Luego de permanecer 11 años en calidad de víctimas de desaparición forzada, tres policías municipales de Veracruz fueron declarados oficialmente como "ubicados" en diciembre pasado, según se indica en el nuevo censo de personas desaparecidas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a finales del año 2023. Sin embargo, las familias de esos tres policías aclararon que sus hijos y esposos permanecen desaparecidos y que la información incluida en el nuevo censo del gobierno federal, al menos en relación con sus casos, es falsa.
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Además de los tres policías que se dan por ubicados, el censo realizado por las autoridades federales menciona que otros cuatro policías raptados en el mismo episodio (Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Aureliano Sánchez Tonil y Alejandro Báez Hernández), fueron categorizados como víctimas sobre las que "se requiere información de identidad", mientras que al policía Guillermo Torres Perdomo se le listó como víctima con reporte incompleto, del que “se busca reportante”, por lo que entra en la categoría de personas “sin indicios para la búsqueda”.
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Tal como informó la secretaria de Gobernación federal, Luisa María Alcalde, durante la conferencia del presidente López Obrador realizada el 14 de diciembre pasado, hasta el mes de agosto de 2023 se contaba con un registro de más de 110 mil víctimas de desaparición en México. Sin embargo, anunció, con un nuevo censo de víctimas realizado entre mayo y noviembre, se logró reducir esta cifra a sólo 12 mil registros "confirmados".
Según lo informado por Alcalde, el nuevo censo permitió "localizar" a 16 mil 681 personas, ya sea porque servidores públicos se encontraron con esas víctimas "cara a cara", porque se confirmó su defunción, porque las hallaron en cárceles, o bien porque el gobierno federal recibió "un informe por parte de la autoridad local de que ya se había cerrado la carpeta, ya se había localizado a la persona desaparecida".
Además, señaló la funcionaria pública, se identificaron otros 26 mil registros que carecen de datos suficientes sobre la víctima para confirmar la veracidad del reporte o para emprender su búsqueda, mientras que otras 17 mil 843 personas desaparecidas fueron recategorizadas como "Personas ubicadas", es decir, personas que no han sido físicamente localizadas, pero que la autoridad cuenta "con datos que confirman (que están con) vida" o, incluso, "se ha hablado con ellos (telefónicamente) o con algún familiar".
Sobre el significado de la categoría “personas ubicadas”, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha señalado que esta se refiere a personas que no han sido localizadas físicamente, pero “tenemos indicios útiles que podrían llevarnos a una eventual localización efectiva”. Por esta razón, la definición de ubicado implica que no se ha concluido el procedimiento de formalización de la localización, de acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Los “indicios” de ubicación sin localización, explicó la CNB, pueden ser acciones presuntamente realizadas por las víctimas después de la fecha de su desaparición, tales como registros de matrimonios, citas médicas, actualizaciones fiscales, recepción de programas sociales y vacunaciones Covid. Además, también se incluye en la categoría de personas ubicadas los casos de víctimas presuntamente fallecidas, a partir de registros forenses.
La de "Personas ubicadas" es, precisamente, la nueva categoría que las autoridades asignaron a los casos de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina y Samuel Montiel Perdomo, tres policías municipales del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, que junto con otros cinco compañeros de corporación fueron raptados y desaparecidos por agentes estatales el 11 de enero de 2013, durante el sexenio de Javier Duarte.
Hasta la fecha, aclaró Martha González, mamá del policía municipal y paramédico, Luis Alberto Valenzuela González, "no me han informado las autoridades estatales o federales que haya indicios que pudieran conducir al hallazgo de mi hijo. A mí nunca me han hecho el censo, nunca nadie se ha presentado aquí en mi casa. El gobierno federal está mal, está haciendo un pésimo trabajo, porque dan por localizado a mi hijo (...) El gobierno, por querer bajar los índices de desapariciones forzadas, se inventa todo eso, pero no pueden tapar el sol con un dedo".
Acompañada por las esposas de los otros agentes desaparecidos en Úrsulo Galván, y hablando en nombre de todas ellas, la señora Martha González advirtió que las autoridades federales no buscaron a ninguna de estas familias durante el censo que supuestamente se realizó "casa por casa" para preguntar sobre el paradero de las víctimas reportadas, tal como el mismo presidente López Obrador dijo que se hizo, por lo que cualquier información incluida en dicho censo sobre sus hijos y esposos carece de respaldo.
La señora Martha González aclaró que las autoridades federales anunciaron los resultados de su nuevo censo de desaparecidos justo cuando ella, junto con el resto de las familias de los policías de Úrsulo Galván, realizaban una jornada de búsqueda en campo, apoyadas por el gobierno de Veracruz.
"Así es que no puede ser que digan que nuestros familiares estén 'ubicados' (...) Si ellos supieran dónde están, no nos hubieran permitido ir a buscarlos en fosas clandestinas. O sea, no hay congruencia con lo que sale en el censo y que nosotras seguimos en la búsqueda, ¿a quién quiere engañar el gobierno federal?"
De esta forma, ninguno de los ocho policías desaparecidos en 2013 en Úrsulo Galván son considerados como casos “confirmados”, por el gobierno del presidente López Obrador.
Caso Úrsulo Galván, tres administraciones sin justicia
El 11 de enero de 2013, en plena administración del exgobernador Javier Duarte (2010-2016), alrededor de las seis de la tarde, ocho elementos de la policía municipal del ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, realizaban un rondín por la comunidad de El Arenal, a bordo de una patrulla oficial, cuando fueron detenidos y desarmados por agentes de la Policía Estatal, que formaban parte de un agrupamiento denominado "Grupo Tajín".
Testigos de los hechos declararon que los ocho agentes municipales fueron repartidos en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, último indicio de ellos con vida.
Durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), el caso prácticamente se mantuvo estancado, pero al iniciar el actual gobierno, el caso Úrsulo Galván fue arropado por la administración de Cuitláhuac García Jiménez, cuyos colaboradores desde un inicio propusieron aceptar la responsabilidad institucional en la desaparición de los policías municipales y ofrecer una disculpa pública.
Este acto de disculpa, sin embargo, nunca se realizó, por la negativa del gobernador Cuitláhuac García a encabezar dicho reconocimiento de responsabilidad institucional.
Este jueves, 11 de enero de 2024, se cumplen 11 años desde la desaparición de los ocho agentes de Úrsulo Galván, tiempo en el que sus familiares no han cesado la búsqueda. Por ello, la señora Marisela Sánchez, esposa del policía desaparecido Aureliano Sánchez Tonil, lamentó que "cuando (Cuitláhuac García Jiménez) tomó la gubernatura él dijo que nos iba a dar todo el apoyo, tal como nosotras se lo dimos en su momento, entonces, es una falta de compromiso hacia las víctimas la que él tiene con nosotras".
fm