucha social en México y su ejemplo inspiró a muchas personas a seguir luchando por la justicia y la igualdad.
La lucha sigue, como consigna, como hecho
México se encuentra en medio de una crisis de desapariciones que ha dejado a miles de familias sin respuestas y en busca de justicia. Según las estadísticas oficiales, al menos 105,000 personas están registradas como desaparecidas en el país, pero las autoridades creen que el número real sería mucho mayor. Desde el inicio de la llamada “guerra” contra el crimen organizado en 2006, casi 90,000 personas han desaparecido y miles más siguen desapareciendo cada año. Desde que el presidente López Obrador asumió el cargo, más de 36,000 personas han desaparecido.
Las autoridades creen que muchas de las personas desaparecidas han terminado enterradas en fosas comunes por funcionarios de todos los niveles después de que los servicios forenses las declararan como “no identificadas” o “no reclamadas”. Es decir, cuerpos que no fueron debidamente identificados y entregados a sus familiares. Entre 2006 y 2020, al menos 50,000 cuerpos pasaron por la custodia de servicios médicos forenses estatales y locales sin ser debidamente identificados, según surge de solicitudes de información realizadas por activistas. Es de tomar en cuenta la posibilidad de que otras personas hayan sido asesinadas y enterradas en fosas ocultas por policías, militares y grupos delictivos. Entre 2006 y 2021, las autoridades habrían encontrado al menos 4,000 de esas fosas en el país.
Cientos de familias de las personas desaparecidas han conformado más de 130 “colectivos de búsqueda” para investigar desapariciones de acuerdo a las últimas cifras de organizaciones de esta índole, lo cual a menudo incluye excavar en fosas comunes. Sin embargo, cuando las familias denuncian desapariciones, las fiscalías y policías rara vez investigan lo ocurrido. Es decir, existe una falta de voluntad y de recursos por parte de las autoridades para investigar y resolver estos casos.
Hace 4 años, sorpresivamente, una defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una entidad gubernamental. Desde entonces, la CNB ha dado pasos para actualizar el registro oficial de personas desaparecidas solicitando información a funcionarios locales y estatales y ha creado una plataforma en línea para informar desapariciones en forma anónima y mostrar estadísticas en tiempo real sobre personas desaparecidas, sin revelar datos personales. También ha empezado a crear una serie de Centros de Identificación Humana para exhumar cuerpos de las fosas comunes e intentar identificarlas usando los datos del registro.
Sin embargo, la situación aún es crítica. En abril del 2022, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó un informe sobre su visita a México, la primera visita a un país. El comité criticó a los funcionarios mexicanos por su “actitud pasiva” ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la “impunidad casi absoluta” por estos delitos. Hasta 2022, fecha en que se publicó el informe, solamente había 36 sentencias por desaparición forzada. Es decir, la falta de justicia para las víctimas y sus familias sigue siendo una realidad en México.
DJC