El asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero en Poza Rica, vuelve a colocar a Veracruz en el centro de una tragedia que parece no tener final, ejercer el periodismo en este estado sigue siendo una actividad de alto riesgo, casi un acto de resistencia. Carlos Castro, como era conocido en el gremio, tenía apenas 26 años cuando fue ejecutado a balazos dentro del restaurante de su familia, frente a civiles, en un ataque directo que no deja lugar a dudas sobre la intención de silenciar; a días del crimen, la constante que se repite una y otra vez en Veracruz vuelve a imponerse, no hay detenidos, no hay responsables, no hay certezas.
El caso, además, se volvió aún más perturbador con la desaparición de dos jóvenes cercanas al periodista, una de ellas su pareja, después de asistir a su funeral; este hecho amplió el miedo, el mensaje y el alcance del crimen pues no solo se mata al periodista, también se intimida a su entorno, se siembra terror y se refuerza la idea de que nadie está a salvo; así opera la violencia cuando sabe que la impunidad la respalda.
En medio de este escenario asume funciones la nueva fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien ha reiterado, como ya es costumbre institucional, que no habrá impunidad y que se siguen todas las líneas de investigación. El problema no es el discurso, sino su desgaste; en Veracruz, las palabras oficiales ya no generan confianza porque la historia reciente demuestra que los asesinatos de periodistas rara vez se resuelven. La Fiscalía habla de carpetas abiertas, de coordinación con instancias federales y de investigaciones en curso, pero evita ser contundente en un punto clave si el trabajo periodístico de Carlos Castro es o no una línea prioritaria. Esa ambigüedad es peligrosa, porque en Veracruz negar o minimizar el móvil periodístico ha sido, en muchos casos, el primer paso hacia el archivo y el olvido.
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Y es que este crimen no ocurre en el vacío, Veracruz ocupa desde hace años el primer lugar nacional en agresiones y asesinatos contra periodistas; es una estadística que avergüenza, pero sobre todo, que revela un fracaso estructural del Estado. Han cambiado gobiernos, fiscales y discursos, pero el patrón se mantiene, amenazas previas ignoradas, mecanismos de protección ineficaces, investigaciones lentas y resultados nulos, tristemente la violencia se normalizó y la impunidad se volvió regla.
El asesinato de Carlos Castro no solo es un ataque contra un joven periodista; es un golpe directo al derecho de la sociedad a estar informada; cada bala disparada contra un reportero en Veracruz es también un mensaje para el resto del gremio y se traduce en callar o morir, por eso, la responsabilidad de la nueva fiscal no es menor, pues no basta con prometer justicia; este caso se convierte en una prueba definitiva de si Veracruz está dispuesto a romper, por fin, con su historia de impunidad o si seguirá siendo el estado donde matar periodistas no tiene consecuencias.
Haciendo zoom… Mientras no haya resultados claros, responsables detenidos y sentencias firmes, Veracruz seguirá siendo sinónimo de riesgo para la prensa y cada nuevo asesinato, como el de Carlos Castro, confirmará lo que muchos ya saben y pocos quieren aceptar, que aquí, la libertad de expresión sigue siendo una de las principales víctimas de la violencia.
lm