La madrugada del 3 de enero de 2026 pasará a la historia como uno de los capítulos más oscuros de las relaciones hemisféricas en el siglo XXI pues Estados Unidos ejecutó la operación “Resolución Absoluta” en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos penales. Lo que algunos presentaron como una acción “quirúrgica” contra el narcotráfico y la delincuencia ha sido, más bien, una demostración brutal de poder que pisotea de forma flagrante el derecho internacional y la soberanía de los pueblos.
El argumento oficial, ese de luchar contra lo que Washington llama un “narco-estado” en Caracas, se disuelve cuando se contemplan las implicaciones geopolíticas y económicas. Desde antes del ataque, la Casa Blanca había desplegado buques y fuerzas en el Caribe bajo pretextos de seguridad y combate a narcotraficantes, preparativos que más bien parecían preludio de una intervención más amplia.
La reacción internacional ha sido contundente, en el Consejo de Seguridad de la ONU, aliados y adversarios criticaron el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos y recordaron que su intervención viola principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas; Francia, China, Rusia y varios países latinoamericanos subrayaron que no puede permitirse que una potencia dicte el destino de un Estado soberano.
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Aquí en México la discusión se ha enardecido, pues el presidente Donald Trump, ese que ordenó la operación y promociona la “reconstrucción” del sector petrolero venezolano con gigantes energéticos estadounidenses, ha insinuado, sin entrar en detalles operativos, que medidas similares podrían considerarse frente a los cárteles y la inseguridad en nuestro propio territorio.
Esto nos trae a un episodio que pasó desapercibido en su momento, pero que ahora resuena con nueva fuerza, la senadora panista Lilly Téllez, en entrevistas previas con medios estadounidenses, habló de la necesidad de recibir apoyo de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, aunque luego se apresuró a matizar que lo que pedía era “ayuda” y no intervención militar directa.
No cabe duda de que Téllez, como todos los mexicanos, siente frustración por la violencia estructural que mortifica al país, pero ¿estaba proponiendo realmente algo distinto de lo que acaba de ocurrir en Caracas? En su defensa, argumenta que solo solicitó “ayuda”, no invasión, sin embargo, el problema es precisamente ese, cuando un país como Estados Unidos, con una larga historia de intervenciones desastrosas en la región, ofrece “ayuda”, la línea que separa el apoyo logístico de la ocupación armada se vuelve peligrosamente difusa.
Aquí hay que dejar también algo en claro, Maduro y su régimen representaron un desastre para Venezuela; la crisis económica, la represión política y el colapso institucional son hechos incontestables, pero la solución no puede ser la aplicación del mismo patrón que tantos daños ha causado en Irak, Afganistán, Libia o Panamá, el uso de la fuerza de otra nación para desapoderar a un líder y luego intentar administrar el país.
Además, la intervención estadounidense en Venezuela no solo ignora el derecho internacional, sino que debilita la idea misma de soberanía que debería proteger a los pueblos latinoamericanos de influencias foráneas, inclusive en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado con firmeza cualquier injerencia militar en nuestro país, reafirmando el principio de no intervención que consagra nuestra Constitución.
Haciendo zoom… La historia juzgará severamente esta operación, y es que tengámoslo claro, Maduro debía salir del poder; sí, su régimen requería una transformación profunda, pero eso no puede ni debe lograrse mediante la espada de otra nación, ni abriendo las puertas a un imperialismo descarado que solo profundiza las heridas de la región. Que el mundo observe lo que hoy ocurre en Venezuela y recuerde que los atajos del poder, cuando pasan por encima del derecho internacional, siempre dejan un legado lamentable, la historia nos lo ha contado.
vtr