Veracruz y Boca del Río viven un nuevo episodio de desencuentros entre quienes prestan un servicio esencial y quienes lo necesitan a diario para sobrevivir, pues en los últimos días, múltiples rutas del transporte urbano han cobrado una tarifa única de 12 pesos, sin distinción entre trabajador, estudiante o adulto mayor, aunque la tarifa oficial vigente sigue siendo de 9 pesos y con descuentos previstos para sectores antes mencionados quedaría en 7 pesos.
Que la tarifa no fuera ni consensuada ni autorizada por las autoridades estatales no solo refleja una pugna de intereses, pone sobre la mesa un derecho fundamental vulnerado cada mañana cuando millones de veracruzanos suben a un autobús.
La realidad del transporte urbano en nuestra zona conurbada no admite romanticismo, los usuarios coinciden en que gran parte de las unidades están en mal estado, asientos deteriorados, goteras cuando llueve, ventanas rotas y fallas mecánicas que claramente implican un riesgo para quienes confiamos nuestra vida a esos vehículos cada día.
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Y si hablamos de riesgos, no podemos omitir accidentes que han marcado la memoria de Veracruz. Uno de los más dolorosos en tiempos recientes fue la volcadura de un autobús de la ruta Saeta en el Boulevard Miguel Alemán de Boca del Río, en la que varios pasajeros resultaron lesionados y uno de ellos, un joven de 18 años apodado Henry, falleció meses después por las secuelas del accidente. ¿Cómo se puede proponer un aumento cuando la seguridad en el servicio sigue siendo una asignatura pendiente?
El argumento de los concesionarios es que enfrentan una “crisis económica” tras más de una década sin ajustes tarifarios y con costos operativos creciendo no es inofensivo, pues la flotilla tiene años sin una actualización digna y el sector vive presiones económicas reales pero eso no puede trasladarse íntegramente al bolsillo de los usuarios sin un compromiso claro hacia la mejora del servicio real.
Mucho menos cuando los descuentos a estudiantes y adultos mayores se suprimen sin importar como pueden afectar. Antes, estos grupos pagaban de 7 pesos; ahora, todos pagan lo mismo, sin importar su capacidad de pago. Para un estudiante que debe tomar dos camiones al día, eso significa 48 pesos diarios en transporte, contando viaje de regreso, pero olvidando otros gastos de los miembros de la familia que dependen del transporte público. Con un salario mínimo diario de 315 pesos, ¿cómo se vive? La respuesta es simple con dificultad, sacrificio y tensión constante.
No se trata de culpar a los transportistas por querer mejores ingresos; es legítimo buscar condiciones laborales y económicas dignas, pero tampoco es justo cargar el peso de esa búsqueda únicamente sobre los hombros de quienes no tienen otra opción de movilidad. El transporte público debería facilitar el acceso a oportunidades educativas, laborales, sociales, no convertirse en un factor de exclusión y estrés económico.
Si el servicio fuera de calidad, esto significaría que fuera seguro, eficiente, moderno, quizá algunos usuarios aceptarían un aumento razonado y acompañado de mejoras tangibles, pero la percepción y la experiencia es otra, unidades deterioradas, accidentes documentados, y una tarifa que sube sin consenso ni transparencia.
Este conflicto tarifario debería servir como detonante para repensar la movilidad urbana en la zona conurbada porque esto no es solo una cuestión económica, es una decisión política y social que afecta la vida cotidiana de miles de familias veracruzanas.
Haciendo zoom… Por ahora, una cosa está clara, es inaceptable un aumento a 12 pesos sin garantías de servicio, sin descuentos para los más vulnerables y sin una mesa de diálogo real entre concesionarios, autoridades y usuarios. Veracruz merece un transporte digno, seguro y justo, no una tarifa inflada sobre ruedas deterioradas.
lm