Hace unos días se hicieron virales unas imágenes, elaboradas por Montserrat Mora, analista de datos, en que abordó —con información de la Secretaría de Salud— el registro de nacimientos en México, considerando la diferencia de edad entre los padres y las niñas registradas como madres. Una de las tablas hacía referencia a las niñas embarazadas más jóvenes y a la edad del padre (quien es, en realidad, su violador); la otra mostraba únicamente la diferencia de edad entre el violador y la niña.
La primera imagen es una tabla que presenta los partos de niñas de entre 10 y 12 años, siendo las mayores de 12 años. La edad promedio de los padres (los violadores) es de 30 años, con hombres que oscilan entre los 17 y los 65 años. En el caso más extremo, la diferencia de edad es de hasta 53 años entre las niñas y los hombres que la embarazaron.
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En esa misma imagen se muestran los lugares donde se dieron estos nacimientos y me habría gustado no ver ahí al estado de Veracruz, mucho menos a su hermosa capital. En Xalapa, Veracruz una niña de 12 años dio a luz a un bebé, mientras que el hombre que la violó tenía 50 años. Son 38 años de diferencia entre ambos, pero lo que me parece peligroso y completamente enfermo es que este abusador (el padre del bebé) decidiera embarazar a una niña de 12 años.
Lo que se observa en diferentes partes de México y, de hecho, en varios municipios del estado de Veracruz, es una lista de edades de hombres que han cometido delitos gravísimos en contra de niñas, entre ellos se encuentra el delito de violación equiparada o agravada, contemplado en el artículo 260 del Código Penal Federal. Este artículo define el delito y, al final, menciona: “Aun con su aparente consentimiento”. Pero una niña de esa edad no puede dar su consentimiento.
La pena es de 12 a 20 años de prisión y puede aumentar si hay violencia o embarazo y, además, se incremente si el agresor es mayor de 50 años. Sin embargo, a pesar del delito existente y de una pena altísima, el Registro Civil decidió registrar a esos bebés. No logro entender cómo es posible si se supone que el Registro Civil tiene a peritos propios.
La segunda tabla muestra las mayores diferencias de edad entre el violador (el padre) y la niña. En algunos casos, las madres ya no son menores, pero los datos siguen siendo alarmantes. En Acuña, Coahuila, una joven de 22 años tuvo un bebé con un hombre de 97. No me reservaré el derecho a decir que esto es repugnante y exasperante. En Guerrero, una niña de 16 años tuvo a un bebé con un hombre de 85 años. Me parece crítico lo que está pasando y que aparentemente no haya sanciones contra esos abusadores.
Estas tablas reflejan una crisis estructural en México. No son casos aislados: es una mezcla de violencia, pobreza, cultura patriarcal, debilidad institucional e impunidad. Es un patrón recurrente y sistemático que vulnera los derechos de las niñas. La falta de denuncias, la normalización cultural y la impunidad permiten que esos casos lleguen al Registro Civil sin que nadie intervenga.
El tema del aborto también debe abordarse en casos tan peligrosos como estos. Es fundamental tener muy claro que una niña de esa edad no puede consentir tener relaciones sexuales con nadie, mucho menos con un hombre que le triplica la edad. En ninguna circunstancia la niña debería llevar un embarazo.
En un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la maternidad infantil forzada en México (2023) se menciona que, en niñas menores de 15 años, el riesgo de muerte por causas obstétricas es cuatro veces mayor que en mujeres adultas. Además, se registraron 9,000 partos por niñas de 10 a 14 años.
En 2022 el INEGI reportó 9,800 nacimientos en niñas del mismo rango de edad, siendo Chiapas, Guerrero y Veracruz los estados con mayor número. Al mismo tiempo la OMS publicó un informe llamado “Adolescent Pregnancy” en el que señala que las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre niñas de 10 a 19 años.
Entre los mayores riesgos médicos que enfrentan las niñas embarazadas están las hemorragias, la preeclampsia, el parto obstruido y el acceso limitado a atención médica adecuada. En algunos casos, los doctores —que suelen estar en contra del aborto— son los mismos que estigmatizan a las niñas cuando llegan en labor de parto al hospital. No parece muy lógico.
Pero el fondo del problema no se resuelve solo a través del aborto. Es absurdo ofrecer soluciones para una situación que no debería involucrar a las niñas. Las infancias no deberían necesitar acceso al aborto porque ni siquiera tendrían que ser víctimas de abuso. No deberían tener relaciones sexuales y jamás debería asumirse que consienten tener relaciones sexuales con un hombre. Nos debe quedar claro cuál es el verdadero problema.
El problema son todas las demás personas involucradas en esta situación, incluyendo al Estado y a las autoridades correspondientes. Debemos preguntarnos ¿Quiénes son esos hombres que cometen esos delitos tan graves? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde quedan nuestras leyes? ¿Qué pasa ahora que esta información es pública? ¿Habrá consecuencias?
Es indignante lo que pasa con las infancias en nuestro país y en el estado de Veracruz. Es igualmente indignante tener que escribir sobre esto y formular preguntas tan absurdas que no deberían existir. Soy consciente de que hay muchísimas leyes para el resguardo y el cuidado de las niñas y los niños, pero evidentemente no se están aplicando. Falta muchísima educación y trabajo para hacer que el sistema funcione.
Porque, aunque el culpable es el hombre que comete el delito de violación, detrás de él hay todo un sistema fallido: una estructura social, económica, educativa y punitiva que le permitió a ese hombre cometer el delito y, con total impunidad, presentarse en una oficina de gobierno a registrar a su bebé con una niña de 10, 11 o 12 años a su lado sin que haya ninguna sanción.
lm