XALAPA, VER. - Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte de Ochoa -con un juicio por desaparición forzada de personas que enfrenta en libertad- denunció haber sido objeto “de afectación psicológica” de parte de Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018).
En la pasada administración, el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, ahora preso por el mismo delito, Arturo Bermúdez Zurita fue llamado a cuentas por indicios de la Fiscalía que hacían suponer que, como superior jerárquico de la SSP, ordenó la desaparición de decenas de personas.
Aunque en la carpeta de investigación que se judicializó se contaban a alrededor de 15 víctimas, colectivos de familiares de personas desaparecidas han expuesto que en la mayoría de sus casos están ligados a la policía estatal, precisamente en el tiempo que Duarte gobernaba y Bermúdez era su secretario.
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GOZA DE LIBERTAD
Arturo Bermúdez, quien obtuvo su libertad desde el 5 de diciembre de 2018, apenas cinco días después de que iniciara el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, interpuso una denuncia contra Rogelio “N”, donde lo señaló de haberlo extorsionado para quitarle sus propiedades y además afectado psicológicamente.
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Igualmente argumentó, vía sus abogados y la propia Fiscalía, que el yunista debería permanecer en prisión como parte de dicho proceso penal. La petición terminó siendo avalada por un juez de control en los juzgados de Pacho Viejo, Coatepec.
Conocido como “Capitán Tormenta”, el exfuncionario enfrenta un proceso donde se le acusa de haber ordenado, como superior jerárquico, “el exterminio” de personas a través de dos grupos especiales: la Fuerza de Reacción y la Fuerza Especial.
La ejecución de las desapariciones, indica la acusación, fue sistemática “a través de un modus operandi establecido, con objetivos definidos, con coordinación entre diversas áreas dentro de la SSP en cumplimiento de la política institucionalizada dentro del aparato”.
Asimismo, fueron reportadas a través de tarjetas informativas y "partes de novedades", a distintos superiores jerárquicos dentro de la estructura de poder encabezada por el exsecretario sin poner a disposición de la autoridad procuradora de justicia a los detenidos durante el sexenio de Javier Duarte, de 2010 a 2016.
La estructura en el Fuerza de Reacción era la siguiente: Arturo Bermúdez Zurita, Secretario y superior jerárquico; José Nabor Nava Holguín, subsecretario A; José Manuel Martínez Sánchez, director de operaciones; José Oscar Sánchez Tirado, subdirector de agrupamientos operativos; Arturo Paredes Guevara, comandante de la División de Policía Estatal y quien se desempeñara como comandante en turno de la Fuerza de Reacción.
La estructura de la Fuerza Especial de la SSP era la siguiente: Arturo Bermúdez Zurita, secretario; Roberto González Meza, comandante de la Fuerza.
De acuerdo con el procedo abierto por la Fiscalía, el agrupamiento Fuerza de Reacción tuvo como objetivo e instrucción detectar, detener y obtener información de personas que fueran sospechosas de participar con la delincuencia organizada. La obtención de información se llevaba a cabo mediante tortura e, incluso, en algunos casos, el abuso sexual.
Una vez que la Fuerza de Reacción obtenía información, no ponía a disposición de las autoridades competentes a los detenidos, sino que reportaba a sus superiores quienes, en cumplimiento a la política ilegal, en los 15 casos que se acreditan, dieron la instrucción de entregar a los detenidos a la Fuerza Especial, al mando de Roberto González Meza.
Este segundo grupo, presuntamente recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia de Policías de El Lencero, donde las torturaba, extraía información y después, las personas desaparecían.
De esta manera, agrega la acusación, los policías a cargo y cumpliendo órdenes de Bermúdez, ejecutaron las desapariciones forzadas -entre abril y octubre de 2013- de Héctor de Jesús Hoyos Barradas, José de Jesús Martínez del Ángel, Jorge Leal Amaro, Liberio Hoyos Castañeda, Uriel Hernández Vega y Bibiana Hernández Moguel.
También las de José Cruz Peralta Nava, Alberto Huerta Acosta, José Ulises Martínez Fernández, Héctor Campos Cornelio, Cecilia de la Cruz Luján, Antonio Morales Marín, Carlos Alberto Ruiz Barbadillo, Humberto Ruiz Arcos y Andrés Aguilar Marín.
DE VICTIMARIO, ¿A VÍCTIMA?
Sin embargo, pese a todo el cúmulo de información existente para sustentar el caso de desapariciones endilgado a Bermúdez, donde existen testimonios de expolicías, peritos, familiares de las víctimas, e incluso las tarjetas informativas de las detenciones ilegales, el exservidor público salió libre el 5 de diciembre de 2018 y desde entonces no ha vuelto a prisión.
Sin importar señalamientos de colectivos de búsqueda en su contra, son las únicas acusaciones que Bermúdez ha enfrentado.
Tras concluir el gobierno de Javier Duarte, el extitular de la SSP fue exhibido por medios nacionales por poseer propiedades con un valor de 2.4 millones de dólares. Además, fue vinculado con al menos 21 empresas en las que era socio o propietario y que recibieron contratos por 91 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por estos hechos fue señalado también de abuso de autoridad y tráfico de influencias abriéndose la carpeta 221/2016; además le fue abierta la indagatoria 068/2017 por el delito de enriquecimiento ilícito.
Fue precisamente por la acusación de enriquecimiento ilícito que Arturo Bermúdez denunció una supuesta extorsión de parte del gobierno de Veracruz, propiamente del exsecretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, para quitarle sus propiedades y extinguir sus acusaciones.
En la búsqueda de esa “justicia” en la que la FGE lo mantiene como víctima, también tuvo los fallos a favor de Gregorio Esteban Noriega Velasco, Juez de Control en Pacho Viejo quien determinó que había elementos para acreditar que a Bermúdez le habían hecho daño psicológico y el o los responsables debían estar en prisión.
En la sentencia de amparo 1110/2021, donde la defensa de Rogelio “N” combatió la resolución de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al yunista en el proceso penal 248/2021, se supo que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, le ha allanado el camino a Bermúdez para proceder contra Rogelio “N”.
Por ejemplo, se cita que en la audiencia donde se imputó y vinculó a proceso a Rogelio por extorsión, el juez Noriega Velasco determinó que la FGE logró establecer que dicho exservidor público se valió de diversos medios, como el que Bermúdez estaba en la cárcel, donde era ‘gravemente violentado’ en sus derechos humanos para presionarlo a devolver bienes presuntamente obtenidos mediante el desvío de recursos.
El juez de control calificó como “una simulación” lo que le hicieron presuntamente a Bermúdez, al hacerle creer que, mediante la donación de diversos bienes inmuebles, como el terreno de Plan de Aguacate, El salto y el predio rústico conocido como rancho “la Cartuja”, así como los bienes inmuebles Torre Alfa y el lote Araucarias, extinguirían la acción penal en su contra.
Sin embargo, el juez agrega que, al negarse a hacer la donación, Bermúdez recibió constantes visitas en su celda en Pacho Viejo “con el único fin de amenazarlo y llegar incluso a torturarlo de manera física y mental; y que, si no llevaba a cabo estas donaciones a favor del Gobierno del Estado, como una forma de reintegrar los recursos presuntamente malversados, su familia pagaría las consecuencias, aparte de que corría peligro su vida al encontrase en dicho lugar internado”.
Incluso, el juez Noriega Velasco precisó en su resolución que, aunque Bermúdez aceptara donar sus bienes, ello no significa “que el señor Bermúdez y familia sean los responsables y deban afrontar ese detrimento a su patrimonio, causado con esa conducta falaz llevada a cabo por servidores públicos Estatales de aquella administración”.
En suma, el juez señaló y avaló que supuestamente la FGE acreditara que Bermúdez es víctima de tortura en el centro de reclusión donde se encontraba, que sobre él fueron ejercidas “constantes amenazas que podrían atentar contra su familia, incluso contra su propia vida”, y determinó dar la calidad de víctima y mantener en prisión a Rogelio “N”. Ello, mientras hace casi cinco años, Bermúdez está en libertad.
VIDA HOLGADA
Tal libertad le ha permitido incluso promover en televisión deportes extremos. En 2020, el exservidor público salió en TV Azteca promocionándose como instructor de Jet Ski, un deporte extremo consistente en romper las olas en moto acuática en mar abierto.
Sin más, el acusado de un delito de lesa humanidad fue entrevistado por el programa “Al Extremo” de TV Azteca donde mostró sus dotes para saltar las olas, “que es muy extremo y se requiere de mucha energía”.
También se ha dado la oportunidad de declarar contra su exjefe, Javier Duarte de Ochoa, acusado igualmente por la desaparición forzada y homicidio del expolicía, David Lara Cruz, donde se indica, fueron sus propios compañeros quienes lo desaparecieron.
En esta indagatoria contra el exmandatario, el único testigo que lo acusa como responsable de entorpecer las investigaciones sobre la desaparición y hallazgo sin vida de Lara Cruz, es el del propio Arturo Bermúdez Zurita, quien también acusó haber sido torturado para declarar en ese sentido.
Por los hechos, Duarte ha señalado confiar que es cuestión de meses para demostrar su inocencia en este caso y recuperar su libertad en unos años.
A la fecha, Bermúdez no ha estado presente en la vida pública y no se tienen informes sobre lo ocurrido con el proceso penal por lesa humanidad, cuya libertad fue determinada por un cambio de medida cautelar, al no ser considerado un delito grave.
mb