XALAPA, VER.- La presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó un daño patrimonial de dicho organismo en la cuenta pública 2021 que supera los 80 millones de pesos, según las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La litigante aseguró que la Contraloría Interna del Poder Judicial, lo mismo que la ASF, tendrán que tomar medidas legales correspondientes, como son procesos sancionatorios y denuncias penales, por no acreditar el gasto de los recursos públicos durante la administración de la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz.
“Fuimos notificados, se le fue haciendo todo el seguimiento, enviamos la documentación para solventar y la ASF determinó que esa documentación no era suficiente”, planteó la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Comentó que ahora corresponderá a la ASF iniciar los temas penales, concretamente con denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); además dijo que el Poder Judicial también podrá presentar querellas.
“Una vez que ellos detectan la irregularidad la pasan al área de responsabilidad patrimonial para iniciar un procedimiento sancionador, de ahí lo pasan al jurídico, que son los que interponen denuncias. Lo que hace la ASF en materia patrimonial, nosotros también ponemos nuestra propia denuncia”.
“Ellos ya nos están diciendo que hay un problema, no se solventó, ya no solventará y ahora se tendrá que iniciar con el proceso legal”, dijo en entrevista este 7 de marzo.
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De acuerdo con un documento de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, la administración del Poder Judicial, cuando aún estaba al frente Joana Marlen Bautista Flores, no contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021 (salarios, bonos y prestaciones). En consecuencia, empleó indebidamente recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para poder hacer frente a esos pagos, considerados en la acción 2021-E-30004-19-1870-03-001.
Para la ASF, el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o justificar “el haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de al Llave y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”. Por ello, enfatiza, subsiste el monto observado por 82 millones 4 mil 811 pesos.
También en 2022 tienen observaciones por 20 mdp
Como parte del pliego de observaciones que se entregó al Poder Ejecutivo en la revisión de la Cuenta Pública del 2022, el Poder Judicial fue requerido para explicar por qué algunos trabajadores ganaron más de lo que establece el tabulador, el proceso de adjudicación de algunos contratos, especialmente de las ciudades judiciales.
La ASF auditó el capítulo de Servicios Personales. La Sefiplan remitió más de mil 96 millones para el pago de la nómina, pero, al revisar el pago a 3 mil 906 trabajadores, se identificaron 56 pagos a 53 trabajadores en los que los conceptos de compensación temporal y compactable y bono único extraordinario era superior en 153 mil 852 pesos.
Además, se realizaron 31 movimientos de pago a 12 trabajadores por un importe de 568 mil 435 pesos, después de que causaron baja definitiva; otros siete pagos, entregados a seis trabajadores por 105 mil 392 pesos se transfirieron indebidamente a personas que estaban de licencia sin goce de sueldo.
En la revisión del proceso de contratación de obra, servicio o insumos, se detectó que el Poder Judicial del Estado realizó el 14.6 por ciento del total de procedimientos de adjudicación reportados, mediante procedimiento de invitación restringida; y el 85.4 por ciento por adjudicación directa.
Asimismo se observó como daño patrimonial la asignación de 13 contratos que fueron adjudicados de manera directa por un monto que supera los 15 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022.
Entre los datos que la ASF observó al Poder Judicial fueron las estimaciones de las ciudades judiciales de Las Choapas, Tuxpan y Pueblo Viejo se pagaron 3 millones de pesos de más.
fm