XALAPA, VER. - La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar una observación por el probable mal manejo de 82 millones de pesos detectados en la cuenta pública de 2021. Lo anterior, cuando Joana Marlen Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
De acuerdo con un documento de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz reconoció haber utilizado recursos federales etiquetados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con tal de poder hacer frente a obligaciones laborales en el ejercicio fiscal 2021.
Sin embargo, la administración del Poder Judicial, cuando aún estaba al frente Joana Marlen Bautista Flores, no contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021 (salarios, bonos y prestaciones). En consecuencia, habría empleado indebidamente recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para poder hacer frente a esos pagos, considerados en la acción 2021-E-30004-19-1870-03-001.
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En consecuencia, concluye la auditoría de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o justificar “el haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de al Llave y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”. Por ello, enfatiza, subsiste el monto observado por 82 millones 4 mil 811 pesos.
Las acciones emprendidas por el Poder Judicial de Veracruz, durante la administración de la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz, violentarían disposiciones de la Ley de la disciplina financiera. La ASF dio por “No solventado el Pliego de Observaciones que se identifica con al clave 2021-E-30004-19-1870-06-001” y advierte que procederá conforme a los términos establecidos en el Título Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables.
PJ prometió ahorro de 22 millones pero gastó 82 más de lo presupuestado en 2021
Cabe mencionar que, en junio de 2021, la entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, anunció el cierre de 29 juzgados en Veracruz, con lo que dijo ahorraría un total de 22 millones de pesos, como parte de un plan de austeridad, optimización y disciplina presupuestal. La decisión fue presumida por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien presumió al Poder Judicial como ejemplo nacional de austeridad y disciplina financiera.
Pese a esas medidas, en septiembre de 2021, el Poder Judicial solicitó al Congreso local una ampliación presupuestal por 519 millones 991 mil pesos, adicionales a los mil 614 millones que tenía aprobados para ese año. El organismo argumentó un déficit presupuestal de 468 millones de pesos que le impedían cumplir con funciones jurisdiccionales y administrativas, así como para cumplir con el pago de las asociaciones público-privadas, para la construcción de ciudades judiciales. A los compromisos se le sumaba la entrada en operación de los tribunales laborales.
La propia expresidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, reconoció en un evento público que no contaban con dinero para cambiar “los sapos de los baños”. Pese a la solicitud, la Secretaría de Finanzas y Planeación solo le otorgó al Poder Judicial 200 millones extras para el cierre del ejercicio fiscal 2021.
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Joana Bautista suma señalamientos por presuntos actos de corrupción
El pasado 9 de febrero de 2024, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó la existencia de 4 denuncias penales por presuntos actos de corrupción cometidos al interior del organismo. Aunque dichas querellas se presentaron contra quienes resulten responsables, los hechos corresponden a 2023, el último año que Joana Marlen Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Jiménez Aguirre refirió que las 4 denuncias están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial. Entre los posibles actos constitutivos de delito, destaca la probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las cuales el Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos.
De acuerdo con la también presidenta del Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde octubre de 2023 ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM) y serán las autoridades encargadas de procurar justicia quienes delimiten responsabilidades.
mb