Un problema álgido entre Estados Unidos y México es la venta y tráfico de armas de alto poder en tiendas y el fácil acceso a ellas en al Unión Americana, algo que ha reclamado el gobierno mexicano en reiteradas ocasiones, sobre todo porque alega que éstas se trafican a cárteles del narcotráfico mexicanos que las usan para la escalada de ola de violencia en el país.
Incluso, el canciller Marcelo Ebrard ha interpuesto demandas ante cortes de Estados Unidos en contra de productoras de armas. Ante ello, este martes, el presidente estadounidense, Joe Biden anunciará nuevas acciones con las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego en el país, y lo hará en una de las comunidades afectadas recientemente por un tiroteo masivo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva en la que anuncia nuevas acciones para endurecer el acceso a las armas de fuego en el país.
Biden tiene previsto dar más detalles de sus medidas durante una visita a Monterey Park (California), donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas en enero.
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Objetivos de la orden de Biden para restringir venta de armas
La orden ejecutiva, hecha pública por la Casa Blanca, tiene como objetivo reducir la violencia armada con, entre otras medidas, mejoras para apoyar a supervivientes de tiroteos y familiares de víctimas durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental.
Para ello, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General deberán presentar a la Presidencia una propuesta con ese objetivo antes del 15 de septiembre de este año.
Además, Biden encargará al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que ajuste la definición legal actual de las empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida a la ley que les obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador.
"Esta medida significa que se venderán menos armas sin una revisión de antecedentes penales y por lo tanto, habrá menos armas que acaben en manos de criminales y abusadores", dijo una funcionaria de la Casa Blanca que adelantó las acciones en una llamada con medios.
A su vez, Biden anunciará que el Gobierno va a poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de "alerta de peligro (Red Flag)", que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.
"19 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes de este tipo (...) pero no son efectivas si el público no sabe cuándo y cómo usarlas", agregó la funcionaria.
Con respecto a los fabricantes, Biden pedirá a la Comisión Federal de Comercio elaborar un informe sobre cómo estas empresas promueven el uso de armas de fuego entre los menores de edad, señaló la Casa Blanca.
Cabe recordar que en junio de 2023 se cumplirá un año de que el Congreso de EU aprobara un limitado pero histórico acuerdo legislativo para el control de las armas de fuego. El proyecto de ley incluyó una revisión del proceso de compra para los menores de 21 años e incluyó incentivos para los estados que aprobasen las llamadas leyes de "alerta de peligro".
Sin embargo, este tipo de restricciones ha sido criticado por miembros del Partido Republicano, quienes han argumentado que viola los derechos constitucionales.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard señaló como “acertadas” dichas legislaciones, también conocidas como leyes “de bandera roja”; esto, destacando el hecho que aplicarán de igual modo para las armas denominadas de asalto.
México demanda contra armerías de EU
El gobierno federal presentó en 2021 una demanda en una corte de Boston, en Estados Unidos, contra una decena de empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
Desde agosto de 2021, México presentó una demanda contra la empresa Smith & Wesson y otras diez armerías a las que acusó de presunta negligencia y falta de cuidado en su actuar, lo que asegura ha contribuido en el incremento de violencia en el país y que les ha traído cuantiosas ganancias a las empresas.
En ese entonces, el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, encargado de la demanda contra empresas armerías de Estados Unidos, dijo que el daño que han hecho estas armas a México es "incalculable" más allá de la compensación económica que se pida en la Corte.
Desestiman demanda
El año pasado un juez en Estados Unidos desestimó la demanda del gobierno de México en contra de 11 fabricantes de armas en la que pedía 10 mil millones de dólares como reparación de daños, de acuerdo con un despacho informativo de Reuters.
El juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, dijo que todas las denuncias de México contra Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones.
Inmunidad procesal
En noviembre del año pasado, las armerías solicitaron el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una llamada “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de recibir demandadas por la vía civil por el mal uso de sus productos.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la cancillería comentó que hay empresas que venden hasta cinco ametralladoras capaces de tumbar helicópteros a una sola persona o que comercializan armas con personas "investigadas por contubernio con el crimen organizado".
El principal escollo para la demanda es que las empresas de armas tienen casi total "inmunidad" por la legislación de Estados Unidos, pero el gobierno mexicano alegará que esas armas se usan en México, donde "no tienen ninguna protección jurídica ni de la segunda enmienda".