Cuba enfrenta una crisis que se extiende desde las plantas eléctricas hasta los hospitales y los hoteles. Los apagones alcanzan a buena parte del territorio, la falta de combustible limita la fumigación contra el dengue y empresas extranjeras reducen o terminan sus operaciones en la isla.
El gobierno cubano atribuye una parte central de esta situación a las sanciones y restricciones de Estados Unidos. Washington, por su parte, sostiene una política de presión contra La Habana y presenta al gobierno de Miguel Díaz-Canel como un asunto relacionado con la seguridad nacional estadounidense.
El resultado combina problemas acumulados durante décadas con el impacto de las medidas económicas aplicadas desde el exterior. La infraestructura cubana enfrenta falta de mantenimiento e inversión, mientras las restricciones para obtener combustible y operar con empresas internacionales reducen el margen de respuesta del país.
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La disputa entre ambos gobiernos ocurre mientras sus efectos llegan directamente a la población. Los cortes de electricidad afectan hogares y servicios, la falta de combustible complica la respuesta sanitaria y la caída del turismo reduce una fuente importante de ingresos para la economía cubana.
El apagón que deja a Cuba sin margen
La Unión Eléctrica de Cuba proyecta para este martes un déficit que puede dejar sin suministro a cerca de 67% del país durante el horario de mayor demanda. La demanda nacional ronda los 3 mil 200 megavatios, mientras la capacidad disponible se ubica alrededor de mil 80 megavatios.
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La diferencia entre ambas cifras obliga a desconectar una parte importante del sistema para evitar una falla generalizada. La situación también refleja el deterioro de la infraestructura energética, con varias unidades termoeléctricas fuera de servicio por averías o trabajos de mantenimiento.
A este problema se suma la dependencia de motores que funcionan con diésel y fueloil. Las restricciones para obtener combustible reducen la capacidad de generación y dificultan la operación regular de las plantas.
La combinación de infraestructura deteriorada y falta de combustible explica la magnitud de los apagones. Sin electricidad suficiente, también disminuyen la actividad industrial, el transporte y la operación de servicios que dependen de la red nacional.
La crisis energética también llega al dengue
El problema del combustible no termina en la generación eléctrica. Las autoridades sanitarias de Villa Clara reportan la circulación de los serotipos II y IV del dengue, mientras en el municipio de Ranchuelo realizan más de 10 mil 300 pesquisas médicas por el aumento de personas con síntomas febriles.
La escasez de combustible limita las labores de fumigación contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. La reducción de estas acciones complica el control de los focos y aumenta la presión sobre los servicios de salud.
Los apagones también dificultan la operación de hospitales y el funcionamiento continuo de equipos médicos. La falta de energía obliga a las instituciones a depender de plantas de respaldo y de otras fuentes alternativas para mantener áreas críticas.
En este escenario, la ayuda internacional adquiere un papel central. La organización Open Arms entregó paneles solares y medicamentos al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana para reforzar la autonomía energética de una unidad de terapia intensiva.
Meliá e Iberostar dejan un mercado en crisis
La presión también alcanza al turismo, una de las principales fuentes de divisas para Cuba. Meliá Hotels International prepara su salida definitiva de la isla este 24 de julio, después de administrar decenas de hoteles durante años.
La compañía registró una ocupación de 34.1% en sus hoteles cubanos durante el primer trimestre, por debajo de su promedio global. Iberostar también redujo su presencia en el mercado cubano.
Las empresas enfrentan dificultades legales y financieras relacionadas con las sanciones estadounidenses y con las restricciones para operar con entidades vinculadas al gobierno cubano. La presión afecta las condiciones en las que las compañías pueden mantener sus negocios.
La caída del turismo también afecta a las aerolíneas. La falta de combustible de aviación complica la operación de vuelos y reduce la llegada de visitantes, lo que disminuye los ingresos que la isla obtiene de esta actividad.
El cerco económico y la disputa política
La administración de Donald Trump mantiene una política de presión sobre Cuba. El Departamento de Estado presenta a la isla como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y sostiene acusaciones contra el gobierno cubano.
El secretario de Estado, Marco Rubio, impulsa una línea de política exterior que aumenta la presión económica y política sobre La Habana. El gobierno cubano acusa a Washington de utilizar las sanciones para provocar un deterioro interno y promover un cambio de régimen.
Analistas utilizan el término “Doctrina Donroe” para describir una política que relaciona la agenda de Donald Trump con una actualización de la Doctrina Monroe. El concepto no constituye una doctrina oficial con ese nombre, pero aparece en el debate político para describir una mayor presión estadounidense sobre gobiernos considerados adversarios.
La Organización de las Naciones Unidas mantiene su rechazo al embargo estadounidense contra Cuba y reclama el levantamiento de las medidas económicas. Washington sostiene que sus sanciones forman parte de su política exterior y de su estrategia para presionar al gobierno cubano.
Contexto
La crisis cubana combina factores internos y externos. La red eléctrica enfrenta décadas de deterioro y falta de inversión, mientras la economía opera con dificultades para obtener combustible, importar productos y mantener vínculos comerciales con empresas internacionales.
Las sanciones estadounidenses no solo afectan a entidades de ese país. También pueden complicar las operaciones de empresas, gobiernos y ciudadanos de terceros países que mantienen relaciones comerciales o financieras con Cuba. La Habana sostiene que estas medidas provocan daños directos sobre la población y limitan su capacidad para adquirir recursos básicos.
Estados Unidos, en cambio, sostiene que la presión busca modificar la conducta del gobierno cubano. La disputa mantiene una dimensión política que supera el conflicto bilateral y afecta sectores como la energía, el turismo y la salud.
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La crisis se refleja en la vida cotidiana de los cubanos. Los apagones reducen la actividad económica, la falta de combustible limita el transporte y las campañas sanitarias, mientras la salida de empresas extranjeras reduce la actividad turística.
La presión sobre Cuba, por tanto, no se concentra en un solo sector. El deterioro de la infraestructura interna y las medidas económicas externas se combinan en un escenario que deja a la isla con menos margen para responder a sus necesidades básicas.
La pregunta central permanece abierta: ¿hasta dónde puede llegar una política de presión económica sin que sus principales consecuencias recaigan sobre la población? En Cuba, el debate entre Washington y La Habana ya se refleja en la electricidad que no llega, en las campañas contra el dengue que se complican y en las empresas que abandonan la isla.
VGB