Autoridades estadounidenses anunciaron este martes sanciones económicas por narcotráfico contra algunos ciudadanos colombianos, miembros de los grupos Segunda Marquetalia y del Clan del Golfo.
Entre los nombres que se han mencionado se encuentra Allende Perilla Sandoval, quien pertenece al grupo Segunda Marquetalia, que forma parte de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le acusa de controlar rutas del narcotráfico a lo largo del Pacífico de Colombia y Ecuador, así como de operar laboratorios de cocaína y de coordinarse con el Cartel de Sinaloa para distribuir la droga en su territorio y Europa desde México y Centroamérica.
Te podría interesar
El Tesoro también sancionó a su socio Camilo Esteban Betancourt Rosero por lavado de activos del narcotráfico, compra de armas y construcción de submarinos para el transporte de droga.
EU los acusa de crear una red de narcotráfico que opera en Europa
Según Washington, Betancourt también sirvió de nexo entre Allende y el ciudadano lituano Virginijus Labutis, que opera una red de narcotráfico en Europa y que también fue sancionado hoy por el Tesoro.
Labutis, además, ejerce como directivo y representante de una sociedad colombiana bajo el nombre Atiya S A S, dedicada al negocio inmobiliario y también sancionada por el Tesoro.
Además de Allende y Betancourt, Estados Unidos sancionó a los miembros del Clan del Golfo Orozman Orlando Ostén Blanco, Elkin Casarrubia y Luis Armando Pérez Castañeda, a los que acusa de narcotráfico.
Allende fue designado por la Segunda Marquetalia como uno de los representantes de los diálogos de paz con el Gobierno y en abril pasado la Fiscalía suspendió temporalmente su orden de captura en Colombia.
Las órdenes de captura contra los tres sancionados del Clan del Golfo también fueron temporalmente suspendidas por la Fiscalía en octubre después de que el grupo los designara como miembros de un "espacio de conversación" con el Gobierno que no ha arrancado.
Las medidas adoptadas por Washington conllevan el bloqueo de cuentas y propiedades que las personas y entidades sancionadas puedan tener en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ellas.