En una manifestación de descontento, trabajadores del Poder Judicial de San Luis Potosí han tomado las instalaciones y declarado un paro de actividades en protesta por el incumplimiento de pagos y la violación de sus derechos laborales. Este cese de actividades busca presionar al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para que libere los recursos necesarios para el pago de las prestaciones atrasadas.
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De acuerdo con reportes de medios locales, los empleados judiciales han expresado su frustración ante la falta de respuesta a sus demandas, que incluyen el pago de salarios y otras prestaciones que se les adeudan. Los manifestantes señalan que esta situación ha afectado gravemente sus condiciones laborales, generando incertidumbre y malestar entre los trabajadores.
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El paro de actividades y la toma de las instalaciones del Poder Judicial representan un esfuerzo por visibilizar la situación crítica que enfrentan y exigir una solución inmediata por parte del gobierno estatal. Los trabajadores han dejado claro que mantendrán su protesta hasta que se liberen los fondos necesarios y se respeten sus derechos laborales. Se espera que las autoridades estatales respondan a las demandas de los trabajadores para evitar un mayor impacto en los servicios judiciales de San Luis Potosí.
Incertidumbre, lo que significa la reforma judicial para trabajadores
El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C., junto con Justicia Independiente, ha lanzado una encuesta para recopilar datos sobre la situación laboral de los trabajadores con plazas a disposición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esta iniciativa surge tras una reunión con la consejera Magistrada Lilia Mónica López Benítez el 28 de junio, con el objetivo de encontrar soluciones antes de la implementación de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El 26 de junio, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron un paro de 24 horas y cerraron 17 tribunales laborales en protesta por la reforma, que consideran una amenaza a sus derechos laborales. El secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial (SNRPJ), Juan Alberto Prado, advirtió que la reforma podría afectar las plazas sindicalizadas y reducir los salarios de los empleados, además de eliminar la Comisión de Conflictos Laborales sin prever un organismo sustituto, lo que podría dejar a más de 54,000 trabajadores sin garantías para defender sus derechos.
En julio, se llevaron a cabo los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, donde se discutió la necesidad de proteger los derechos laborales y mejorar las condiciones de los operadores del sistema de justicia. Alma Ruby Villarreal Reyes, Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, subrayó la importancia de establecer un modelo laboral que responda a las expectativas de la ciudadanía y proteja la estabilidad laboral de los trabajadores.
El 15 de julio, en San Luis Potosí, ex militantes del PAN y miembros de la sociedad civil se manifestaron en contra de la reforma durante una asamblea informativa organizada por MORENA. Los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto de la reforma en la justicia, advirtiendo que podría llevar a la entrada de personas inexpertas y con intereses oscuros en el sistema judicial, lo que representaría un retroceso democrático.