Fue en 2018 cuando el Infonavit bloqueó una auditoría contra la gestión del priista David Penchyna, en otras palabras, el Infonavit se resiste desde hace 5 años a la elaboración y publicación de una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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De acuerdo con Reforma, el morenista y actual director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez interpuso un amparo y llevó este caso hasta la Corte alegando que el Infonavit no forma parte de la administración pública y sólo maneja aportaciones privadas de los trabajadores.
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Sin embargo, en noviembre de 2020, la Corte negó el amparo y confirmó que la ASF puede auditar al Infonavit, pero fue el 27 de noviembre de este año cuando se presentó un nuevo amparo en el que se impugna la elaboración, publicación y notificación del informe de la ASF que en 2017 reveló daños por 3 mil 240 millones de pesos.
Pero, este pasado 12 de diciembre, el juez Ulises Rivera negó suspender el informe de la ASF, luego de que el 3 de octubre concluyera una auditoría forense a la administración de Penchyna.
¿Qué dice la ASF?
De acuerdo con Reforma, en Auditoría se halló la afectación de 3 mil 88 millones de pesos en la indemnización de 5 mil 88 millones de pesos que pagó el Infonavit a la empresa Telra.
Según la Auditoría, se derivó un daño de 99.2 millones de pesos pagados a Buserdi, una empresa de recuperación de cartera, 44.2 millones a la firma de marketing Soccer Media Solutions, 3.8 millones por vuelos privados no comprobados y 2.2 millones por pagos a la consultora Auren Bajío, entre otros.
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Auren Bajío, por ejemplo, fue contratada en diciembre de 2017 y transfirió recursos a Gerinpro Consultores. En este sentido, la ASF descubrió en 2022 que Arturo Núñez Serrano, en esa época Coordinador de Movilidad del Infonavit y responsable de supervisar el contrato con Auren, era socio de Gerinpro.