XALAPA, VER. - Carolina Ramírez Suárez sobrevivió a un ataque de su expareja en 2014. Sus habilidades y la capacitación que brindaba a mujeres que eran víctimas de violencia, le permitieron sobrevivir a la tentativa de feminicidio y al sistema de impartición de justicia de México.
Su exmarido, que fue encarcelado y murió en prisión, planeó durante 33 años el ataque que puso en riesgo su vida y dejó secuelas en su movilidad, que le han llevado a cuatro operaciones de cadera; además, terapias y trabajo para recuperar su vida, su confianza y reconstruirse.
La mujer, con 62 años, creó una red de apoyo en 2018, que se conforma por 60 sobrevivientes de feminicidio de Veracruz y otras entidades de la república, al ser la única organización en México, que fomenta el apoyo entre sobrevivientes de feminicidio y delitos de violencia familiar. El 99 por ciento de los casos que dan seguimiento, puntualiza, están en la impunidad.
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Carolina cuenta que en su caso los jueces le variaron en cinco ocasiones el delito de tentativa de feminicidio por violencia familiar e intento de homicidio, lo que implicaba reducir la sanción a su agresor. Lo sentenciaron a 8 años de prisión y le impusieron el pago de 15 mil pesos por reparación del daño, “que ni siquiera me pagaron”.
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Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), del año 2017 a 2023 se contabilizaban 21 carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con los informes se identificó a 21 presuntos responsables del delito, de los cuales 20 son hombres y una mujer.
Los municipios con mayor incidencia reportados por la FGE son Actopan, Amatlán de los Reyes, Banderilla, Chicontepec, Chocamán, El Higo, Misantla, Papantla, Tlalixcoyan, Tantoyuca, Tuxtilla y Veracruz. Se han logrado sentencias que van desde los 10, 25 y hasta 40 años de prisión contra quien intentó asesinar a mujeres, por su condición de género.
La historia de resiliencia y la creación de una red para sobrevivientes
Carolina junto a un grupo de mujeres se manifestaron en la Plaza Lerdo este lunes 29 de julio, para exigir a los poderes públicos que se legisle para sancionar la violencia vicaria, que padecen madres e hijos que son sustraídos por sus padres; y que cobre vigencia la Ley de Adultas Mayores en Veracruz.
La activista platicó que como sobreviviente de feminicidio ha vivido un proceso muy intenso para mantenerse y sobreponerse, no solo del ataque físico y las secuelas en su salud, sino también al sistema de impartición de justicia. “Somos víctimas de tortura institucional y de impunidad institucional.
“Necesitamos que volteen a ver a las sobrevivientes, que escuchen nuestro testimonio, si es que se quiere erradicar la violencia feminicida y bajar los índices de feminicidios. Cuando se presentan a las autoridades empieza la revictimización, empiezan a patearte de una institución a otra, y se empieza a dudar de tu dicho, es toda una carrera de obstáculos para que una pueda acceder a la justicia”.
Explicó que en su caso el proceso legal fue largo, en 5 ocasiones le variaron el delito de tentativa de feminicidio, a pesar de que su agresor fue detenido en flagrancia, se le varió a lesiones, violencia familiar y tentativa de homicidio, por lo que logró una “justicia a medias”, su atacante fue sentenciado a 8 años de cárcel.
El largo proceso que llevó la impulsó a crear una red para apoyar a mujeres que sufren o padecieron violencia y lograron sobrevivir a los ataques, fue en 2018 cuando se conformaron como AC; sin embargo, ya llevaban años brindando apoyo a mujeres a larga distancia.
“Algunas se han tenido que exiliar a Estados Unidos o en España, las estamos monitoreando desde lejos. Otras viven en la Ciudad de México, Hidalgo, Yucatán, Monterrey, Chihuahua, y San Luis Potosí, así como al interior de Veracruz como Coatzacoalcos y Córdoba”.
Como parte del proceso de reconstrucción, se ha enfocado en el arte terapia, pintan, bordan o realizan manualidades, lo que permite a las mujeres recuperar su confianza, sus habilidades, su seguridad y paz emocional, “porque las secuelas permanecen por años”.
La activista planteó que el hecho de que muchos casos sigan en la impunidad fomenta que más hombres crean que pueden atacar a mujeres y que no pasará nada, “y eso hace que sigan ejerciendo violencia contra nuestros cuerpos y nuestras infancias”.
Además, como adultas mayores, no se tiene acceso al trabajo, a la seguridad social, las ciudades no están diseñadas para personas con discapacidad, “se van sumando una serie de discriminaciones que, en suma, limitan los derechos de las mujeres”.
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La mujer se convirtió al activismo luego de padecer violencia familiar. En un momento vulnerable de su vida, cuando sufrió un evento cerebral, la privó de su libertad, la secuestró y torturó, “había sido mi pareja y esperó por más de 33 años. Lo que quiere decir que la violencia y la agresividad se va haciendo más grande (con el paso del tiempo)”.
“Toda esta experiencia, yo lo que hago, es aprovecharla y trasladarla a otras personas, a otras mujeres, a sus familias. Y ahorita lo que estamos haciendo es una juntanza de distintas violencias, porque juntas vamos a ser más fuertes”.
Proponen iniciativa de ley para sancionar la tentativa de feminicidio
Carolina explicó que ellas presentaron una iniciativa para sancionar con mayor severidad la tentativa de feminicidio, como parte del delito, porque las fiscalías y juzgadores lo varían a delitos de índole familiar.
“No lo adaptan, ni lo adoptan, porque es más fácil ir con los delitos que ya se conocen. Los juzgadores, después de que logramos que la Fiscalía nos haga caso, varían y cambian el tipo penal y no creen en nuestro dicho”.
También se pide que la reparación integral del daño incluya las lesiones, las pérdidas que padecen no solo la mujer, sino sus hijos e hijas, para dar un monto que permita tener acceso a una vida digna. Además, de prevenir y erradicar la violencia, porque no hay protocolos de cómo actuar para salvaguardar a las mujeres.
En el caso de la Colectiva tiene datos alarmantes, pues 99 por ciento de los casos los intentos de feminicidio siguen impunes, y cuando se ha judicializado las carpetas de investigación el Poder Judicial pide reponer el proceso, negando acceso a la justicia.
Las sobrevivientes, dice, son casos excepcionales, pese a la intencionalidad de quererse quitar la vida, ya sea por circunstancias ajenas al agresor, o por la intervención de otras personas no murieron.
Por lo que es necesario que se implementen políticas públicas para garantizar ingreso, vivienda, pensión, atención médica y psicológica para lograr la reconstrucción de las mujeres y su integración social.
Carolina puso a disposición sus redes sociales Facebook, X e Instagram, donde las pueden contactar para brindar acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, ya sea para que las canalicen o se integren a la colectiva.
Ellas reciben apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública, de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH), y Colectivas de Abogadas, que les brinda asesoría jurídica a las víctimas de violencia. Además, logran obtener fondos de organizaciones internacionales para apoyar a mujeres víctimas de violencia.
Cuitláhuac presume que feminicidios van a la baja
El 23 de julio, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó que con la llegada de Verónica Hernández Giadáns se redujo en un 55 por ciento los casos de feminicidio. Además, se han judicializado y se ha incrementado el número de personas sancionadas por el delito.
Se emitió un comunicado en el que se publicó que en 2018 ocurrieron 101 feminicidios, mientras que en 2023 fueron 45 las mujeres que fueron asesinadas por su condición de género, lo que indica una disminución del 55.45 por ciento. De enero a junio del 2024, la cifra es de 27 feminicidios.
Entre diciembre de 2016 y agosto de 2019, cuando la titularidad del organismo procurador de justicia era ocupada por Jorge Winckler, tuvieron lugar 281 feminicidios; sin embargo, únicamente existieron 88 carpetas turnadas al juez de control, 54 aprehensiones y 24 sentencias emitidas.
Durante los cuatro años y 10 meses en que ha estado al frente Verónica Hernández Giadáns, dice el comunicado, suman 301 carpetas de investigación, de esos se han judicializado 261 expedientes; se han dado 242 aprehensiones y 102 resoluciones.
“A partir de 2019 el número de víctimas se redujo un 55 por ciento, mientras incrementaron 164% las capturas a los agresores, 61 la apertura de carpetas, 168 las vinculaciones a proceso y 457 las condenas dictadas, con corte al 30 de junio del presente” dice el comunicado.
Veracruz, difundió el gobierno, ocupa el décimo sexto lugar nacional en el índice de feminicidios por cada 100 mil mujeres, luego de haber recibido la FGE en el séptimo en 2019 y teniendo su punto más crítico en 2017 que la entidad cayó hasta el cuarto sitio.
¿Cómo se sanciona el feminicidio en Veracruz?
El artículo 367 Bis del código penal, define que comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.
Si existe o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. O si a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o éste sea mutilado
Si han existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; si el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o la víctima haya sido incomunicada.
Según la ley, se sanciona con penas de 40 y hasta 70 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer, por su condición de género. El código penal establece que existe tentativa cuando, con el propósito de cometer un delito, se inicia su ejecución mediante actos u omisiones idóneos y no se consuma por causas independientes a la voluntad del agente.
mb