XALAPA, VER.- Minerva Regina Pérez López, nueva presidenta interina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aceptó la recomendación emitida por el organismo autónomo por el actuar de elementos de Fuerza Civil durante el desalojo de manifestantes en Totalco, Perote, en junio de 2024, el cual dejó a dos campesinos assesinados.
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La funcionaria explicó que ahora corresponderá a las autoridades de la SSP dar cumplimiento a los puntos recomendatorios emitidos por la CEDH Veracruz.
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¿Qué paso en Totalco?
El 20 de junio de 2024, los hermanos Jorge y Alberto Contina fueron asesinados presuntamente por elementos de la Fuerza Civil, quienes acudieron a desalojar a integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental. Ambos recibieron disparos por la espalda.
Un día antes, el 19 de junio, pobladores de Veracruz y Puebla habían instalado un plantón en la carretera federal San Hipólito–Xalapa, a la altura de Totalco, denunciando que la empresa Granjas Carroll acaparaba el agua de la zona y contaminaba el medio ambiente con sus granjas porcinas.
Durante el operativo, los policías abrieron fuego contra los manifestantes y alcanzaron a los dos hermanos, quienes no participaban directamente en la protesta.
El viernes 12 de julio del mismo año la FGE emitió un boletín en el que reportó la detención de Joel N y Juan Carlos N, quienes se desempeñaban como elementos de la Fuerza Civil, “como probables responsables del delito de abuso de autoridad”. Tres días después se confirmó que fueron vinculados a proceso por ese mismo delito.
El mismo 15 de julio el extitular de la Secretaría de Seguridad Publica, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, confirmó que al menos cinco elementos de la Fuerza Civil (FC) fueron detenidos por el desalojo de Totalco, en Perote.
¿Qué deberá hacer la SSP?
Al respecto, Pérez López detalló que el punto recomendatorio central solicita la apertura de una investigación administrativa para determinar si los servidores públicos que participaron en los hechos incurrieron en responsabilidades por el uso excesivo de la fuerza. Además, se pide que las víctimas sean reconocidas formalmente en el Registro Estatal de Víctimas.
Sobre si la recomendación incluye una disculpa pública, la presidenta de la CEDH aclaró que no fue solicitada en este caso.
Cuestionada sobre el tiempo que tomó emitir la recomendación —más de un año— y considerando que el caso tuvo amplia cobertura mediática e incluso derivó en la desaparición de la Fuerza Civil, Pérez López explicó que cada expediente requiere un análisis profundo, con investigaciones y solicitudes de información a diversas autoridades.
“No hubo resistencia de las autoridades para entregar información, pero estos procesos llevan tiempo, ya que se deben recabar testimonios, solicitar informes y analizar las circunstancias particulares de cada caso. Lo importante es que finalmente hubo voluntad de aceptar la recomendación y de dar seguimiento a su cumplimiento”, puntualizó.
fm