Los medios públicos, adscritos al gobierno, no deben ser utilizados como instrumentos de propaganda política, porque están financiados con dinero público. Menos aún si dicha propaganda está enfocada a violencia política de género. A esta conclusión llegaron analistas consultados por La Silla Rota luego de que Canal Once permitió la emisión de cápsulas en las que se hace mofa de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña.
Las cápsulas se emitieron en Canal Once como parte del programa Operación Mamut, donde Jairo Calixto, uno de los conductores, hace una parodia de la ministra conduciendo un programa titulado "Casos de la Piña Real". Cabe recordar que Norma Lucía Piña ha sido objeto de críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus seguidores, desde que asumió su cargo como titular de Poder Judicial.
La más reciente fue cuando, en el mítin al que convocó el presidente para conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo pasado, se quemó una piñata con la imagen de la ministra presidenta.
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Raúl Trejo Delabre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y experto en temas de medios de comunicación, afirmó que el hecho de que Canal Once difunda en su programación posturas políticas y discursos de odio del gobierno federal no es una buena señal.
"Se trata de una expresión de odio y una expresión que nada contribuye al debate público; se trata de una pieza de propaganda, pero lo más inquietante es que no se trata de un asunto aislado; sino que es un ejemplo más entre muchos disponibles en la programación de Canal Once y Canal 14, que son los dos medios que opera directamente el gobierno federal".
"Son medios de comunicación que, queriendo ser públicos, en los últimos años han sido convertidos en instrumento de propaganda en medios solo del gobierno y, peor aún, en medios al servicio de la que algunos propagandistas que creen que es la manera de ensalzar la figura presidencial".
Por su parte la periodista, feminista y directora del portal informativo Servicio Especial de la Mujer (SEM) México, Sara Lovera, afirmó que la parodia que transmitió Canal Once es violencia política de género contra la presidenta de la Corte.
"Lo que vimos revela la subordinación absoluta de los dependientes de la 4T a la visión presidencial. Yo publiqué en un artículo que se trata de una visión misógina equivalente a dar permiso de realizar actos de violencia contra las mujeres".
"Es una actitud en un medio público que, en la práctica, es uno de los medios que utiliza el presidente de la República para sus conferencias mañaneras. El Canal Once, que fue un medio cultural importante, fue destruido”.
La Silla Rota consultó también a la encargada del área de comunicación social y vocera de Canal Once, Claudia Solís, quien respondió que la postura de la dirección del canal es que no es responsable de los contenidos que emite cada programa, bajo el argumento de garantizar libertad de expresión.
Los argumentos de los expertos
Trejo Delabre, como analista en medios de comunicación, expuso que esta situación no se registró en sexenios anteriores, aunque se trató de gobiernos autoritarios frente a una sociedad que no exigió límites a estos abusos y a pesar de que se ha existido el planteamiento de que sean medios no oficiales.
Destacó que, en diversas ocasiones, los directivos de estos canales públicos han sido ligados al servicio de gobernantes el turno y que no siempre se ha logrado que tengan una programación equilibrada. "Se avanzó en parte con los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; hay desprecio por las audiencias de estos medios y la manipulación que ejercen, el uso ilegal que hacen de recursos públicos haciéndolos medio de propaganda'".
Expuso que en algunos casos el manejo de la información ha sido parcial. Y consideró que se requiere una política editorial capaz de ponderar de manera sensata y con sentido común, cada punto de vista.
"Los medios públicos tendrían que ser ejemplo de discusión y de deliberación sustentadas en autoridades que dan argumentos Y no banalidades y ordinaridades, como lo que vimos en la pieza que en cuestión".
Resumió que el uso de los canales de gobierno como instrumento de propaganda "cometen una ilegalidad, no solamente perpetran regresiones éticas, no solo exhiben su mal gusto y ordinalidades, sino que también están en contra de la ley".
Explicó que el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de junio de 2013 establece que los medios públicos deben contar con independencia, autonomía de gestión, reglas de transparencia, defensa de sus contenidos; e incluir expresiones ideológicas, étnicas y culturales. "En este caso, al no cumplirse eso sostengo que se podría requerir de manera judicial una sanción a quien está haciendo mal uso de recursos públicos con ese tipo de programación".
En dicha reforma el artículo 6 constitucional señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Trejo Delabre aseguró que los directivos de dicha televisora deben ser nombrados más allá de sus preferencias partidarias, aunque sean propuestas hechas por el presidente de la República y avaladas por el Senado. "Por desgracia, en este caso el Senado votó por un incondicional del presidente que se ha vuelto, para quienes respetábamos su trayectoria periodística, en un propagandista. Me refiero al antiguo periodista Jenaro Villamil".
Consideró que el Consejo Ciudadano que debe tener cada medio, debería tomar cartas en el asunto. "Yo me pregunto qué dicen, qué hacen, qué están requiriendo los ciudadanos que forman parte del Consejo de Canal Once. No he conocido que estén actuando en defensa sociedad que representan durante ese tipo de programas y de otras transmisiones".
Comparó que las transmisiones de los actos de masas que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo y las coberturas de eventos de gobierno, no respetan la pluralidad a la que están obligados.
"El Canal Once y el Canal 14 tienen defensores de audiencias. Cuando se les ha requerido que expresen una posición ante el evidente abuso de la transmisión de contenidos de los que hemos hablado, estos defensores de audiencia en vez de reivindicar a la sociedad y los ciudadanos se vuelven cómplices de los directivos de los medios públicos".
Medios que ejercen violencia política de género
Sara Lovera recordó que la narrativa del presidente contra la ministra Norma Lucía Piña "descalifica, culpabiliza, ridiculiza, ofende estigmatismo, difama e intimida a quien representa uno de los tres poderes de la Unión. Esto lo agrava, y si desde un canal público están ridiculizando a la ministra de la Corte es algo inaudito, inexplicable”.
Coincidió con Trejo Delabre en que lo ocurrido es una estigmatización de los medios públicos. Y precisó que esto no se registró en sexenios anteriores en medios públicos.
“Es la pérdida absoluta del respeto a la división de poderes y del respeto a una política de empoderamiento y promoción de las mujeres que está asignada en muchas leyes y la ley que creo el Instituto Nacional de las mujeres. En este país debe haber una política de género que hasta ahora en estos cuatro años ha destruido el presidente Andrés Manuel López Obrador".
La periodista y feminista aseguró que el manejo de medios de Estado en sexenios anteriores tuvo otros rasgos. "Sí creo que algunos expresidentes utilizaron los medios del Estado como el Canal 22 en su momento, el Canal 11 o Canal 13, fueron utilizados para intereses de grupos en el poder. Pero hacerlo contra las mujeres es un escándalo y contra la ministra Piña es doble escándalo”.
“No recuerdo que ningún presidente de la República, y he visto pasar a 8 presidentes durante mi cobertura de temas de asuntos de mujeres, nunca vi a alguien que le faltara el respeto de esta manera a una mujer en el poder; una mujer reconocida y feminista. Es doble y revela la misoginia del actual gobierno. Genera un doble discurso porque ahora sus testaferras hablan de crear un feminismo popular y comunitario que no tiene que ver nada con nosotras las feministas. Es el colmo, me parece terrible".
Finalmente, coincidió en que deben ser llamados a cuentas y ser sancionado, quien difunda estos contenidos en un canal del Estado.