MONTERREY. - Desde hace 21 meses la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León permanece con un encargado del despacho, luego de que se ha entrampado la designación del Fiscal debido al enfrentamiento entre el gobernador Samuel García y los diputados de oposición de mayoría en el Congreso local, en donde el Ejecutivo pretende nombrarlo cuando es atribución del legislativo.
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Tras un enfrentamiento con el gobernador García, por el caso de la joven Debanhi Escobar, muerta en abril del 2022, en octubre de ese año renunció a la Fiscalía, Gustavo Adolfo Guerrero, aún le faltaban dos años, en su lugar quedó como encargado del despacho, Pedro Arce y hasta la fecha allí se mantiene.
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Para que haya un nuevo fiscal se debe hacer una convocatoria para el registro de aspirantes, sin embargo, esto ha sido retrasado pues el actual mandatario estatal se opone, pues buscaba que no llegara a ese cargo Adrián de la Garza, hoy alcalde electo de Monterrey.
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El asunto se judicializó y las autoridades determinaron que debe ser el Congreso quien designe al Fiscal, mientras que el gobierno estatal respondió con la negativa de entregar cartas de no antecedentes penales a los aspirantes, uno del requisito que se solicitan en el registro.
Congreso presiona a Samuel García
Este miércoles en el Congreso local, la Comisión Anticorrupción acordó volver a solicitar al Estado las cartas de no antecedentes penales de las personas inscritas para el cargo de Fiscal General y otorgaron un plazo de dos días, pero, de no entregarlas denunciarán, por abuso de autoridad, al Secretario de Seguridad Pública y al titular de la Agencia de Administración Penitenciaria, adelantó el coordinador de los diputados panistas, Carlos de la Fuente.
"Se va a solicitar al comisario y al Secretario de Seguridad que nos expidan las cartas de no antecedentes penales y yo quisiera proponer que, de negarse preparemos unas denuncias correspondientes por abuso de autoridad y denunciemos a estos dos funcionarios por no cumplir con su deber", agregó.
Advirtió que el Estado quien quiere alargar el proceso y calificó la acción como un berrinche del gobernador Samuel García. La respuesta estatal es a través de un escrito enviado por Cesar Daniel Ramírez Acevedo, Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria al Poder Legislativo en donde argumenta que el acuerdo de solicitar el documento a 63 aspirantes, no está firmado por todos los integrantes de la Comisión Anticorrupción, además de que añade que en la actualidad hay un proceso en los tribunales aún sin resolver que les impide cumplir con la entrega del documento.
También, ha solicitado un plazo para revisar el asunto. “Asimismo, pido conceder al suscrito el término de 72 horas para efectos de solicitar a la Secretaría General de Gobierno información sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la controversia constitucional 238/2022".
"Así como de la queja por exceso en el cumplimiento de la sentencia emitida dentro de dicha controversia, misma que se encuentra sub judice, lo que representa un impedimento técnico para poder cumplir con el requerimiento formulado por la Comisión Anticorrupción", indica.
Movimiento Ciudadano en desacuerdo
El Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano advierte que la sesión realizada este miércoles por la Comisión Anticorrupción se excede de sus atribuciones debido a que no cumple con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al respecto, la Vicecoordinadora y Vocera Oficial, Sandra Pámanes, detalló que en su resolución, la SCJN solicitó a dicha Comisión, únicamente reponer el procedimiento y valorar a los candidatos que sí cumplen con el requisito
“(…) emitir la propuesta de lista final de aspirantes al cargo respectivo, por lo cual deberá atender al cumplimiento, entre otros, de los requisitos establecidos en la convocatoria, incluyendo el previsto en la base SEGUNDA, numeral 7, de la convocatoria impugnada”, dice la resolución de la SCJN CC 238/2022.
Sin embargo, Pámanes indicó que, en la Comisión Anticorrupción, el PRI y PAN solicitó de nueva cuenta a todos los aspirantes, presentar la Carta de No Antecedentes Penales para continuar con el proceso.
En ningún momento, la SCJN menciona en su resolución, que se deba solicitar de nueva cuenta dicho requisito. Pero el PRI y PAN buscan amañar un proceso para imponer a un Fiscal a modo, a fin de blindarse para evitar que se les aplique la justicia dijo Sandra.
Además, puntualizó que se trata de un incumplimiento por parte de la Comisión Anticorrupción, de la que se deberá pronunciar la SCJN.
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Eduardo Gaona, Coordinador de los diputados de MC, advirtió que Movimiento Ciudadano seguirá con lupa los pasos del PRI y PAN (PRIAN), ya que están preparando un nuevo nombramiento a modo en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como en el caso del Fiscal General.
Gaona anticipó que, al igual que con el Fiscal Anticorrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, las bancadas del PRI y PAN buscan imponer al nuevo Consejero de la Judicatura a través de la insaculación.