XALAPA, VER.- Abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y representantes del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron retirados de la audiencia de vinculación a proceso contra la jueza Angélica Sánchez Hernández. El juez de control y compañero de la imputada, Roberto Santos Maldonado Morales, determinó que la audiencia de este miércoles 21 de junio sería privada.
Sobre su decisión de retirar de la audiencia a 6 defensores federales, el juez Roberto Santos Maldonado Morales argumentó que no tienen competencia en este proceso penal. Ante esta determinación, abogados del IFPD refirieron que no descartan promover un amparo federal.
“Después de debatir por casi 2 horas, el juez de control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica Sánchez Hernández, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial”, publicó la defensoría federal en su cuenta de Twitter.
Los representantes del IFPD consideraron que la determinación del juez Roberto Santos Maldonado Morales es restrictiva del derecho a una defensa adecuada. “El juez de control determinó que la audiencia sería privada en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, Veracruz, restringiendo el principio de publicidad del proceso penal”, se lee en el posicionamiento del organismo.
Por su parte, los representantes del Alto Comisionado de la ONU salieron del juzgado de Pacho Viejo, Veracruz, alrededor de las 3 de la tarde, pero decidieron no dar una postura a medios de comunicación.
La audiencia de este miércoles 21 de junio cobra relevancia pues el juez de control Roberto Santos Maldonado Morales determinará la vinculación o no a proceso de su colega, a quien el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, responsabilizó mediáticamente de liberar “sospechosamente” a Itiel N, alias “El Compa Playa”, uno de los objetivos prioritarios en su mandato en materia de seguridad.
Angélica Sánchez Hernández, jueza de control del distrito judicial de Huatusco, Veracruz, fue detenida -por segunda ocasión- el pasado 16 de junio en un hotel de la Ciudad de México y posteriormente imputada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ese mismo día, durante la primera parte de la audiencia inicial, el juez Maldonado Morales también determinó que sería privada y retiró a representantes de los medios de comunicación.
El juzgador concedió dos argumentos de la parte acusadora, la Fiscalía General de Veracruz, quien solicitó que no hubiera medios. Uno: que durante la audiencia se revelarían datos relacionados con otra carpeta de investigación. Dos: se nombraría a otra persona acusada por el mismo caso que la jueza Angélica Sánchez.
Durante la continuación de la audiencia inicial de este 21 de junio, abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) harían equipo con los abogados de la jueza detenida e intentarían que ella no fuera vinculada a proceso. Si eso no ocurriera, debatirían para que la medida cautelar de prisión preventiva justificada le fuera variada por otra que le permitiera enfrentar el juicio en libertad.
El abogado particular de la jueza, Ricardo Aguilar Rodríguez dijo que solicitaron una audiencia para volver a debatir la medida cautelar que le fue fijada a su clienta el pasado 17 de junio. “Hemos un solicitud de revisión de la medida cautelar, desde ayer, sin embargo no nos han notificado. Consideramos que seguramente el juez abrirá debate antes de iniciar la continuación de la audiencia inicial y ahí podremos exponer nuestros argumentos”.
La medida cautelar de prisión preventiva justificada fue considerada desproporcionada por el Instituto Federal de Defensoría Pública, organismo que, junto a asociaciones de juezas y magistradas, solicitaron medidas cautelares en favor de la juez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Jaqueline Sainz, titular de la unidad de Litigio Estratégico del IFDP, dijo en entrevista: “Hemos insistido ante los medios que la medida cautelar que se le impuso de prisión preventiva ha sido desproporcionada y facciosa. Seguimos sosteniendo que no hay materia para sostener un riesgo de fuga, debió haber sido cualquier otra medida menos la prisión preventiva”.
Por su parte, Sofía de Robina, secretaria técnica del combate a la Tortura del IFDP, reiteró que la participación de su equipo está motivada en “múltiples irregularidades” documentadas en el caso de la jueza. “Hemos visto las múltiples irregularidades, incluyendo la resolución del juez de no celebrar la audiencia de manera pública. Lo que hemos analizado es que los elementos por los que se le acusan tienen que ver precisamente con su labor jurisdiccional, donde después de acatar un sentencia federal de amparo la jueza decidió no vincular a proceso a una persona”.
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fm