Una sesión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se llevó a cabo recientemente, centrando su atención en la situación política y social en Guatemala. La convocatoria, iniciada por varios países miembros, incluyendo Estados Unidos, buscó examinar y discutir los recientes acontecimientos y sus implicaciones en la gobernabilidad democrática y el estado de derecho en el país centroamericano.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto con otros representantes, puso en relieve varios aspectos claves de la situación actual en Guatemala, incluyendo investigaciones judiciales y decisiones legislativas. Además, se destacó la presentación de un proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos.
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Entre los temas discutidos se encontraron investigaciones relacionadas con el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral y la aprobación del presupuesto 2024, que ha generado controversia y rechazo por parte de figuras políticas.
Varios diplomáticos, incluidos representantes de Chile, Uruguay, Canadá y Argentina, compartieron sus opiniones y preocupaciones sobre los eventos en Guatemala, enfatizando la importancia de mantener los principios democráticos y el estado de derecho. El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, expresó su desacuerdo con la sesión, alegando avances en la transición gubernamental y enfatizando la importancia del respeto a la soberanía nacional y la no injerencia.
Los representantes diplomáticos presentaron diversas perspectivas, subrayando la necesidad de una acción colectiva para garantizar la democracia y apoyar los procesos judiciales justos y transparentes. Se destacó la importancia de la sesión para tomar decisiones informadas y consideradas sobre cómo abordar la situación en Guatemala, resaltando el papel crucial de la OEA en la promoción y defensa de la democracia en la región.
La sesión concluyó con un llamado a la reflexión sobre las acciones futuras y el compromiso de los países miembros de la OEA para apoyar y proteger los principios democráticos en Guatemala y en todo el continente americano. Se reafirmó la importancia de la cooperación internacional y el diálogo constructivo en la resolución de conflictos y la promoción de la justicia y la equidad.
¿Qué pasa en Guatemala?
Guatemala se encuentra sumida en una profunda crisis política desde hace ya poco más de tres meses. Tanto al interior del país como la comunidad internacional aseguran que el gobierno que encabeza Alejandro Giammattei pretende cometer un “golpe de Estado” técnico y evitar así la asunción de Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla. El conflicto político electoral inició tras la primera vuelta de las elecciones, el pasado 25 de junio.
En esa ocasión Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su abanderada, Sandra Torres, ex primera dama durante el gobierno de Alvaro Colom (2008-2011), obtuvo 15% de los votos y el Movimiento Semilla, que impulsa a Bernardo Arévalo, hijo del ex presidente Juan José Arévalo, consiguió 12% de los sufragios.
Los resultados de esa primera ronda sorprendieron a propios y extraños porque en los sondeos previos Arévalo obtenía apenas 5% de las preferencias. En ese contexto nueve partidos políticos del ala conservador, entre ellos el del presidente Alejandro Giammatei, Vamos, impugnaros los comicios alegando irregularidades y un supuesto fraude electoral a favor de Arévalo.
Incluso el Ministerio Público del país centroamericano solicitó la suspensión de Movimiento Semilla, lo que desató una ola de reacciones dentro y fuera de Guatemala. Desde ese momento Bernardo Arévalo denunció la acción como un "golpe de Estado técnico", mientras la Unión Europea y Estados Unidos alertaron sobre los riesgos para la democracia guatemalteca.
Fue la Corte de Constitucionalidad de Guatemala la que determinó finalmente que Movimiento Semilla participara en la segunda vuelta electoral a celebrarse el 20 de agosto. Para los analistas, Bernardo Arévalo, un sociólogo y exdiplomático, de 64 años, es un político ajeno al “establishment” de su país y que lleva como bandera discursiva la lucha contra la corrupción en esta nación centroamericana.
DJC