XALAPA, VER.- “Les dije que no iba a escatimar dinero para acabarlo. Aquí no hubo testigos”, advierte una mujer a unos jóvenes que graban con su celular el momento en que su amigo, Josmar “N”, es esposado por dos policías ministeriales. A pesar de no contar con una orden de aprehensión, el estudiante es trasladado a los separos de Las Choapas, en el sur de Veracruz.
“Buenas tardes, somos policías ministeriales. Párate, carnal. ¡Que te pares, no te estoy preguntando te estoy diciendo que te pares! Te vas a ir con nosotros, ahorita te voy a explicar (por qué te llevamos). Voltéate. Vámonos, apúrate, cabrón. ¡Vente, coño!”, ordena un oficial de complexión robusta y tez morena, escoltado por su compañero que porta un arma larga.
Pero los dos ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), también son acompañados por una mujer que arremete contra los compañeros de Josmar “N”, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas y sugiere haber dado dinero a los servidores públicos para acelerar la justicia.
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“Nadie de aquí se meta en este asunto, porque este chamaco es un propasado. Te lo digo -dice la mujer mirando a uno de los amigos de Josmar “N”- y se lo dije esta mañana que lo fui a ver, porque a mi hija ayer estuvo a punto de darle un infarto por culpa de este perro. Nadie se meta, les dije que no iba a escatimar dinero para acabarlo”, advierte.
Ella es madre de una estudiante de 21 años de edad, compañera de Josmar “N” en el Tecnológico de Las Choapas, a quien ha acusado de hacerle bullying y acosarla. Algunos medios de la región publicaron que por estos hechos la madre interpuso tiempo atrás una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, en esa región.
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La presunta detención arbitraria de Josmar “N” se registró la tarde del pasado martes 28 de febrero en las albercas América, en la colonia Huapacalito. “Viene gente, son judiciales, padre”, se oye decir aun amigo de Josmar “N”. “Sí pero no me pueden detener, no tienen orden de aprehensión”, responde el joven de 28 años.
Este caso genera suspicacias porque no se trató de una detención en flagrancia, pues la mujer dice en el video que su hija, un día antes “estuvo a punto de sufrir un infarto” por culpa de Josmar “N”. Tampoco se trató de una captura mediante una orden de aprehensión, pues el joven nunca fue presentado ante un juez, ni boletinado por la FGE, sino únicamente fue privado de su libertad por varias horas en los separos municipales.
Por estos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), abrió una queja de oficio ante la probable violación a la libertad personal de Josmar “N”, bajo la nomenclatura, COA/0247/2023. Así lo confirmó la presidenta del organismo, Namiko Matzumoto Benítez. Al momento, la Fiscalía estatal no ha emitido un posicionamiento sobre estos hechos.
Para el abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera, en el supuesto de que Josmar “N” acosara a su compañera de universidad, sus actos deben ser juzgados conforme a derecho, es decir, mediante una investigación eficaz de los policías ministeriales que motive a un juez a emitir una orden de aprehensión.
“No se minimiza el hecho de que podemos estar ante un joven que es señalado de haber cometido un hecho con apariencia de delito, sin embargo de la información que se tiene es muy probable que se trate de una detención ilegal, pues la privación de la libertad por parte de una autoridad solamente puede darse en dos supuestos: cuando existe flagrancia, es decir cuando se acaba de cometer el hecho delictivo o cuando inmediatamente de haberse cometido es perseguido y detenido; mientras que el otro supuesto es cuando exista una orden de aprehensión emitida por juez competente, supuestos que no se aprecian hayan ocurrido en el caso del video”, declara Espinoza.
Casos sin justicia por violaciones a derechos humanos de ministeriales
Este caso puede ser un reflejo de diversos crímenes en Veracruz donde sus familias no han recibido justicia, a causa de violaciones a derechos humanos cometidos por policías ministeriales de la FGE, en contra contra de los presuntos responsables de esos delitos, a la hora de ser detenidos u obtener sus declaraciones mediante actos de tortura.
Un caso reciente es el juicio contra Óscar Felipe “N”, presunto homicida de Miguel Ángel Sulvarán Xolo, un chef gay que fue asesinado el 13 de octubre en Xalapa al recibir una veintena de puñaladas en distintas partes del cuerpo y cuyo cadáver presentaba huellas de estrangulamiento.
Oscar Felipe “N” fue liberado el pasado 14 de febrero. Sin embargo, su libertad no la consiguió porque haya sido declarado inocente en el juicio en su contra, sino porque comprobó que durante su detención fue violado con un objeto similar a un palo de escoba por policías ministeriales.
Por los abusos contra el presunto homicida de Sulvarán Xolo, la CEDH también emitió la recomendación 091/2022, donde se requirió a la Fiscalía General de Veracruz a que, entre otras cosas, pague la atención médica de la víctima, investigar y sancionar a sus elementos ministeriales participantes en las serias violaciones de derechos humanos e indemnizar a Óscar Felipe de acuerdo con el grado de daño que presenta.
Al respecto, el pasado dos de marzo, la fiscal general, Verónica Hernández Giandáns declaró a medios que rechazó la recomendación por el caso de tortura y abusos de sus elementos en contra de Óscar Felipe “N”.
mb