Samuel García, gobernador de Nuevo León nuevamente se encuentra en la polémica por la compra de un predio de 700 hectáreas en el vecino estado de Tamaulipas y donde el mandatario construye una nueva propiedad, de acuerdo con información revela este jueves por el diario Reforma, el valor comercial del inmueble ronda en los 800 millones pesos.
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De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas, la compra se habría realizado en diciembre de 2023, por la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, compañía propiedad del gobernador García Sepúlveda y de su papá, Samuel Orlando García Mascorro.
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La propiedad, que se ubica en el municipio de Burgos, en Tamaulipas en la frontera con Nuevo León, cuenta con los lujosos acabados, cuenta con áreas sociales, alberca, dos represas y una zona para helipuerto; habría sido adquirida apenas dos días después de que la administración García Sepúlveda adjudicara un contrato por más de 7 mil millones de pesos al consorcio liderado por la constructora Garza Ponce para la ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro.
El rancho, ubicado en una zona colindante con Linares, Nuevo León, fue registrado oficialmente el 20 de diciembre de 2023, según el aviso preventivo del terreno. Este movimiento coincide con la asignación del contrato al consorcio conformado por Garza Ponce, Hércules Construcciones y Moyeda, anunciado el 18 de diciembre.
Un contrato multimillonario y controversias pasadas
El proyecto de ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro, originalmente presupuestado en 7 mil 012 millones de pesos, ya enfrenta críticas por un incremento no justificado a 12 mil millones de pesos, reportado el 13 de noviembre pasado. Las obras incluirán la extensión de la Línea 4 desde el Hospital de Gine hasta el Casco de Santa Catarina, y la de la Línea 6 desde el Hospital de Gine hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Sin embargo, la adjudicación de este contrato ha generado controversia debido a los antecedentes de Garza Ponce. En diciembre de 2022, se detectaron fallas estructurales en los capiteles del viaducto elevado de la Línea 2 del Metro, construido entre 2005 y 2008 por esta empresa en colaboración con Siemens y Bombardier. Pese a las irregularidades, el Estado "perdonó" dichas fallas, permitiendo que la constructora continuara participando en proyectos públicos.
"Lo vamos a platicar en enero", contesta Samuel García
El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió enérgicamente a las recientes acusaciones publicadas por el periódico El Norte, en las que se le vincula con irregularidades relacionadas con la adquisición de un rancho en Tamaulipas y la asignación de contratos para la ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro. García calificó la publicación como "falsa" y parte de una campaña de desinformación en su contra.
"Primero, todo lo que ponen aquí es FALSO. Segundo, todas mis propiedades están en mi declaración patrimonial y son públicas", afirmó el mandatario. Además, defendió la transparencia de los procesos de contratación en su administración, asegurando que "toda la obra pública grande, incluidas las líneas de metro, han sido licitadas conforme a la ley". En este sentido, García subrayó que su gobierno se ha apegado a los marcos normativos en todas las adjudicaciones de infraestructura.
El Gobernador también aludió a una supuesta campaña de desprestigio orquestada contra su gestión. "Sé por qué El Norte se ha dedicado a publicar notas falsas contra mí y también sé quiénes le están pasando información FALSA para esta campaña que tienen contra mi gobierno", señaló, anticipando que abordará el tema con mayor detalle en entrando el próximo año. "Pero de eso vamos a platicar en enero. Por lo pronto, felices fiestas", concluyó.
Terreno millonario en San Pedro
Esta no es la primera vez que el gobernador Samuel García se encuentra en el ojo del huracán por sus lujosas propiedades, en mayo de este año también se dio a conocer que el mandatario adquirió un predio en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, conocida como Mesa de la Corona.
El terreno, con un valor comercial estimado en más de 700 millones de pesos, se encuentra a nombre de la misma empresa donde el mandatario y su padre son socios.
García explicó que el terreno en cuestión no fue comprado, sino recibido como parte de un acuerdo de dación en pago. Según el mandatario, el terreno fue entregado a su padre, Samuel García Mascorro, como compensación por servicios legales prestados al grupo Gentor, una empresa de la familia Garza Calderón, desde 2005. El gobernador detalló que el grupo Gentor ha enfrentado auditorías y sanciones del SAT, acumulando créditos fiscales por más de 20,000 millones de pesos, y que su padre ha trabajado para resolver estas cuestiones.
El pago en especie, incluyendo terrenos y otros bienes, ha sido una práctica común debido a las dificultades financieras del grupo Gentor. En este caso, el terreno valorado en 300 millones de pesos fue entregado a la firma jurídica de su padre, lo cual Samuel García asegura que está debidamente documentado y respaldado por escrituras y registros legales.
Sumado a esta polémica, en marzo, se reveló que uno de los proveedores más beneficiados por el gobierno de García ha transferido al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico del Mandatario y su padre, generando sospechas sobre el origen de estos fondos y su relación con contratos gubernamentales.
Juicio político vs Samuel García
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en mayo pasado el juicio político que interpusieron los partidos de la oposición en el Congreso local en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, pero negó que esto implique que el emecista deba separarse del cargo, pues se requiere una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del estado para tal propósito.
En comunicado, la Corte dio a conocer que invalidó el artículo 203, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Nuevo León, donde dice: “el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo y”, en el cual se facultaba al Congreso local, en su calidad de órgano acusador, para separar de su encargo a un servidor público acusado en un juicio político.
La SCJN consideró que el ejercicio de dicha facultad implicaba realmente imponer una sanción, cuya aplicación es competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, como jurado de sentencia, al resolver en definitiva el juicio político.
Dentro del enfrentamiento que sostienen diputados del PRI y del PAN y el gobernador desde hace más de dos años, los legisladores opositores promovieron en contra del Ejecutivo el 31 de enero del año pasado el juicio político, luego de que Samuel García omitió el envío del paquete fiscal 2023, omisión que repitió respecto al presupuesto 2024.