XALAPA, VER.- Con la llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, como presidenta del Poder Judicial de Veracruz (PJEV) en diciembre del 2022, jueces a su cargo han liberado 3 órdenes de aprehensión contra sus compañeros juzgadores y personal adscrito a los distritos judiciales. Los funcionarios han sido señalados de delitos de corrupción.
El lunes 5 de junio del 2023, se dio la detención de Angélica Sánchez Hernández, jueza del distrito de Huatusco, que para el miércoles 7 de junio del 2023 recuperó su libertad. En su caso no se liberó orden de aprehensión; sin embargo, abogados alertaron con esto, de los riesgos para quienes aplican la ley.
A la juzgadora, con 25 años de trabajo en el Poder Judicial del Estado, no se le presentó ante un homólogo en juzgado de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, a pesar de que se le trasladó al lugar.
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La familia de Sánchez Hernández comunicó que le querían imputar el delito contra la seguridad pública, que amerita prisión preventiva y que se sanciona con 7 y hasta 15 años de prisión, pero la FGE no obtuvo los elementos de prueba para acreditar el delito.
Antes de ella, se dio la detención de Florencio N, juez de Control de Pacho Viejo; de Andrés “N”, auxiliar del juzgado en Papantla; y hay orden de aprehensión contra el juez Rubén Reyes Rodríguez, también del distrito judicial ubicado al norte del Estado.
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El abogado Celestino Espinoza Rivera recuerda que los jueces de los Estados, en una primera instancia, son responsables de ejercer el control constitucional, que permite verificar que quienes ejercer el poder respetan lo establecido en la Constitución y, cuando se quebrantan los principios de la carta magna, tienen la facultad de anularlos los actos.
El experto en derecho confirma que en si bien es sano se promueva el combate a la corrupción, pues es un fenómeno que persiste en el Poder Judicial, se debe revisar en todos los niveles y debe abarcar a todos los trabajadores judiciales, pues de lo contrario, se genera la percepción de que existe un combate selectivo o que sólo alcanza a unos cuantos.
Espinoza Rivera reconoce que es con la llegada de Lisbeth Aurelia, como presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, cuando se empezaron a liberar órdenes de aprehensión contra otros integrantes del Poder Judicial de Veracruz, generando, además, el estigma de que existe una red de corrupción en este nivel, cuando hay funcionarios que, con pocos recursos, trabajan para procurar justicia.
Datos que son públicos en el área transparencia del Poder Judicial del Estado, reportan que de 2018 a 2022 el Consejo de la Judicatura, órgano responsable de investigar y sancionar a jueces, inició 37 expedientes, de los cuales en 16 casos se emitió alguna sanción. La más grave fue la inhabilitación por 5 años contra la magistrada Sofía Martínez Huerta, el 16 de abril del 2021.
En el 2022, la entonces presidenta Isabel Romero Cruz, informó que había separado a 10 jueces; sin embargo, de acuerdo con los datos de las sanciones del Poder Judicial, solo está firme el caso de la secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Pánuco, Veracruz, Miriam Guzmán Ortiz a quien se le apercibió de manera privada.
Las detenciones:
1.- Este 5 de junio se detuvo a la jueza Angélica Sánchez Hernández en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Lomas Verdes, a unos metros de la casa de su hijo. La trabajadora judicial fue citara por el Consejo de la Judicatura para explicar por qué liberó a Itiel N, alias el Compa Playa, un objetivo del gobierno del estado.
La jueza, según lo declarado, iba en su vehículo cuándo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le marcaron el alto, le colocaron una capucha y la subieron a una patrulla de la SSP, para trasladarla al cuartel de San José.
La jueza fue citada el domingo 9 de junio por el secretario del Consejo de la Judicatura, Víctor Pliego López, para explicar por qué ordenó la liberación de Itiel “N”, quien permanecía en el penal federal de Ramos Arizpe, Coahuila, tras ganar un amparo federal.
Al presunto delincuente, que fue reaprehendido cuando salía del penal federal, se la acusa del asesinato de dos personas. El amparo de revisión 92/2023 del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Séptimo circuito revela que murieron los testigos de la Fiscalía y no había nadie más que sostuviera la imputación en su contra.
“Lo anterior, en virtud de que, en el caso que nos ocupa, se ha establecido que tanto el policía ministerial que signó el oficio, como la persona entrevistada, cuya identidad se encuentra resguardada, han fallecido, y conforme a los hechos y a los datos de prueba expresados por la Fiscalía no se advierte que ésta hubiera buscado obtener directamente la deposición de cualquier otro de los asistentes al evento público en el que existieron los hechos sujetos a investigación, los cuales, según se refieren, se llevaron a cabo en las instalaciones donde se celebraba un palenque” dice el amparo.
2.- A Florencio “N”, juez de control en Coatzacoalcos, se le detuvo en las inmediaciones del Poder Judicial el 23 de marzo, luego de que salió de una reunión con integrantes del Consejo de la Judicatura.
Al juez se le citó, como ocurrió con Sánchez Hernández, en las instalaciones de Xalapa, y cuando abandonaba el edificio, le fue notificada una orden de aprehensión de parte de policías ministeriales que lo subieron a una camioneta.
Florencio “N” fue imputado como presunto responsable del delito de cohecho y un juez le dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por el término de 2 años, dentro del proceso penal 116/2023. Antes, el Consejo de la Judicatura le había notificado que estaba suspendido por un año.
Al trabajador del Poder Judicial se le acusó de recibir dinero para beneficiar a presuntos delincuentes fue trasladado al penal federal número 15, ubicado en el Estado de Chiapas, a pesar de que él había obtenido un amparo para quedarse en el Penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde fue recluido de manera inicial.
3.- Otra detención se reportó el 24 de febrero del 2023. En esa ocasión se dio la detención de Andrés “N”, quien se desempeñaba como auxiliar de sala en el distrito judicial de Papantla.
El extrabajador del Poder Judicial fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, cohecho y evasión de presos. El juez de control impuso, como medida cautelar, prisión preventiva justificada; fue recluido en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.
En este caso también está involucrado el juez local, Rubén Reyes Rodríguez, excandidato a la alcaldía de Texistepec, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es acusado de liberar a presuntos integrantes de una banda de secuestradores ligados con Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H”.
Otros que están en la lista negra
El 24 de mayo se informó que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz abrió una carpeta de investigación contra la jueza de control, Mónica Segovia Jácome, quien es investigada por liberar a un hombre acusado de retención de menores y sobreseer su caso.
Gloria Martínez Mortera denunció que la Jueza de Control del Distrito Judicial de Coatepec, benefició a su exesposo, Michel Alejandro “N”, en dos ocasiones. Primero, variando la medida cautelar de prisión preventiva justificada a firma periódica y, posteriormente, sobreseyendo el proceso penal 80/2022.
Trabajadores del Poder Judicial sancionados
Información en el Portal de Transparencia del Poder Judicial detalla que el Consejo de la Judicatura del TSJE sancionó a Miriam Guzmán Ortiz, secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Panuco. Fue apercibida de manera privada.
Del 2018 al 2022, se habían abierto 37 expedientes por igual número de quejas contra juzgadores. En el listado la sanción más severa fue la inhabilitación de la magistrada Sofia Martínez Huerta, quien fue destituida y quien no podía desempeñar ningún cargo por un periodo de 5 años.
El abogado Celestino Espinoza Rivera considera que es preocupante que desde el Poder Ejecutivo Federal existe una instrucción de atacar a las instituciones con el discurso de la corrupción, lo que genera la percepción que el Poder Judicial no está funcionando, “es un tema político que debe preocupar”.
El experto plantea que, jurídicamente, todos los trabajadores judiciales están sujetos a escrutinio público, a rendir cuentas, cumplir con la ley y no siempre se hace, pero eso no implica que se tenga que estigmatizar la figura del juez.
“Los jueces deben contar con autonomía en su decisión, esa autonomía muchas veces se utiliza para justificar malas decisiones, pero, también se utiliza para justificar, en el discurso, que no hay intervención de los poderes y de los órganos administrativos del Poder Judicial en las decisiones de los jueces, se termina utilizando a conveniencia”, platica con La Silla Rota.
De acuerdo con su experiencia laboral, afirma que en juzgados se pierden pruebas o un expediente, se dan largas para no atender un amparo o ejecutar una sentencia en la que se demostró que una persona debe recuperar algo.
Sin embargo, destaca, en lo político esa autonomía no se aplica. “Se ha visto, de un tiempo para acá, que se le busca echar la culpa de todo a los jueces, y no hay que perder de vista que son ellos los que tiene la capacidad de poner freno al Poder Ejecutivo, a las autoridades administrativas, y a los policías”.
La división de poder existe para que no haya la concentración de la toma de decisiones en una sola persona y que el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial tengan un área de injerencia, con la idea de generar contrapesos y que no exista una figura todopoderosa.
“Los jueces son necesarios, aunque en lo político le quieran dar el matiz que se está frenando el desarrollo, porque no es así; simplemente se pide que se respeten las leyes que ya están promulgadas (…) esa es su función”.
El abogado reiteró que muchos trabajadores judiciales hacen un gran esfuerzo por impartir justicia a pesar de los limitados recursos materiales para garantizarla.
mb