La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a un Tribunal Colegiado analizar y resolver el amparo que solicitó el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, contra la prisión preventiva justificada que se le impuso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delito electoral que le fue impuesta en 2021.
Al analizar el recurso, la Primera Sala de la SCJN determinó que no se actualiza el requisito para asumir su competencia e interpretar el artículo 19 constitucional como lo solicitó el ex mandatario.
A propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la Sala coincidieron en mencionar que los argumentos se centraron en la revisión de la resolución del juez que impuso la medida cautelar y no en cuestionar la constitucionalidad de alguna norma o disposición.
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La resolución menciona que la medida cautelar se encontró justificada y necesaria porque Roberto Sandoval se ocultó al conocer que existían distintas órdenes de aprehensión en su contra. Además, no contaba con un arraigo y tenía las capacidades económicas suficientes para evadir la justicia.
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La Fiscalía de Nayarit tiene abiertas distintas carpetas de investigación en contra del exmandatario estatal por los delitos de enriquecimiento ilícito, por peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsificación de documentos.Según el Ministerio Público desvió recursos del Programa Social Seguro Alimentario (Prosa). También, según los expedientes, utilizó la estructura operativa de ese programa en beneficio de la candidatura de Manuel Humberto Cota Jiménez en 2017.
Sandoval Castañeda fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017. En febrero de 2019, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de haber recibido sobornos por parte de narcotraficantes y de haberse hecho de recursos de manera indebida, por lo que le prohibió la entrada a territorio estadounidense.
Según el gobierno de EU, el exgobernador participó en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el cártel Jalisco Nueva Generación; y tras ello el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lo declaró, a través de sus redes sociales, persona non grata para aquel país.
DJC