TUXTLA GUTIÉRREZ.- A petición de su familia, María de Lourdes Cervantes Álvarez regresó a su tierra natal, Juárez, Chiapas, hace como dos años y medio, debido a que por casi 15 años radicó en los Estados Unidos, donde había mejorado su calidad de vida. Sin embargo, nunca se imaginó que su futuro estaría tras las rejas por delitos que no cometió.
De acuerdo con una investigación efectuada por La Silla Rota, la madre de dos hijas se instaló de nueva cuenta en la colonia El Paraíso, Juárez, y casi de inmediato emprendió un negocio de abarrotes, pues logró hacer suficiente dinero durante su estancia en el país vecino.
Sin embargo, el año pasado decidió apoyar una causa justa: se unió a la lucha de cientos de personas que resultaron damnificadas por la tormenta tropical “Karl”, mismas que no habían sido ayudadas por el alcalde de su ciudad, Óscar Serra Cantoral, quien al parecer desvió el recurso para ese fin y prefirió entregárselo a sus allegados.
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De hecho, los afectados por las inundaciones no recibieron un dinero prometido para comprar lo que necesitaban para “amortiguar” el daño. Por ello, mantuvieron un bloqueo en las entradas a su localidad, por más de un mes, como medida de presión para que les dieran lo que les correspondía.
Según Margarita Cervantes, hermana de María de Lourdes (de 43 años de edad), “me pidieron a mí, en principio, apoyar a la gente damnificada, pero no me quise meter en asuntos de política, entonces mi hermana lo escuchó y dijo que ‘cómo no le iba a ayudar a la gente’, y empezó a gestionar ese recurso con el presidente municipal, quien le prometió que sí los ayudaría”.
LA TRAMPA
Relata que, en uno de esos encuentros, el alcalde le sugirió acudir a una reunión que se celebraría el 16 de diciembre de 2022 donde le pagaría a un grupo; no obstante, lamenta, le tendió una trampa. “Óscar Serra esperó que llegaran quienes tenían que llegar, y de pronto la Presidencia ya estaba rodeada de policías”.
De hecho, dice, un día antes de esa junta, el munícipe ordenó sacar cosas de la alcaldía, como computadoras. Lo más extraño, refiere, es que su hermana sólo presenció cómo el funcionario los engañó y les aseveró que no les pagaría, luego se levantó de su asiento y se retiró de la sala en la que estaban reunidos.
La molestia no se hizo esperar por parte de quienes buscaban aliviar un poco el “trago amargo” de las afectaciones por la tormenta “Karl”, lo que generó que elevaran los reclamos.
Según cuenta la abogada y hermana de María, un grupo de jóvenes se reunió a las afueras de Palacio Municipal y comenzó a agitar algunas patrullas como una forma de incitar a la violencia.
“No me consta, pero supimos que esa gente era infiltrada para generar esos desmanes y que culparan a las personas que fueron citadas por el alcalde para la entrega del recurso”, argumenta.
Lo peor de todo, agrega, es que Óscar Serra acusó a María de Lourdes y a otras personas de agresión física, por lo que su detención se registró a finales de enero de este año.
“Él dice que mi hermana lo agredió (a pesar de que estaba rodeado de elementos policiacos), después que ella ingresó a la Presidencia y, con un galón de gasolina, le prendió fuego a ese inmueble; además, dijo que ella permitió que otros sujetos armados entraran… todo fue una mentira”.
A pesar de ello, se evidenció que en ningún momento la alcaldía se incendió, como el munícipe lo informó. Lo que sí ocurrió, afirma, fue la quema de llantas, acción que, aclara, no afectó el inmueble público.
Entre otros detalles, lamenta que la Fiscalía General del Estado (FGE) argumentara que María (también encargada de un establecimiento de Liconsa en su misma colonia) sí agredió al primer edil, y que incluso, ese día, ella sostenía un machete y un palo.
Con base en un video se observa cómo la mujer permanece alejada de los desmanes e, incluso se sorprende al “no saber lo que ocurría”. De hecho, la abogada dice que el propio presidente pasó cerca de ella, la volteó a ver y se fue.
SALUD MERMADA
La tragedia para María de Lourdes no termina, pues durante su estancia en prisión, le detectaron unos ganglios en sus senos, lo que inclusive le ha causado un dolor intenso e incesante.
“Ante ello, le solicité a un juez el apoyo para que mi hermana recibiera atención, me costó, pero logré que entrara un especialista para que la revisara”, cuenta su hermana, quien asimismo comenta que, en ese chequeo, el médico también palpó una protuberancia “gelatinosa” en la parte del abdomen.
Tras efectuarle estudios, el galeno le advirtió que podría tratarse de un tumor, sin embargo, en la cárcel no le quieren brindar la atención que requiere, por lo que su salud está en riesgo.
Margarita advierte que ha buscado que le den el beneficio de arraigo domiciliario a María de Lourdes, sin embargo, un juez le negó esa petición.
Para la comerciante, el panorama es aún más complejo, debido a que quien era su esposo quebró el negocio que con mucho esfuerzo habían logrado, además de que ya tiene otra pareja. “Ya estaba acabando con sus pertenencias, mi hermana no está nada bien, pero todo es a consecuencia de una injusticia”, lamenta.
A principios de diciembre, la FGE informó, a través de un boletín de prensa, que la mujer recibió sentencia condenatoria por el delito de motín en agravio de la seguridad del Estado y del Ayuntamiento de Juárez, de los hechos ocurridos en 2022.
MUCHAS “TRABAS”
Al respecto, la entrevistada menciona que ahora el temor es que la “fuerza política influya demasiado en este caso”, para que se le den instrucciones al Juzgado y que no se lleve a efecto conforme a derecho. Prueba de ello, es que ha batallado con las audiencias.
Pese a que cuenta con pruebas suficientes y testigos que exonerarían a María de haber participado en cualquier delito, como el de motín, le preocupa que el mismo juez le advirtiera que no le daba valor probatorio a esos testimonios.
“La ley maneja ciertos delitos que pueden darse en prisión preventiva oficiosa, pero eso no le corresponde a mi hermana, y la mueven hasta Tapachula (prisión número 4 de mujeres); además, su detención fue ilegal, le robaron dinero los elementos de la FGE”.
De este caso, quien también está en prisión es Bernardino “N”, líder del movimiento de los damnificados, quien al parecer sí tenía un “problema directo” con el alcalde Óscar Serra.
“A él lo han acabado, porque ya no tiene dinero, vendió su casa para pagarle a abogados, pero no le han hecho ni una sola audiencia; yo, por lo menos, ya terminé el primer juicio y ya hay sentencia, pero a él nada; también hay otro muchacho, llamado Sergio, que ni siquiera tenía algo qué ver con el problema, y le inventaron delitos”.
Lo que sabe, puntualiza, es que existen otras 16 órdenes de aprehensión que, en cualquier momento, pueden ejecutarse en contra de los damnificados que participaron en las protestas.
Si María se regresó de los EU a Chiapas, deja en claro, fue para que apoyara a sus padres, quienes ya son ancianos, pues ella no tenía necesidad de volver.
“Ella ha sido una persona trabajadora, y sólo porque abogó por la gente para que le dieran su recurso, ahora está en prisión… eso no es justo, sólo quería ser la voz de la gente necesitada; incluso, se negó a recibir dinero de las autoridades para dejar de ayudar a las personas (en referencia a un posible soborno)”.
REPRESALIAS AL POR MAYOR
El temor sigue “de pie”. Aunque no tiene las pruebas, la declarante detalla que, días después de la detención de su hermana, una cabaña que tiene en su rancho, en la misma colonia El Paraíso, Juárez, se incendió y perdió todas las pertenencias, incluida la misma propiedad.
Según su relato, en esa casa vivía su trabajador, quien logró salir con vida. “Nadie se dio cuenta del incendio, ni siquiera los vecinos del rancho, cuando llega la Policía Municipal, y que querían apoyar. Mi trabajador les preguntó cómo sabían del incendio, si ni la dueña estaba enterada en ese momento, y ellos solo advirtieron que recibieron un reporte; ¡qué raro!”.
Para enero próximo, dice que tendrá que enfrentar otro juicio, el de atentado contra el Estado, cuya pena mínima es de nueve años en prisión, más daños y motín.
“El que me preocupa es el de atentado contra el Estado, donde la cusan que le prendió fuego a la Presidencia, pero puedo comprobar su inocencia, hay un video que así lo demuestra”.
No obstante, menciona que el testigo que también las apoyaría para el nuevo proceso ya recibió amenazas de muerte. “No fue como directo (de las autoridades), pero que era la mafia (en referencia al crimen organizado), para que le diera una cuota de 50 mil pesos, porque él tiene un consultorio y que se fuera de Juárez, pero, si le pide dinero, ¿por qué le exige que se vaya del pueblo?”
En entrevista, Patricia Aracil Santos, coordinadora de la Colectiva Cereza (organización que se ha dedicado a defender a mujeres víctimas de injusticia), asevera que en el caso de María de Lourdes hay, sin duda, una cuestión política de fondo, de corrupción y de injusticia.
“Lo que vemos es cómo se criminaliza y cómo se sanciona a una defensora de derechos humanos, que es la mediadora… ‘matar al mensajero’, ¿no?”, cuestiona.
En Chiapas, existen tres cárceles mixtas, es decir donde hay mujeres y hombres; sólo la de Tapachula es femenil. En la actualidad, sólo en dos prisiones hay cerca de 214 mujeres: alrededor de 60 están en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS 5), de San Cristóbal de Las Casas, y el resto en el CERSS 14 “El Amate”, en Cintalapa.
Con base en la revisión de los casos que ha hecho Colectiva Cereza, Patricia Aracil evidencia que sólo en el CERSS 5, el 80 por ciento de las reclusas son inocentes del delito por el que se les acusa, mientras que en el 90% de los casos se ejerció la detención arbitraria.
“El 70% de las mujeres en este reclusorio proviene de pueblos originarios, y hay un abuso contra las detenciones; por lo general ellas son pagadoras de los delitos que no han cometido; muchas inclusive son sobrevivientes de feminicidio, por ejemplo”.