XALAPA, VER.- Este lunes 5 de junio, una detención puso bajo la lupa el trabajo de la Fiscalía General de Veracruz, del Poder Judicial del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. Al principio, parecía, se trató del anuncio del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, sobre la captura de la jueza local, Angélica Sánchez Hernández, a quien acusó de liberar de “manera sospechosa” a Itiel N, alias “El Compa Playa”, objetivo prioritario en su gobierno. Luego vinieron las contradicciones.
Familiares de la jueza negaron que fue detenida por temas de corrupción, como sostuvo el gobernador, y acusaron que en realidad fue objeto de una detención ilegal y que terminaría siendo imputada por delitos contra la seguridad pública, bajo la teoría de que disparó contra policías estatales y que en su camioneta transportaba droga.
A la par, su abogado, Carmelo Reyes Gallardo, dijo en entrevistas que la liberación de Itiel N, alias “El Compa Playa, la otorgó la togada a consecuencia de un amparo que otorgó un juez federal, quien valoró que había deficiencias y escasos datos de prueba en la carpeta de investigación que integró y presentó la Fiscalía General del Estado.
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Desde el mes de octubre del 2022, el gobernador Cuitláhuac García emprendió una campaña mediática contra jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quienes se ha referido como “corruptos”, replicando el mismo modelo presidencial. En conferencias de prensa ha difundido los nombres de los juzgadores y justificó la aparición de féretros y cruces en la marcha del 20 de mayo en las inmediaciones de la SCJN.
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Este mismo lunes 6 de junio del 2023, dijo a los medios de comunicación que la jueza Angelica Sánchez había sido detenida por mantener comunicación con el abogado de El Compa Playa, lo que resultaba “sospechoso”. Al no ofrecer más indicios, esa sola afirmación podría ser constitutiva de delito, opinaron especialistas en derecho consultados por La Silla Rota Veracruz.
Abogados como Felipe de Jesús Fernández Basilio, Jorge Reyes Peralta y Gabriel Andrés Campoli coincidieron en señalar que antes de que se critique a los jueces o se les califique de corruptos -al otorgar amparos a personas detenidas-, se debería revisar el trabajo que se hace desde la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns.
La percepción de los entrevistados es que la FGE inicia carpetas por “consigna” y algunos jueces locales son presionados para “vincular a proceso” a los detenidos, sin contar con pruebas suficientes del delito que se les imputa.
Por eso, cuando el tema escala a nivel federal se otorgan amparos, incluso, a quienes pudieran ser responsables de un ilícito, por los errores y omisiones que se dan desde la Fiscalía local o de la Secretaría de Seguridad Pública. En Veracruz, opinaron los abogados, no hay división de poderes, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial están subordinados al Ejecutivo, desde donde se ordena “fabricar delincuentes”.
Poder Judicial de Veracruz está subordinado al Ejecutivo
El abogado Felipe de Jesús Fernández Basilio recuerda que desde el Poder Ejecutivo Federal existe una “cruzada fuerte” contra el Poder Judicial, responsabilizando de que liberan a presuntos delincuentes, sin analizar el trabajo que se hace antes de que se otorgue un amparo.
“El error no está en los jueces, ahí el problema es en las Fiscalía, no se integran las investigaciones correspondientes y si les llegan con las manos vacías, pues el juez los tiene que liberar. Muchas veces los jueces del Estado son presionados; todos sabemos que existe una subordinación completa del Poder Judicial al gobierno y aunque no hay investigaciones sólidas, se vincula a proceso e imponen prisión preventiva”.
El entrevistado observó que en Veracruz se abusa de la prisión preventiva, pues hay delitos que no ameritan que los acusados estén en la cárcel, sin embargo, los jueces los vinculan en tanto se continúa con la investigación ministerial o hasta por uno o dos años.
El abogado planteó que las irregularidades han quedado expuestas en diversos casos mediáticos, algunos de ellos por consigna política, pues son a los que se les da cauce y se presentan ante un juez; el resto de las personas, delincuentes comunes o personas inocentes, permanecen en las cárceles sin ser juzgados y sin una sentencia por la omisión de los encargados de impartir y procurar justicia.
“La Fiscalía es un desastre. El problema histórico de México es que hay una ausencia de la carrera policial, no hay investigaciones completas, no hay perfiles para investigar (…) por otro lado, el peso de las investigaciones descansa en los Fiscales, que son abogados, y que en lo ideal serían los que solo analicen la información que recaban los policías ministeriales, pero, tienen cientos de carpetas”.
El gobierno debería crear un instituto policial para formar policías preventivos, investigadores, y ministeriales, “en lugar de cometer delitos y llevar féretros a la Ciudad de México”.
El abogado lamentó la falta de independencia del Poder Judicial pues los magistrados han participado en mítines políticos, incluso, difundiendo acciones del actual gobierno o colocando como figura central al secretario de Gobierno, Eric Cisneros en eventos en los que debe encabezar la magistrada presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
En Veracruz se fabrican delincuentes: Reyes Peralta
El abogado penalista Jorge Reyes Peralta planteó que desde la FGE y con el apoyo de jueces locales, se fabrican delincuentes y se le vincula a proceso, obligando a estar en cárceles del Estado, sin pruebas de los delitos.
La Fiscalía, dijo el abogado con 48 años de litigar, se usa de manera facciosa, para encarcelar a los enemigos del gobierno, por lo que las carpetas de investigación que integran no cumplen con la función de sustentar una detención, y las judicializan con los elementos mínimos.
Reyes Peralta reiteró la teoría de que a los jueces de Veracruz “les dan instrucciones” para consignar e imponer medidas cautelares, como la prisión preventiva justificada, sin entrar al debate de las pruebas.
Es por lo que los abogados de las personas detenidas optan por promover amparos ante jueces federales, que los otorgan ante la falta de elementos de prueba y la deficiente carpeta de investigación, detenciones ilegales, asi como la “perversa” resolución de los jueces de control.
“Se les vincula y los tiene encarcelados, y lo más grave, cuando ese asunto se les cae, porque mandato de los jueces y magistrados, que les dicen pronunciarse inmediata libertad, saliendo (la persona detenida) les fabrican otro delito y los vuelven a detener”, platica con este medio.
El experto en derecho dice que cuando un juez federal actúa de acuerdo a sus facultades y advierte las anomalías en la integración de las investigaciones, otorga un amparo, en consecuencia, se vuelve “adversario político” del gobierno que lo denosta y ataca no sólo a nivel local, sino desde la Presidencia.
“Hay algo que no han advertido, el día que estos señores, que hoy son verdugos, les cambiara el destino político o fueran perseguidos por los que los sigan en el cargo van a recurrir al mismo Poder Judicial de la Federación, y el día que acudan a buscar la protección de la justicia federal, va a ver usted que ya no son ni malos, ni bandidos, ni pillos, ni corruptos. Estamos en un grave problema”.
Jueces federales liberan a uno de cada 100 personas vinculadas a proceso; Conamex
Gabriel Andrés Campoli, abogado integrante de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Abogados (Conamex), opina que no es cierto que los jueces locales o federales liberen a todo mundo.
El 97 por ciento de las personas son vinculadas a proceso, ya sea de manera justificada y oficiosa, sin tener elementos de prueba de su responsabilidad en la comisión de un delito.
Cuando las vinculaciones no tienen los elementos suficientes, los jueces federales optan por entregar los amparos. La Fiscalía incumple con la carga de la prueba, es por lo que cuando el tema llega a nivel federal, se cae.
“Los jueces locales normalmente validan el actuar del Ministerio Público, y el problema que hay es que los jueces federales son, de alguna forma, más imparciales y dicen que no hay elementos para vincular a proceso”.
El entrevistado atribuye el actuar de algunos jueces a la queja recurrente de que en el Poder Judicial liberan a todo mundo, es por lo que, cuando la Fiscalía les lleva las carpetas vinculan a proceso a los presuntos delincuentes, sin analizar cada una de las pruebas que se presentan.
“Eso de que los jueces liberan a todo mundo no es real. De cada 100, con suerte, liberan a uno en vinculación a proceso. Y además, hay muchos casos, en los cuales aun con la vinculación a proceso, las personas tienen derecho a seguir su proceso en libertad”.
Si a todas las personas las ponemos en prisión o prisión preventiva oficiosa se les está considerando culpables y eso es contra el principio de presunción de inocencia, entonces, plantea el abogado, se ataca al pueblo que se dice defender.
Para resolver las deficiencias de la Fiscalía, considera, se necesita personal, porque cada Fiscal integra de 600 a 800 carpetas, y se sobrecarga el sistema, incluso, los mismos jueces termina por no tener tiempo para atender audiencias, lo que prolonga el análisis de los casos y la gente pasa dos o tres años en la cárcel, de manera injusta.
Veracruz, campeón en injusticia penal: World Justice Project
World Justice Project es una asociación que desde el 2018 emite el Índice de Estado de Derecho del país, que permite identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México. Veracruz es de los peor calificados.
La organización basa el índice en investigación, recolección, análisis de datos, y el establecimiento de una red activa y global de conocimiento. El índice analiza ocho indicadores que son: los límites al poder gubernamental; la ausencia de corrupción; gobierno abierto, derechos fundamentales; orden y seguridad, cumplimiento regulatorio; justicia civil; y justicia penal.
En la valoración de los indicadores Veracruz está en el último lugar de las 32 entidades federativas en: derechos fundamentales; en materia de derechos humanos, y en justicia civil; y en el caso de materia de justicia penal está en antepenúltimo lugar, ocupa la posición 30 de 32 lugares.
El índice detalla que en algunos estados bajaron en el ranking, entre ellos Veracruz, pues persiste un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales, al quedar subordinados los poderes Legislativo y el Judicial; persiste un deterioro en los sistemas de justicia penal, a cargo de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, y faltan avances en materia anticorrupción.
La evaluación en derechos humanos se mide en ocho factores. Uno de ellos es el debido proceso; que analiza si existen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y que, disidentes políticos y activistas, no sean sometidos a detenciones injustificadas, amenazas, maltratos o violencia.
También valora el debido proceso legal de las personas acusadas, mide el respeto a las reglas de investigación y conducción del debido proceso penal; el respeto a los derechos de las personas acusadas y a su presunción de inocencia, si es arrestado arbitrariamente; entre otros componentes.
El valor máximo que da el WJP es de un punto, Veracruz, solo obtuvo de calificación un .30 por ciento de la calificación que se da a las entidades federativas.
Otro factor que se evalúa es la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, se mide si la investigación penal y la procuración e impartición de justicia es eficaz, si se respetan los derechos humanos de las víctimas y si se sigue el debido proceso; si la impartición de justicia es independiente y libre de corrupción y si el sistema penitenciario es seguro.
En el análisis de esos factores Veracruz alcanza la valoración de .40 como la más alta y .17 la más baja. Lo que lo ubica como el antepenúltimo Estado con el sistema de procuración de justicia peor evaluado.
mb