XALAPA, VER.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que la Contraloría General del Estado presentó denuncias penales contra funcionarios de la Secretaría de Salud del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por diversas irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto del 2023, el antepenúltimo de la administración del primer gobernador morenista.
Nahle García refirió que las denuncias se sustentaron en las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que reportó el mal manejo de 219 millones 787 mil pesos en la Secretaría de Salud de Veracruz y este miércoles 7 de mayo agregó que su gobierno denunció a Jorge Sisniega, director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz.
La titular del Ejecutivo confirmó que en el periodo de solventación se logró justificar el manejo financiero de algunos recursos, no obstante, el gobierno del Estado tiene pendiente aclarar el gasto por el pago de nómina, la contratación de servicios, la compra de insumos y la asignación de contratos de obra pública en diversas dependencias.
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El estado recibió en 2023, por concepto de participaciones federales, 54 mil 503 millones de pesos; de ese total se auditó una muestra de 43 mil 460 millones de pesos que se usaron para diversos rubros.
Cuando la ASF revisó 62 expedientes técnicos unitarios de adquisiciones, arrendamientos y servicios por un monto de mil 116 millones 234 millones de pesos se hicieron observaciones, que se fueron solventando, sin embargo, al presentar el informe en el mes de febrero del 2025 se mencionó que el gobierno de Veracruz tiene pendiente de aclarar el manejo de poco más de 748 millones 974 mil pesos, relativos a 28 contratos, donde no se presentó documentación para justificar el gasto o los expedientes estaban incompletos.
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La ASF observó que sólo 18 contratos se contrataron bajo la modalidad de Licitación Pública (LP), 13 mediante Invitación Restringida (IR) a cuando menos tres participantes y 31 contratos por Adjudicación Directa, la mayoría corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando su titular era Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
A dicha dependencia se le observó al menos 24 contratos que fueron adjudicados de manera directa y validados por el ahora diputado federal suplente Ulises Rodríguez Landa, jefe administrativo de diciembre de 2018 hasta febrero del 2024, y uno hombre cercano al hoy diputado federal, Eleazar Guerrero Pérez, ex subsecretario de Finanzas y primo del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.
En el paquete de convenios que se revisaron se observó la contratación de servicios de alimentación para policías e internos de los penales de Veracruz, la compra de patrullas para la SSP y la contratación de servicios para el mantenimiento de los vehículos de la dependencia estatal.
La Silla Rota presenta las observaciones al manejo de la SSP en el ejercicio 2023:
Empresa de reciente creación recibe 1 de 3 contratos por alimentos
En el caso del contrato SSP-UA-001-23, que fue observado, detalla que la dependencia estatal contrató a Comercializadora Sustentable y Ambiental SA de CV, que representa Alfred Esteban Ortiz Sánchez, para la contratación de la prestación de servicios del suministro de productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación de cadetes, personal operativo de las áreas que conforman la SSP y personas privadas de su libertad.
La adjudicación directa, que validó Ulises Rodríguez Landa, reporta que el monto del pago del contrato podía variar desde un millón hasta los 70 millones de pesos. La empresa se creó en noviembre del 2022, tiene como domicilio fiscal la ciudad de Xalapa, en la zona residencial Lomas del Tejar. A solo dos meses de su creación recibió un contrato millonario.
Constructora cambia de objeto social y dota de alimentos a la SSP
Como parte de las observaciones que hizo la ASF a la SSP está el contrato SSP-UA-003-23 para garantizar el suministro de productos alimenticios para cadetes, personal operativo de las áreas de la SSP y personas privadas de su libertad.
El contrato abierto que se entregó a Administradora de Empresas del Golfo, SA de CV detallaba que el monto del pago podría variar desde un millón hasta los 280 millones de pesos.
La empresa que representa Guadalupe Reyes Montero cambió de razón social en abril 2020, ya en el gobierno de Cuitláhuac García, cuando el objeto social fue para realizar el procesamiento, preparación y distribución de comida; antes fue Constructora Reyes Gutiérrez, con domicilio fiscal en Emiliano Zapata, en el fraccionamiento Jacarandas.
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Fordegor, también gana contrato para comida
Respecto del contrato, SSP-UA-004-23, el tercero para alimentos, agua y utensilios para personas policías y personas privadas se otorgó a la empresa Fordegor, S. de R.L. de C.V., representada por María del Carmen Moreno Fernández
El contrato para la compra de alimentos se entregó a una empresa que tiene como domicilio fiscal el municipio de Medellín de Bravo, en una bodega al interior de la ciudad industrial Bruno Pagliai. El monto de pago del acuerdo iba de un millón hasta 180 millones de pesos.
La observación que emitió la ASF fue que los tres contratos destinados a la compra de alimentos no contaron con la investigación de mercado ni con las cotizaciones de los contratos y no cumplieron con los montos máximos y mínimos de adjudicación directa.
En 2023 se destinaron 352 millones para alimentos a policías y reclusos de penales
La SSP dispuso de un presupuesto de 352 millones 918 mil pesos para invertir en alimentos para policías e internos en los penales. De ese total, se podían destinar como máximo 198 millones 972 mil pesos a productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de Seguridad Pública como en la Academia de policía y cocinas móviles.
Otros 129 millones 458 pesos se destinarían a productos alimenticios para internos de los penales; 8 millones 901 pesos para suministro de agua purificada; ? 15 millones 585 mil pesos para el pago de utensilios para servicio de alimentación.
Cuitláhuac gastó 50 millones de pesos en 50 patrullas
El contrato SSP-UA-011-23, se entregó a la empresa Ibero Azteca 2000, S.A. de C.V. representada por Fernando Villegas García, por 63 millones de pesos. El acuerdo fue relativo a la expedición de licencias del transporte público, fue observado por la autoridad fiscalizadora.
Otro acuerdo que observó la ASF fue el contrato: SSP-UA-034-23, por el que se pagó 50 millones de pesos a la empresa 399 Project Development, S.A. de C.V., representado por Jesús Ricardo Cordero de Ávila, con domicilio fiscal en San Luis Potosí.
La firma entregó 50 patrullas blindadas a la SSP, cada unidad costó un millón de pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Observan contratos para reparación de patrullas
La ASF observó un paquete de 17 contratos para la reparación y mantenimientos de unidades de la SSP. La dependencia dispuso de 118 millones 369 mil pesos para esas acciones.
El monto se presupuestó para gastar de la siguiente manera: 72 millones 231 mil pesos para refacciones, accesorios y herramientas; 25 millones 500 mil pesos para neumáticos y cámaras; 17 millones 603 mil pesos para la conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de Seguridad Pública y 3 millones 301 mil pesos, para conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos.
Para eso se firmaron una decena de contratos, el primero fue el SSP-UA-009-23, se otorgó a la empresa Cortes Performance, S.A. de C.V. que debía brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo; así como la adquisición e instalación de neumáticos para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa.
El contrato SSP-UA-010- 23, se entregó a Elsy Astrid Cervantes Espinosa, en su carácter de propietaria de un taller con domicilio fiscal en Xalapa; el SSP-UA-016-23 se dio a Juan Carlos Mauricio Silos Basurto de Orizaba; el SSP-UA-017-23 se entregó a Combustibles Finos, representado por Josué Roberto Hernández Padilla en Coatepec.
El contrato: SSP-UA-018-23, lo firmó la SSP con César Mauricio Domínguez Hernández en Veracruz Puerto; el acuerdo SSP-UA019-23 fue firmado por Calixto Orlando Castillo Huerta con domicilio fiscal en Xalapa.
También se observó el contrato con Francisco Reyes Noguera, registrado como el: SSP-UA-020-23; el acuerdo SSP-UA-021-23 se entregó a Carlos Enrique Pérez Oliva, representante de Negocios Poliva, S.A. de C.V; el contrato: SSP-UA-022-23 se entregó a Miriam Baños Reyes, los últimos dos contratos para prestar servicios en Xalapa.
El acuerdo: SSP-UA-024-23 se asignó a la empresa Distribuciones Ry J, S.A. de C.V., representada por Juan Carlos García Vázquez; el convenio: SSP-UA-025-23 se entregó a Carolina Cruz Rosas; y el SSP-UA-026-23 lo firmó Carlos Aguilar Morales, todos con domicilio fiscal en Xalapa.
Por su parte, el acuerdo SSP-UA-027-23 lo firmó Julio César Pérez Jiménez con representantes de la dependencia estatal; el SSP-UA-029-23, se entregó a Joaquín Manuel Jiménez Pérez Tejada; el SSP-UA-030-23 se asignó a PM Mantenimiento Inteligente, S.A. de C.V., representada por Carlos Gutiérrez Madrigal que brinda el servicio en Coatzacoalcos.
El contrato SSP-UA-031-23 fue firmado con Alejandro Rafael Cuspinera Perea que también tiene su taller en Xalapa; el acuerdo SSP-UA-039-23, lo signó Janeth Patricia Alejo Morales. También se observó los contratos SSP-UA-045-23 y SSP-UA-046-23 por que no proporcionaron el dictamen de adjudicación, pero no se encontraron en los archivos de SSP.
La ASF pidió a la Contraloría General del Estado de Veracruz o los órganos internos de control iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las presuntas irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión, de 32 contratos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Cultura, los Servicios de Salud, la Comisión del Agua, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
También observó que la SSP asignó el 100% mediante adjudicación directa los contratos, por lo que no se aseguró al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
ch