El mal fario de la Consejería Jurídica
Es posible que Luisa María Alcalde, consejera jurídica presidencial, esté colocando a la presidenta Sheinbaum Pardo en una trampa jurídica y política con su propuesta de Lineamientos en busca de una por otro lado necesaria reglamentación de los derechos de las audiencias establecidos en la Constitución desde 2013, ello como complemento a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025. Las especialistas Elena Estavillo e Irene Levy encontraron al menos una docena de aspectos en los que la propuesta de Lineamientos sometida a consulta excede a la citada ley y las atribuciones que la misma le asigna a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Al parecer presenciamos excesos en la retórica al respecto por parte de los medios concesionarios a los que aplicaría esta medida, pero también en esa oficina de Palacio. Tal polarización no anticipa nada bueno. Las recientes titulares de la Consejería, María Estela Ríos, hoy ministra; Esthela Damián, entregada a la grilla partidista, y hoy con la señora Alcalde, se han caracterizado por colocar en terreno minado al mandatario en turno.
¿Hoy, propuesta UNAM?
Si no hay cambios de última hora en la estrategia, hoy se dará la resolución de la comisión técnica formada por la máxima casa de estudios para atender la crisis provocada por el examen de ingreso a carreras de licenciatura aplicado en forma virtual a aproximadamente 13 mil aspirantes provenientes de escuelas ajenas a la propia Universidad. Se trata del mayor problema (aunque no el único) que ha enfrentado el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí. El próximo día 10 de agosto deberán iniciar clases, y la cuenta regresiva se estrecha. Es posible que el periodo arranque con los egresados de las escuelas preparatorias y CCH, que cuentan con el llamado pase automático.
BC y los “misiles amigos” de Morena
Quienes siguen de cerca los acontecimientos políticos en la convulsa Baja California, bajo el gobierno de la morenista Marina del Pilar, están convencidos de que los sacudimientos son provocados por facciones dentro del propio partido que encabeza Ariadna Montiel. No es tan difícil rastrear los “misiles amigos” hasta algunos de los principales aspirantes a la gubernatura, el próximo año, o en la montaña de intereses que representa el exgobernador Jaime Bonilla, afanado en colar a sus cercanos hacia candidaturas ya sea para la gubernatura o para las principales alcaldías y diputaciones, federales o estatales. ¿Quién podrá parar esa masacre doméstica?
CDMX: El otro cártel inmobiliario
El problema comenzó a explotar en la administración del exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera (2018-2024), cuando funcionarios clave de su administración se entregaron a un saqueo desaforado de bienes públicos y privados. Ello incluyó establecer una red de informantes callejeros para alertar sobre casas abandonadas o intestadas en colonias de alta plusvalía. Falsificaban documentación, sobornaban a notarios de otros estados para generar escrituras amañadas, y cambiaban datos en el Registro Público de la Propiedad. Varios de esos funcionarios, como los hermanos Luis y Julio César Serna, han enfrentado a la justicia. Otros se cobijaron en el fuero o se autoexiliaron y siguen sirviendo a gobiernos depredadores. Ahora el negocio continúa, y cada vez más las huellas digitales lo conectan con jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cuyo presidente, Rafael Guerra, ha decidido ni siquiera explicar por qué una colaboradora de la institución, Virginia Vázquez García, fue detenida por vecinos de la alcaldía Benito Juárez cuando allanaba una casa vacía y se aprestaba a apropiarse de ella. Tras la presión de las autoridades, ayer fue detenida por agentes de la Fiscalía.
