Ante el emprendimiento de nuevas acciones judiciales contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, por parte del Ministerio Público de Guatemala (MP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) alertó que estos actos “atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país”.
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A través de un comunicado, el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, rechazó “el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas” que buscan impedir que Arévalo asuma la presidencia de Guatemala en enero de 2024.
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Bernardo Arévalo, así como otros políticos guatemaltecos y funcionarios de la Universidad de San Carlos (USAC), algunos de los cuales ya han sido detenidos por el MP; son acusados por usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita, delitos que supuestamente habrían cometido durante las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023.
Dichas movilizaciones realizadas por la comunidad universitaria tuvieron por objeto pronunciarse contra las irregularidades en el proceso de elección del rector de la Universidad de San Carlos, pero durante las mismas, ocurrieron supuestos actos de vandalismo, por los cuales, el MP inició el 16 de noviembre una investigación contra el presidente electo, la vicepresidenta electa y otros políticos del partido del Bernardo Arévalo.
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De acuerdo con el MP, la universidad presenta daños de 90 millones de quetzales en su estructura física, además que, el objeto real de la toma de dicha Universidad "fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso de la República, entre otros".
Por estos hechos, el MP solicitó 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión en contra de líderes universitarios y personal académico, así como, contra el ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y políticos de oposición. Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputada del partido Semilla, son los detenidos hasta el momento.
Así mismo, el 16 de noviembre, el Ministerio Público presentó solicitudes de retiro de inmunidad de 5 diputados integrantes de los partidos políticos Movimiento Semilla, VOS y Winaq; así como del presidente electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera, vicepresidenta electa.
El organismo de la OEA, alerta sobre el riesgo de la injerencia del MP respecto a la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala.
"Estas decisiones del Ministerio Público constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático", señala el organismo.
“El régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia", por ello, la CIDH y su RELE urgen al Estado a garantizar y respetar el proceso de transición presidencial.
VGB