XALAPA, VER.- Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de la Secretaría de Salud de Veracruz, ha estado en el ojo del huracán por su trabajo en la asignación de contratos por servicios, mantenimiento y compras de insumos de la dependencia estatal, por más de 1,500 millones de pesos.
Este miércoles 4 de octubre, diputados de oposición en el Congreso del Estado pidieron la comparecencia del funcionario estatal, para que explique la asignación de contratos millonarios a personas físicas y empresas de reciente creación, así como otras inhabilitadas por la Función Pública.
Antes de la denuncia en los medios de comunicación que hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al joven administrativo se le vinculó a escándalos por la falta de medicamentos oncológicos, medicamentos caducos; incluso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó el mal manejo de los recursos en el año 2019, el primero de la actual administración.
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La función de Sisniega Fernández como director administrativo es vigilar y coordinar que la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, se ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable, con la finalidad de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos.
Y aunque su trabajo podría pasar desapercibido, al ser solo un director, el tercer nivel jerárquico en la estructura de la SSA, el funcionario ha protagonizado diversas polémicos, incluso por su constante promoción en la zona norte de Veracruz, en el municipio de Poza Rica y alrededores, pues busca ser candidato en 2024 ya sea a la diputación federal o local.
El funcionario, con no más de 36 años, pasó de ser asesor del Congreso de la Unión, concretamente del Senado, a operar la segunda dependencia con mayor presupuesto, además de ser señalado de avalar la operación de una red de empresas -de reciente creación y fantasmas-, así como personas físicas, a las que les ha dado contratos millonarios por adjudicación directa.
Entre sus decisiones, “recomendó” a su suegro Elias Rached Osorio como director del Hospital Regional de Xalapa, Luis F. Nachón. Y se le liga a Silvio Lagos Galindo, excoordinador de la campaña de José Francisco Yunes Zorrilla y exdirigente de la CNOP en Veracruz en 2002.
¿Quién es Jorge Sisniega?
Según datos curriculares, que son públicos en el portal de la Secretaría de Salud, Sisniega Fernández trabajó como asesor en el Senado de la República del 2012 al 2016. Se ha publicado que estaba adscrito a la oficina de la senadora Claudia Díaz Salazar de Nuevo León.
En la misma ficha pública se detalla que es licenciado en Derecho, y según el Registro de Profesiones, se graduó en 2013 de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV); actualmente realiza estudios de maestría en Administración Pública, pero no detalla en que institución.
En su página de Facebook se presenta como licenciado en Administración de Empresas. Aunque su trabajo como administrador se debería concentrar en la ciudad de Xalapa, por la toma de decisiones, la mayor parte del tiempo, según sus redes sociales, la pasa en la zona norte ya se en eventos, recorridos, ferias de la salud, carreras, hasta entrega de escrituras de Invivienda.
Sus polémicos colaboradores
Con su llegada a Sesver, Jorge Sisniega nombró como Subdirector de Recursos Materiales a Antonio Pola Navarro, excolaborador de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte. Pola Navarro fue removido en octubre del 2020.
Otra funcionaria polémica es la encargada del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, Martha Verónica Durante Marini, ligada a Arturo Jaramillo Díaz de León, subsecretario de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz durante la administración de Javier Duarte (2010-2016).
Javier Enrique Rueda Oliver, subdirector de Recursos Materiales de Sesver, fue el encargado de las finanzas del PRI en el estado de Morelos a favor de José Antonio Mead y se le ha señalado de beneficiar a las empresas Pharmacur SA de C.V; Infraestructura y Equipamiento en Salud SA de CV; Afya Medik SA de CV; Araly Rodríguez Vez; Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV, algunas de ellas empresas de reciente creación.
ASF observa el manejo financiero de la SSA
En la revisión del gasto del primer año de administración de Cuitláhuac García Jiménez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades administrativas por 1,963 millones 566,675 pesos, que le fueron requeridos por la Tesorería Federal.
Según el pliego de observaciones de la ASF, el folio 2019-A-30000-19-1296-06-001 señala que la Hacienda Pública Federal exigió el reintegro por el orden de los mil 963 millones; además, no se justificó la contratación de mil l 40 servidores públicos adscritos al Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019, esa observación fue por 295 millones 782 mil 600 pesos.
En cuanto a las adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos, la auditoría número 1296-DS-GF exhibe que tras un análisis exhaustivo no se logró verificar los porcentajes presupuestales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Seguro Popular.
El resultado de la auditoría se dio en el marco de protestas de familiares de pacientes con cáncer, quienes se quejaron del desabasto de medicamentos durante el primer año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
Incluso, se denunció en medios de comunicación que cuando los familiares buscaban a Sisniega Fernández se negaba a atenderlos y darles una respuesta ante la falta de insumos.
Araly Rodríguez Vez, destapa la cloaca
En la revisión de la Cuenta Pública del 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) observó la asignación de al menos 17 contratos que le fueron entregados a Araly Rodríguez Vez, proveedora del gobierno del Estado.
La también funcionaria de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), recibió contratos antes de darse de alta como persona física ante el Sistema de Administración Tributario (SAT) y como proveedora de Sesver; sumado a que ella había dado de alta como vendedora de insumos informáticos y terminó vendiendo medicamentos y aparatos médicos, así como como materiales para enfermedades como Covid y para la atención del VIH-Sida.
En enero del 2023, en la comparecencia de la titular del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos fue cuestionada por la asignación de contratos a Araly Rodríguez Vez, funcionaria de la SEV y proveedora del gobierno de estado.
La empresaria que está dada de alta como persona física empezó a recibir contratos del gobierno de Morena en 2019, un año después de que entró en operación la administración estatal de Morena. Los datos que son públicos en el portal de transparencia revelan que Araly Rodríguez Vez logró contratos por 100 millones 902,000 pesos desde 2019 hasta diciembre del 2022.
Fue la pandemia de Covid-19, y la necesidad de insumos de la Secretaría de Salud de Veracruz, y la venta de uniformes a la Secretaría de Seguridad Pública, los que le garantizaron contratos directos a la funcionaria originaria de Poza Rica, municipio de origen de Jorge Eduardo Sisniega Fernández.
La nueva red de corrupción que validó Sisniega
El 26 de septiembre, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín informó que, por medio de adjudicaciones directas a empresas de reciente creación, a personas físicas, la utilización de jóvenes sin experiencia, y de beneficiarios de programas sociales en 18 dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz, que asignaron contratos por 1,593 millones de pesos.
“Esto para mí, adquiere características de presunta delincuencia organizada, hay un claro desvío de recursos y una omisión de un deber legal, el difunto exsecretario de Salud Gerardo Díaz Morales me ofreció que de manera conjunta acudiéramos a estas instancias, a la Fiscalía General, a la Fiscalía General de la República”, dijo en conferencia de prensa.
En la revisión el PRI detectó que SESVER contrató a 50 empresas de reciente creación en el período 2019 a 2022; colusión con otras empresas por medio de representantes legales; 160 contratos de 2019 a 2022 por un monto de 1,871 millones, de los cuales 94 contratos fueron por adjudicación directa por un monto de 315.3 millones.
Otros 66 contratos fueron por invitación por un monto de 771.8 millones; hay 190 contratos por igual número de personas físicas por 506.3 millones; 44 personas físicas son beneficiarias de programas sociales con una asignación de 122.8 millones y empleados de Gobierno Estatal cuando se asignaron contratos.
Señaló como beneficiarios de los contratos a Bethy Torres Hernández, de 23 años, empleada de SESVER, a Misael Carmona Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro; así como Araly Rodríguez Vez, la empleada de la SEV con contratos de hasta 100 millones de pesos.
“Y el caso de DICIPA, S.A. DE C.V., “quizá uno de los más escandalosos, donde según un documento del DOF con fecha 11 de enero de 2023, se especifica que se prohibió contratar a esta empresa en todo el país; cuatro meses después se le asignaron contratos por más de 7 millones de pesos” dijo.
El diputado local señaló como uno de los posibles responsables del ilícito a Jorge Eduardo Sisniega, director administrativo de la Secretaría de Salud de Veracruz.
mb