XALAPA, VER.- Con presencia del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de defensores públicos federales, este miércoles 21 de junio se reinició la audiencia inicial contra la jueza Angélica Sánchez Hernández, imputada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
Esta audiencia cobra relevancia pues el juez de control Roberto Santos Maldonado Morales determinará la vinculación o no a proceso de su colega, a quien el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, responsabilizó mediáticamente de liberar “sospechosamente” a Itiel N, alias “El Compa Playa”, uno de los objetivos prioritarios en su mandato en materia de seguridad.
El abogado de la jueza, Ricardo Aguilar Rodríguez, solicitó por segunda ocasión la presencia de medios de comunicación en la audiencia, así como del Alto Comisionado de la ONU, en calidad de observadores. Sin embargo, el juez Roberto Santos Maldonado nuevamente determinó que la audiencia sería privada. Para justificar su decisión, la audiencia fue celebrada en la sala más pequeña de los juzgados locales -con escasos asientos para el público-, donde, además, no funcionaba el aire acondicionado.
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Aguilar Rodríguez confirmó en entrevista la participación en esta audiencia de abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes se sumarían a la estrategia de defensa de Angélica Sánchez Hernández.
Como parte de dicha estrategia, el abogado Aguilar dijo que solicitaron una audiencia para volver a debatir la medida cautelar que le fue fijada a su clienta. “Hemos un solicitud de revisión de la medida cautelar, desde ayer, sin embargo no nos han notificado. Consideramos que seguramente el juez abrirá debate antes de iniciar la continuación de la audiencia inicial y ahí podremos exponer nuestros argumentos”.
El pasado 17 de junio, el juez Roberto Santos Maldonado Morales fijó a su colega la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, por lo que fue ingresada al penal de mediana seguridad de Pacho Viejo, Veracruz. Esta medida fue considerada desproporcionada por el Instituto Federal de Defensoría Pública, organismo que, junto a asociaciones de juezas y magistradas, solicitaron medidas cautelares en favor de la juez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Prisión preventiva contra jueza es desproporcionada: Defensoría
Jaqueline Sainz, titular de la unidad de Litigio Estratégico del IFDP, reiteró que el día de la detención de la jueza Angélica Sánchez, el pasado 16 de junio, ella contaba con una suspensión provisional de amparo, misma que mostró a los oficiales de la Guardia Nacional.
“El día de la detención en la Ciudad de México, el 16 de junio, ella les mostró la suspensión con la que contaba, la cual protege la libertad de la persona que está amparada y frente a eso el juez (Roberto Santos Maldonado Morales) dijo que no había sido notificado y en esa medida podía dictar una orden de aprehensión. Creemos que se está en una violación a esa suspensión, y el abogado de la jueza ya denunció por el incumplimiento de esta suspensión”.
Sobre la medida cautelar fijada a la jueza Angélica Sánchez, Jaqueline Sainz dijo. “Hemos insistido ante los medios que la medida cautelar que se le impuso de prisión preventiva ha sido desproporcionada y facciosa. Seguimos sosteniendo que no hay materia para sostener un riesgo de fuga, debió haber sido cualquier otra medida menos la prisión preventiva”.
Por su parte, Sofía de Robina, secretaria técnica del combate a la Tortura del IFDP, reiteró que la participación de su equipo está motivada en “múltiples irregularidades” documentadas en el caso de la jueza.
“Hemos visto las múltiples irregularidades, incluyendo la resolución del juez de no celebrar la audiencia de manera pública. Lo que hemos analizado es que los elementos por los que se le acusan tienen que ver precisamente con su labor jurisdiccional, donde después de acatar un sentencia federal de amparo la jueza decidió no vincular a proceso a una persona”, dijo De Robina.
fm