XALAPA, VER.- Con solo 45 días en el cargo, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, compareció este miércoles 21 de enero ante diputadas y diputados locales para dar cuenta de las acciones que se realizaron a lo largo de 2025.
Aunque los datos estadísticos corresponden a la gestión de Verónica Hernández Giadáns, quien renunció al cargo el 8 de diciembre de 2025, la hoy titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que implementó 27 acciones para mejorar el trabajo de la institución.
En la sesión de preguntas y respuestas defendió la autonomía de la FGE y aclaró que sigue pendiente su certificación de Control y Confianza; dijo, será en el mes de febrero cuando acuda a presentar el examen para poder mantenerse como abogada de los veracruzanos.
Te podría interesar
En su mensaje, Jiménez Aguirre detalló que en el periodo de su antecesora solo 2 de cada 10 carpetas de investigación se lograron judicializar en 2025; y de ese total de carpetas judicializadas, apenas en 3 de cada 10 se vinculó a proceso al imputado.
“Las siete Fiscalías regionales: Tantoyuca, Tuxpan, Córdoba, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, conformadas por Unidades y subunidades integrales de procuración de justicia, reportan que en el año iniciaron 75 mil 556 carpetas de investigación por delitos diversos, de las cuales se judicializaron 15 mil 892 carpetas; se obtuvieron 4 mil 946 autos de vinculación a proceso y 2 mil 380 sentencias condenatorias”.
La Silla Rota Veracruz te presenta 7 puntos claves de la comparecencia de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ante diputadas y diputados de Veracruz.
1.— Imputación por terrorismo contra el periodista Rafael “N”
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó que el delito de terrorismo ya no forma parte del juicio contra el periodista de nota roja, Rafael “N”, detenido el pasado 24 de diciembre de 2025 en el municipio de Coatzacoalcos. La fiscal dijo que, al momento de la audiencia inicial, un juez de control determinó los delitos por los que fue vinculado a proceso el comunicador: encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
La abogada de los veracruzanos aclaró que el órgano autónomo no es un ente persecutor, y que bajo su administración no se abren carpetas de investigación por consigna contra ciudadanos, políticos o periodistas. De ese modo, reiteró que fue el Poder Judicial, a través de un juez, quien eliminó el delito de terrorismo contra Rafael “N”, a quien se le impuso un año de resguardo domiciliario como medida cautelar.
“En el caso particular del periodista Rafael ‘N’ quedó muy claro que se le vincula por delitos contra las instituciones de seguridad pública, de encubrimiento por favorecimiento, y se le fijó una determinada medida cautelar, por la que sigue el proceso”, sostuvo.
Rafael “N” fue acusado del delito de terrorismo y otros dos delitos del fuero común lo que generó críticas de organizaciones defensoras de los derechos de periodistas; incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía de Veracruz explicar lo que motivó esa primera acusación por la que el comunicador fue detenido.
2.— Se abrieron dos carpetas por asesinato del periodista Carlos Castro
Sobre el asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, cometido el pasado 8 de enero, Jiménez Aguirre enfatizó que no puede revelar cuáles son las líneas de investigación debido a la secrecía de la investigación. No obstante, refirió que se iniciaron dos carpetas de investigación: en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas y en la Fiscalía regional de Tuxpan.
“Estamos siendo exhaustivos en las investigaciones y no porque se trate de un periodista, sino porque se trata de una víctima”, expuso ante el paquete de preguntas que le formularon los diputados locales. Además, mencionó revisión de llamadas y líneas telefónicas como parte de actos de investigación sobre el crimen.
3.— Habrá más detenidos en el caso UPAV
Al hacer referencia al caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), donde se detuvo a Sergio “N”, exrector de esa institución; Jesús “N”, exdirector administrativo; y Frida “N”, exjefa de servicios financieros, adelantó que aún hay órdenes pendientes de ejecutar.
Aclaró que los delitos por los que imputaron a los tres exservidores públicos fueron ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e incumplimiento de un deber legal.
“Se detuvo al exrector y a sus colaboradores más cercanos, pero sí hay otros implicados; sin embargo, por la secrecía y para garantizar el éxito de las investigaciones, no se pueden revelar, tenemos que guardar reserva”.
Al ser cuestionada si las investigaciones alcanzan a la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tello, dijo que por la secrecía en las investigaciones no se podría abundar en el tema. No obstante, remarcó: “está claro que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión, y es un tema que se llevará conforme a derecho”.
4.— Recomendaciones de las CNDH y CEDH son áreas de oportunidad
La pasada fiscal, Verónica Hernández Giadáns, fue criticada por rechazar recomendaciones de derechos humanos; al respecto, Jiménez Aguirre confirmó que en solo 45 días ella ya aceptó tres recomendaciones, dos de ellas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Evitó responder por qué en el pasado no se atendieron las recomendaciones; sin embargo, destacó que ella ve las recomendaciones de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos como áreas de oportunidad.
“No son hechos propios, pero sí puedo manifestarle cuál va a ser mi postura en relación con las recomendaciones de la comisión estatal como de la nacional. Yo, en un acto de congruencia institucional, creo que debe valorarse cada una de estas recomendaciones, porque son un área de oportunidad para mejorar la institución”, planteó.
También lee: Hay más implicados; no quedará impune: Fiscalía de Veracruz por presunto desfalco en la UPAV
Dijo que se acreditaron deficiencias en la investigación por desaparición de personas y en un caso de tortura, lo que permite a los funcionarios ver dónde están las fallas y cómo se puede mejorar la integración de las carpetas de investigación.
“Y buscar que estos servidores públicos que incurrieron en estas fallas tengan consecuencias jurídicas, porque por sus acciones entorpecieron que familiares de víctimas obtuvieran justicia”.
Las recomendaciones son relevantes y se tiene que valorar cada una de ellas para determinar si es posible aceptarlas o rechazarlas; “son una forma de mejorar institucionalmente”.
5.— Cártel inmobiliario incluye a exservidores y funcionarios del gobierno estatal
Lisbeth Jiménez Aguirre también comentó que ya se investiga a exfuncionarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, exjueces, jueces, abogados y notarios públicos que pueden estar involucrados en una red que despoja a las familias de su propiedad en Xalapa y otros municipios de Veracruz.
Comentó que hay denuncias aisladas que involucran a diversos actores y se están analizando los patrones que se usaban para despojar a las familias de su patrimonio.
“Empezamos a notar que en varias denuncias se advierte una misma mecánica; se usó una misma forma de actuar para despojar a las familias de su patrimonio (…) se están investigando patrones y a los beneficiarios de las acciones”.
Explicó que en un inicio solo se había mencionado a notarios públicos, pero también hay despachos de abogados que se involucraron en la red. “Se tiene que ir desmenuzando, porque hay denuncias dispersas contra notarios, servidores y exservidores del Registro Público de la Propiedad, y exjueces y jueces”.
Aseguró que se darán resultados respecto de esos casos, lo anterior porque es prioritario preservar el patrimonio de los veracruzanos.
6.— Se investiga la ruta del dinero malversado en municipios y Estado
La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez hizo referencia a 361 denuncias que ha presentado el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el probable desvío de 36 mil millones de pesos; explicó que siguen en proceso de integración de las carpetas, pues todas continúan en investigación.
“Las carpetas de investigación están en integración; no se ha determinado ninguna, ni se ha archivado ninguna de ellas. Una vez que se judicialicen se va a hablar de montos recuperados; incluso, se podría dar embargo precautorio o inmovilización de cuentas de los exfuncionarios, para reparar el daño”.
Dijo que acreditar el desvío de recursos es complejo; no obstante, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está trabajando con la Unidad de Inteligencia Patrimonial de la Sefiplan, lo que ha permitido el intercambio de información que podría llegar a buen puerto.
“Tenemos que seguir el rastro del dinero y eso nos va a llevar a un buen puerto en la integración de las carpetas”, dijo, y mencionó que en su momento se conocerá si hay denuncias por las irregularidades detectadas en la remodelación del Luis ‘Pirata’ Fuentes y del estadio de basquetbol conocido como el Nido del Halcón.
7.— Si se tipifican crímenes de odio se podrá crear un área especializada
Finalmente, la fiscal general adelantó que, si el Congreso de Veracruz modifica el Código Penal e incluye el delito de crímenes de odio, se tendrá que crear un área especializada para su investigación.
Lo anterior, al ser cuestionada sobre la integración de carpetas contra personas de la comunidad de la diversidad sexual.
lm