La investigación sobre la presunta filtración de datos médicos relacionados con Kate Middleton ha concluido con la imposición de medidas disciplinarias a un ex trabajador de The London Clinic, tras confirmarse que accedió de forma indebida a información clínica altamente sensible.
De acuerdo con la resolución emitida por la Information Commissioner’s Office (ICO), el implicado consultó deliberadamente el historial médico de la princesa de Gales durante su ingreso hospitalario en enero de 2024 y posteriormente intentó ofrecer dichos datos a terceros a cambio de una contraprestación económica. La autoridad calificó estos hechos como una “grave ruptura de la confianza” en el ámbito sanitario, subrayando la especial responsabilidad que recae sobre el personal con acceso a información confidencial.
Contexto: los acontecimientos se remontan al 16 de enero de 2024, cuando la princesa fue ingresada en la clínica londinense para someterse a una cirugía abdominal programada. Al día siguiente, el Palacio de Kensington informó públicamente sobre la intervención y anticipó un periodo de recuperación prolongado, durante el cual la princesa permanecería alejada de la actividad institucional.
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Durante su estancia hospitalaria, que se extendió por 13 días, el estado de salud de la princesa generó una intensa atención mediática y un amplio volumen de especulaciones en redes sociales. Semanas más tarde, comenzaron a surgir indicios de un posible acceso no autorizado a su expediente médico, lo que activó una investigación interna y posteriormente la intervención del organismo regulador.
En paralelo, en el mismo centro médico también se encontraba ingresado el rey Carlos III, quien recibía tratamiento por una hiperplasia benigna de próstata. Posteriormente se confirmó que padecía un tipo de cáncer y que continúa bajo supervisión médica. Según las autoridades hospitalarias, no existió en ningún momento riesgo de exposición de sus datos clínicos, extremo que fue comunicado tanto al Palacio de Buckingham como al entorno institucional.
La investigación fue notificada dentro del plazo legal de 72 horas y se prolongó durante más de dos años debido a la complejidad del caso y a la relevancia pública de la persona afectada. Finalmente, la ICO determinó imponer una amonestación formal al exempleado, descartando sanciones económicas o acciones penales, al considerar que la respuesta adoptada era “la medida más adecuada y proporcional”. Asimismo, el análisis concluyó que no existieron fallos estructurales en los sistemas de seguridad de la clínica que justificaran medidas contra la institución, aunque el caso volvió a poner bajo escrutinio sus protocolos internos.
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Desde el propio centro hospitalario han defendido su actuación, asegurando que colaboraron plenamente con las autoridades y reiterando que se trató de un hecho excepcional. En ese sentido, la clínica ha señalado que “se trata de un episodio aislado” y ha reafirmado su compromiso con la confidencialidad de los pacientes.
La institución, que ha atendido históricamente a miembros de la familia real británica, así como a figuras políticas de alto perfil, ya había recibido observaciones en el pasado sobre ciertos aspectos de su gestión interna, aunque los informes previos también reconocían la adecuada protección de los historiales clínicos.
Tres días después de conocerse la posible vulneración de su privacidad, la princesa de Gales difundió un mensaje en video en el que informó que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Aunque contaba con la posibilidad de iniciar acciones legales por la filtración de sus datos médicos, fuentes cercanas señalaron que no tenía intención de presentar una demanda.
LCM
