El gobierno de Estados Unidos intensificó su confrontación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una audiencia realizada en marzo de 2026 en Ciudad de Guatemala. En ese espacio se analizaron operativos militares en el Caribe y el Pacífico vinculados a su estrategia contra el narcotráfico.
El Departamento de Estado señaló que la Comisión excede sus funciones al abordar estos hechos. La postura oficial sostiene que las acciones militares se rigen por normas del derecho internacional humanitario. Bajo ese argumento, Washington rechaza que la CIDH revise este tipo de operaciones.
Durante la audiencia, representantes de organismos internacionales y organizaciones civiles presentaron información sobre el impacto de estos operativos. Las intervenciones incluyeron datos sobre ataques a embarcaciones y el número de personas afectadas en distintas zonas marítimas.
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Señalamientos por operativos en el mar
En el foro, relatores y defensores expusieron cifras sobre acciones armadas registradas desde septiembre de 2025. Los reportes indicaron más de 40 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico. También señalaron que estas operaciones dejaron más de 150 personas fallecidas y varios casos sin localización confirmada.
Los participantes indicaron que en varios casos no se identificó a las víctimas ni se documentó su vínculo con actividades ilícitas. Las exposiciones incluyeron testimonios y registros recopilados por organizaciones civiles y mecanismos internacionales.
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La información presentada se integró como parte de una discusión temática. Este tipo de audiencias permite revisar situaciones generales sin iniciar procesos formales dentro del sistema interamericano.
Postura oficial de Estados Unidos
El gobierno estadounidense respondió con un posicionamiento público tras la sesión. En su comunicado, el Departamento de Estado indicó que la CIDH no tiene competencia para evaluar operaciones militares en el mar. También afirmó que estos temas corresponden a marcos legales distintos a los que supervisa la Comisión.
Washington sostuvo que la audiencia abrió un espacio para cuestionar acciones que se encuentran bajo revisión en instancias internas. La autoridad estadounidense planteó que estas discusiones pueden interferir en procesos legales dentro de su jurisdicción.
Además, funcionarios señalaron que la Comisión permitió la participación de organizaciones que litigan casos relacionados con estas operaciones. Según esta postura, el foro se utilizó para exponer argumentos vinculados a disputas legales en curso.
Financiamiento y agenda regional
El gobierno de Estados Unidos también mencionó su papel como aportante financiero dentro del sistema interamericano. En ese contexto, pidió a la CIDH concentrar sus actividades en la atención de casos individuales pendientes.
El señalamiento incluyó referencias a expedientes que permanecen sin resolución durante varios años. La administración estadounidense planteó que la Comisión debe priorizar esos procesos dentro de su agenda.
En paralelo, autoridades y actores en la región expresaron posturas sobre los operativos marítimos. Algunas declaraciones públicas señalaron afectaciones a comunidades vinculadas a actividades pesqueras en zonas del Caribe.
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Alcance de las audiencias de la CIDH
La presidencia de la CIDH indicó que las audiencias temáticas no constituyen investigaciones formales. Estas sesiones funcionan como espacios para recibir información y escuchar a distintas partes sobre situaciones específicas.
El organismo explicó que los planteamientos presentados no generan resoluciones inmediatas ni sanciones. Su función consiste en documentar hechos y dar seguimiento a temas de interés regional dentro de su mandato.
El intercambio entre ambas partes se mantiene en el plano diplomático. La discusión gira en torno al alcance de las competencias de la Comisión y a la interpretación de las normas aplicables en contextos de seguridad.
VGB