Xalapa, Ver.– El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que su administración acatará las recomendaciones de las Comisiones Estatal Y Nacional de Derechos Humanos por la desaparición forzada de ocho policías municipales en Úrsulo Galván y de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, ocurridas el 11 de enero de 2013 y 2016, respectivamente.
LA SILLA ROTA publicó el trabajo “El Policía de Duarte con licencia para matar” sobre el exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marcos Conde Hernández, a quien se les acusa junto a sus subordinados de ejecutar estos crímenes de lesa humanidad, en los municipios de Úrsulo Galván y Tierra Blanca.
Actualmente, siete de sus escoltas de la SSP están presos en el penal de máxima seguridad en Gómez Palacio Durango, en espera de una sentencia condenatoria. Uno más permanece prófugo de la justicia.
El policía de Duarte con licencia para matar
Por los casos Úrsulo Galván y Tierra Blanca, las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos emitieron las recomendaciones 03/2017 y 5VG/2017, respectivamente. Ambos organismos coincidieron en una colaboración entre los cuerpos policiales de Veracruz e integrantes de la delincuencia organizada para desaparecer a sus víctimas.
La CNDH advirtió en el documento 5VG/2017 sobre “violaciones al derecho humano a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas”, ello apoyado en la declaración de ocho ex policías estatales y algunos civiles detenidos que reconocieron formar parte del CJNG.
Sin embargo, las familias de las 13 víctimas lamentan el retraso en la justicia. Disculpas públicas por parte del Gobierno de Veracruz y sentencias aún pendientes, que no ha acatado el gobierno estatal y que coinciden, abonarían a castigos ejemplares y a la no repetición de estos agravios.
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Ambas recomendaciones se emitieron en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, pero no fueron cumplidas. Las víctimas indirectas han pedido como parte de la reparación integral del daño una disculpa pública, sentencia contra los responsables e investigar la cadena de mando de la SSP, hasta llegar al exsecretario Arturo Bermúdez Zurita y al exgobernador Javier Duarte.
Cuestionado sobre estos dos casos en la inauguración de la pavimentación de la calle Pico de Orizaba de la colonia Sipeh Ánimas, el mandatario estatal dijo "Él no la acató (Miguel Ángel Yunes Linares) pero nosotros sí, vamos a ir a la Ciudad de México como ellos lo piden y allá haremos las disculpas públicas en el formato que ellos nos van a decir".
Agregó que se entregarán recursos como parte de un acuerdo de indemnización que se hizo con los familiares de las víctimas.
"Vamos a ir resarciendo el daño que otras administraciones causaron, es algo que no debió haber pasado, pero nosotros actuamos ya, hay que dar atención a las víctimas. Nunca se va a poder decir que se ha reparado el daño. Es grande, es doloroso, pero también sería doloroso no prestar la atención debida”.
Los casos Úrsulo Galván y Tierra Blanca
El 11 de enero de 2013, a las 18:00 horas, ocho policías municipales de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina para no regresar más a sus hogares. Se trata de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.
Los ocho oficiales -media planilla de dicha corporación- se reportaron con sus esposas y uno de ellos con su madre. De acuerdo con la declaración de un vendedor de cervezas, todos fueron interceptados por cuatro patrullas estatales en la comunidad de El Arenal mientras compraban esquites y posteriormente fueron desarmados. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.
El 11 enero de 2016, 5 jóvenes originarios de Playa Vicente, que regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de Veracruz, fueron detenidos por policías estatales en Tierra Blanca, al sur del estado. El fin fue el mismo: desaparecieron. Se trata de: Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, José Alfredo González Díaz y Mario Arturo Orozco Sánchez.
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De acuerdo con investigaciones judiciales, la escolta particular de Marcos Conde -ocho policías- los detuvo y entregó a una célula del CJNG que los habría asesinado en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, donde fueron hallados unos 8 mil restos humanos y diversos objetos utilizados para el robo de combustible.
En El Limón, la Gendarmería Nacional encontró un pedazo de hueso de Bernardo Benítez Arroniz y gotas de sangre de Luis Alfredo González Díaz, dos de los 5 jóvenes, y de otras 6 familias. Los demás restos encontrados, pertenecientes a 300 o 400 personas, no pudieron ser identificados por el estado de descomposición que tenían. El exsubsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que la desaparición de cuerpos en ese rancho era sistemática desde varios años atrás.
Por el caso de los 5 jóvenes hay 21 detenidos: 13 civiles, acusados de ser parte de una célula del CJNG y 8 policías estatales, entre ellos Marcos Conde.