Hola, Querido lector y querida lectora, ¡ya extrañaba estar con ustedes!
¿Saben? Desde hace mucho tiempo, la noción que se tiene respecto a la justicia, es el mal sabor hacia las instituciones públicas, dando por sentado que el actuar de los servidores públicos es carente. ¿Pero?, se han detenido un minuto a preguntarse las condiciones laborales a las que se enfrentan estos funcionarios, la infraestructura de los órdenes de gobierno, las precariedades materiales, la sobrecarga laboral, y sobre todo, ante la alta tasa de delitos que el día de hoy se vive en México, las y los servidores será que ellos ¿pueden con todo?
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De acuerdo al ranking del Índice de Paz Global, en 2023 México se encuentra en el número 136 de 163, lo que lo coloca en uno de los países más peligrosos para vivir, en comparación en 2008, que ocupó el sitio 113, en la gobernabilidad del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien implementó la estrategia “La guerra contra el narcotráfico”, dichas acciones, dieron como resultado que México escalara al pico más alto de violencia en los años 2012 y 2013, ocupando el puesto 141 en el ranking, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los delitos de mayor impacto en 2023, de acuerdo al Semáforo Delictivo, publicado por Statista Research Department, son; violencia doméstica con 27,389; agresión 16,261; robo de vehículo 11,141; tráfico de drogas a pequeña escala, 7,188 y robo a empresa 6,514. Con el paso de los años, la tasa de delitos ha bajado en ciertos espacios, sin embargo ha aumentado en otros, como ejemplo la cifra otorgada por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con 115, 064 personas desaparecidas hasta el día de hoy, esto como consecuencia de la fallida guerra contra el narcotráfico de Calderón, así mismo el 14 de junio del 2012, se reforma el Código Penal Federal para adicionar al artículo 325 la tipicidad del feminicidio, a fin de delimitar las características entre este delito y el homicidio.
Lo anterior, obedece al deber reforzado del Estado Mexicano, en materia de género, lo que adquiere valor, al poder computar el delito de feminicidio a partir del 2012, como un acto delimitado, logrando que las estadísticas lo visibilizan de manera individual.
Es importante, conocer las cifras que el día de hoy mueven al país para dimensionar a lo que el Sistema de Justicia se enfrenta todos los días y saber las herramientas con las que cuentan actualmente. Los esfuerzos del gobierno para reducir la violencia, tales como la seguridad pública, las fuerzas armadas y el sistema de justicia, ascendió a 634 mil millones de pesos, lo que representa el 13.6 % del impacto económico total. De los 32 estados, los 3 más peligrosos son Zacatecas, Colima y Baja California, sin embargo en términos per cápita, el mayor efecto económico se presentó en Colima, con una incidencia de 102,426 pesos por persona. Colima tuvo el gasto per cápita más alto en justicia, orden público y seguridad pública, mientras que Baja California tuvo el gasto per cápita más alto en costos de protección.
El gasto público mexicano en justicia y seguridad pública está muy por debajo de los niveles regional e internacional. México gastó el 0.6 % de su PIB en el sistema de justicia y la seguridad pública en 2022, alrededor de un tercio del promedio de la OCDE, el menor de cualquier país latinoamericano o miembro de la Organización. El promedio latinoamericano de gasto en orden público y seguridad es de 1.51 % del PIB, más del doble que el de México.
Carencia en el Sistema de Justicia.
Si bien, las cifras, nos muestran cómo el Estado aborda el sistema de justicia, los mayores niveles de gasto coinciden con el mayor uso del ejército para combatir los crímenes de la delincuencia organizada. A pesar de esto, el gasto de México en el ejército equivale al 0.64 % de su PIB, muy por debajo del promedio mundial. De manera similar, el gasto público mexicano en justicia y seguridad pública está muy por debajo de los niveles regional e internacional.
Ahora, es necesario, que nos cuestionemos si quien está encargado de la impartición de justicia, ¿Puede con todo?, ¿Es humanamente posible ejercer la justicia con carencia presupuestal?, Policías, Fiscales, Asesores Jurídicos, Jueces, Magistrados etc… ¿Obligados a lo imposible?
¿Sabías que el país tiene un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes? Es decir, una cuarta parte del promedio mundial, y si llegases a requerir sus servicios, quien llevará tu caso, tiene una carga laboral de cientos de causas penales más por atender, investigar y determinar. Esto ha ocasionado una acumulación de casos sin resolver y un gran número de personas encarceladas sin sentencia, por ello el fortalecimiento del Poder Judicial es de particular importancia para combatir los altos niveles de impunidad en México.
Los años entre 2015 y 2019 mostraron una tendencia constante de mejora para este indicador. Sin embargo, el cierre parcial de los tribunales penales durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19 provocó un aumento significativo en el número de detenidos sin sentencia en 2020. Aunque la tasa cayó un 4.7 % en 2022, se mantuvo un 32.1 % más alta que su mínimo histórico en 2019. Había aproximadamente 78,000 detenidos sin sentencia en 2022 de una población total encarcelada de más de 200,000. Esto se compara con aproximadamente 79,000 detenidos sin sentencia en 2021 y con un mínimo de alrededor de 60,000 en 2019.
El patrón de gasto federal en seguridad pública y justicia por estado no coincide con los niveles de violencia capturados por las calificaciones estatales del Índice de Paz en México, del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estados como Baja California, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato experimentan altos niveles de violencia, pero tienen un gasto per cápita por debajo del promedio en seguridad pública y justicia. En contraste, Campeche es relativamente pacífico, pero dedica un nivel superior al promedio de gasto per cápita en seguridad pública y justicia.
10. 4 Fiscales y Policía Ministerial por cada 100,000 habitantes en México.
Según el estudio realizado por la Organización Impunidad Cero, realizado con información de Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatales (CNPJE, 2017-2020). Existen 10.4 fiscales y Policías Ministeriales por cada 100,000 habitantes en el país, por lo que la sobrecarga de trabajo puede comprometer la calidad de las investigaciones y por ende el acceso a la justicia a las víctimas.
En 2022, del total de delitos ocurridos, sólo 10.9 % se denunció, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2021. La Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 69.3 % de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos en 92.4 % no se investigó (cifra oculta o cifra negra). El porcentaje de la cifra oculta en 2022 fue estadísticamente inferior al que se presentó en 2021 (93.2 %). De 69.3 % de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1 % el resultado fue no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 77.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5 % de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, 1.2 % de los delitos cometidos tuvieron una represalia.
¿Existe fatiga laboral?
El impartir justicia, no es una tarea sencilla, al contrario, es una acción muy noble, ya que el lograr que una víctima acceda a la justicia es dignificar la vida de ella. Sin embargo, existen factores externos que dificultan el ejercicio de la impartición de justicia.
Como ya se mostró en líneas anteriores, el sistema de justicia, conlleva una serie de acciones, en las que el Estado interviene, para que sea eficaz, pronta y expedita, pero ante la omisión de aquellos que deciden los presupuestos y que apuestan más por la militarización en el país, dejan de lado a los órganos encargados de impartir justicia y por ende dejan de lado a las víctimas.
A esto, se suma el síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, de cada servidor público, que no cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo de manera adecuada.
A este síndrome la psicología lo llama “Síndrome de Burnout”, por lo que el 23 de octubre de 2018, se emite la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, de Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual busca Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.
Si bien existe la Norma citada, la realidad dista de lo que debería ser un sistema de justicia bien administrado, con personal suficiente, con infraestructura adecuada, partida presupuestal acorde a las necesidades y un sin fin de mejoras por atender.
Las personas que dedican su vida a esta noble labor, se enfrentan a situaciones que comprometen su salud emocional, mental y hasta física, al estar cerca de las víctimas, de las escenas de los crímenes, de desahogar los casos, de leer narrativas estremecedoras, etc. que claro parten el alma.
Es cierto, cada vida importa, cada situación apremia rapidez y cada caso es particularmente trascendental, la justicia es un derecho humano, sin embargo, querido lector, te invito a pensar por un segundo, si la persona que te atiende, cuenta con prestaciones laborales, espacios dignos, contención psicológica en su centro de trabajo, si ha sido capacitado, si cuenta con un horario en el que pueda desarrollar su vida personal, ver a su familia, estar en el cumpleaños de su hija o hijo, o si ninguna de esas cosas suelen ser parte de su vida, es decir si el Estado le está dando las herramientas para poder asegurar que ejerza su trabajo sin obstáculo alguno.
Destapar este tema, no es justificar el rezago en México, en materia de acceso a la justicia, hablar de este tema, es solo hacer el llamado a que las y los encargados de atender el tema de raíz, visibilicen a las y los trabajadores como seres humanos, que día a día trabajan por un país mejor, pero que más allá de las buenas intenciones que ellos puedan tener, si no cuentan con los mecanismos idóneos, el sueño de cada ciudadano a acceder a la justicia, sigue siendo solo un sueño. De igual forma, es responsabilidad de todos y todas, no mirar a otro lado, sino, exigir que los tomadores de decisiones hoy se apropien del tema del acceso a la justicia como una prioridad o de lo contrario miles seguirán peregrinando paz, justicia y tregua.