XALAPA, VER.— Después de tres meses de que entregó la recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz por el desalojo violento de la manifestación en las inmediaciones de Granjas Carroll en junio de 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) difundió la versión pública de la cronología y los hechos de violencia en los que participaron los elementos de la extinta Fuerza Civil y que llevaron al asesinato de dos personas.
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En el documento, que es público en el portal de la CEDHV y que la SSP aceptó, se acredita que elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil —del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez— incurrieron en uso excesivo, arbitrario y desproporcionado de la fuerza contra habitantes de la localidad de San Antonio Limón Totalco, en Perote, durante el operativo del 20 de junio de 2024.
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En la recomendación se acredita que se violaron los derechos a la integridad personal y el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y se hace mención de que en el operativo se dio el homicidio de los hermanos Jorge y Alejandro Cortina, de manos de policías estatales, bajo el mando del extitular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga.
El organismo gubernamental menciona el crimen de los dos hermanos, pero no incluye a su familia como víctimas por el uso de la fuerza excesiva de los policías estatales. En la recomendación se conoció que dentro del operativo de desalojo participaron al menos 128 efectivos —que portaban armas, escudos y toletes— contra un grupo de 40 hombres que llevaban machetes y palos.
En la relatoría de la recomendación, el organismo documentó golpes, amenazas, detenciones irregulares, disparos contra civiles, ingreso a domicilios sin orden judicial y el uso de granadas de gas, acciones que dejaron personas lesionadas —incluidos adultos mayores, mujeres y un campesino—, además del reporte inicial de dos civiles asesinados.
Una de las últimas recomendaciones que firmó Namiko Matzumoto -hoy comisionada de Víctimas del Gobierno del Estado- relata que la investigación se inició de oficio tras la circulación de videos y publicaciones periodísticas que mostraban a policías ingresando a viviendas y agrediendo a pobladores que reclamaban afectaciones ambientales en la región.
“Golpearon a ancianos, mujeres y jóvenes”, relatan habitantes
Testimonios citados por la CEDHV refieren que agentes de la SSP y de la Fuerza Civil agredieron a manifestantes que se encontraban desarmados y realizando una protesta pacífica. Entre las víctimas se encuentran:
- Justo Soto García, adulto mayor con fractura nasal y golpes en el rostro.
- Guadalupe Serrano, de 81 años, esposado y lesionado.
- Bernardina Demetrio y Arely Hernández, amenazadas dentro de una vivienda.
- Guillermo Zamora, campesino golpeado mientras pastoreaba animales.
Videos muestran allanamientos y disparos desde patrullas
La Comisión cuenta con videograbaciones en las que se aprecia a elementos disparando desde la batea de una patrulla y dentro de un domicilio, sin motivo aparente, dice la versión oficial.
Aunque la SSP negó estas acciones, sus propios grupos operativos admitieron haber accionado armas para “repeler agresiones”, luego de que —aseguraron— los pobladores habrían disparado, versión que rechazaron elementos de la Guardia Nacional, el IPAX y autoridades municipales.
Una integrante de la Guardia Nacional fue captada intentando impedir que agentes estatales golpearan a un adulto mayor.
Según los datos recabados por la CEDH, un grupo de policías acudió a la carretera federal 140, a la altura del poblado de Totalco, en Perote, frente a las Granjas Carroll, con la idea de llevarse a uno de los participantes de la manifestación —que tenían identificado como líder del grupo—, pues el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quería hablar con él. No obstante, los pobladores no les permitieron subirlo a la patrulla.
“Los agentes de la Guardia Nacional señalaron que, a las 11:30 horas del 20 de junio de 2024, arribaron dos unidades de la Fuerza Civil de Veracruz, cuyos agentes trataron de llevarse por la fuerza a un ciudadano […] manifestando […] que el secretario de Seguridad Pública quería hablar con él. Al no poder aprehenderlo, en virtud de la oposición de la ciudadanía, se retiraron indicando que ‘regresarían con [más] apoyo’”, relata el documento.
Una hora y media más tarde, se presentaron un centenar de policías portando equipos antimotín —escudo y bastón PR-24—, granadas de humo y armas de fuego cortas y largas.
Según los datos que proporcionó la SSP, se comisionó a 83 elementos de la Policía Estatal y 41 agentes de la extinta Dirección General de la Fuerza Civil para acudir al bloqueo de la carretera federal, a la altura del poblado de Totalco, es decir, se envió a 124 policías operativos a dispersar a poco más de 40 manifestantes.
La versión de los pobladores y de elementos de la Guardia Nacional —que llegaron a brindar apoyo ante el cierre de la vialidad, en tanto llegaban las autoridades estatales— es que, al arribo a la comunidad de Totalco, los policías estatales agredieron a la población “sin diálogo alguno, lanzando granadas de humo y accionando sus armas de fuego en contra de los civiles, agrediendo a golpes a las personas manifestantes”.
Versión oficial no concuerda con la declarado por los pobladores
Según el parte del subdirector de Agrupamientos de la Secretaría, los policías estatales acudieron en “apoyo” a la Delegación XV con base en Perote de la Dirección General de la Fuerza Civil, puntualizando que “las instrucciones giradas y/o recibidas fueron transmitidas de forma verbal”.
Argumentaron que pidieron de manera respetuosa a por lo menos 100 personas, que estaban obstruyendo la circulación vial, portando “palos, machetes y piedras”, y que se hacían acompañar de 200 más, que se retiraran del lugar, pero ellos actuaron de manera agresiva.
“Un aproximado de cuarenta personas del sexo masculino se lanzaron con los palos de madera y con piedras en contra de los elementos tanto de la Fuerza Civil como de la Policía Estatal, dispersándose para tratar de disuadir a las personas […] y lograr que se quitaran de la vialidad”.
De la relatoría se informó que una agente de la Fuerza Civil relató que “entre los manifestantes se encontraba gente armada”, mientras que otros elementos de Seguridad Pública hicieron referencia a detonaciones de arma de fuego por parte de la población civil, lo que los llevó a reaccionar y disparar al aire para dispersar a los manifestantes.
Contrario a la versión de los policías estatales de Veracruz, la CEDHV logró acreditar un sinnúmero de balas en paredes y portones de las casas ubicadas en las inmediaciones de la carretera federal, lo que evidencia que los elementos de la SSP accionaron sus armas contra la población y manifestantes, y no solo buscaban dispersarlos con balas al aire.
Por lo anterior, el organismo resolvió que:
- La SSP no agotó los niveles mínimos de uso de la fuerza.
- La actuación policial fue indiscriminada, desproporcionada y no obedeció a estándares internacionales.
- Hubo violaciones al derecho a la vida, integridad personal y seguridad jurídica.
- Se vulneraron también derechos de mujeres a una vida libre de violencia.
La CEDHV emitió medidas obligatorias de reparación integral, garantías de no repetición y capacitación al personal policial, además de investigaciones por órganos internos de la SSP, luego del asesinato de dos personas.
fm