Palacio hila red para lo que venga
El despliegue de posturas presidenciales sobre el aparente involucramiento de agencias de seguridad norteamericanas en el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “Mayo” Zambada, parece encaminarnos a congelamiento en la colaboración con esas instancias, llámese FBI, DEA o el conjunto del Departamento de Justicia.
Más allá de debatir con argumentos jurídicos y políticos algo que este mes cumplirá dos años de ocurrido, el gobierno Sheinbaum parece reaccionar ante dos hipótesis que han dominado durante las últimas semanas la conversación real en la comunidad internacional de inteligencia: los indicios de que el FBI intentó extraer de su escondite -cualquiera que sea, menos su casa en Culiacán, contra lo que él asegura- al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
El otro escenario es la posible cercanía de nuevas acusaciones, diseñadas en Washington, con más narco-políticos mexicanos, entre ellos algunos gobernadores. En la presente atmósfera, ello no supondría una presión notablemente superior si el gobierno mexicano decidió ya cerrarse, pero ofrecería rendimientos decrecientes para la administración, que no parece perder de vista sus elecciones intermedias de noviembre.
Futbol: Los festivales de las multas
Se diría que las sucesivas multas contra los principales actores mexicanos en la organización del Mundial de Futbol dibujan un rompimiento, posiblemente previo, entre autoridades federales, la empresa Televisa y la Federación Mexicana de Futbol. Una suerte, literalmente, de cobro de facturas.
El primer caso fue por el “préstamo” que en términos un tanto forzados fue extendido a la televisora para la instalación del llamado “Fanfest” en el área del Campo Marte ubicado en la ciudad de México, donde coinciden atribuciones del gobierno de la ciudad de México, a cargo de la morenista Clara Brugada, y la Secretaría de la Defensa, que encabeza el general Ricardo Trevilla.
Una vez que los festejos se enfriaron, la Secretaría de Hacienda, que conduce Edgar Amador, impuso a Televisa una contraprestación por 42 millones pesos. Una cifra casi idéntica dispuso a la Femexfut la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buerostro, por presuntas deficiencias en el manejo de los datos personales que fueron requeridos para la emisión de identificaciones a diversos involucrados.
Ulises Lara y el caso Lozoya
Abogados de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, reportan haber recibido llamadas telefónicas intimidatorias para negociar personalmente con Ulises Lara, titular de Investigación de Asuntos Relevantes de la fiscalía federal -exfiscal capitalino y expareja de la ministra Lenia Batres-, el manejo de las acciones para reavivar el caso de la compra de la planta chatarra Agronitrogenados, que ahora llevó a la detención de Susana Lozoya, hermana del otrora funcionario, la cual todavía no cumplía 20 años cuando se efectuó la adquisición, en 2013.
Se trata de un litigio iniciado a finales del gobierno Peña Nieto, retomado por la administración López Obrador como emblema de su presunta batalla contra la corrupción. Lozoya Austin, millonario de juventud, casado -ahora divorciado- con una heredera europea multimillonaria; hijo de un secretario de estado, involucró en sus negocios también a su madre, reducida a prisión domiciliaria. En la historia hay un trasfondo de pugnas con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Lozoya y sus abogados aseguran que bajo la gestión de López Obrador nunca se les permitió presentar alegatos sobre complicidades de Peña Nieto y de Videgaray.
Canal 11, ¿cadáver insepulto?
Convertido durante la administración López Obrador en reducto del infantilismo de izquierda que encarnó la corriente más obtusa de la llamada “cuarta transformación”, Canal 11 cumplirá la próxima semana dos meses con sus instalaciones tomadas por un grupo de perfil indefinido que reivindica causas estudiantiles formado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.
Sus productores peregrinan para generar un mínimo de contenidos. La actual dirección de esa señal, a cargo de Renata Turrent, no ha podido sacudirse el lastre de Jesús Ramírez y Jenaro Villamil -aún funcionarios federales de alto nivel-, quienes montaron un pírrico espacio de propaganda cuya irrelevancia se confirma hoy por la absoluta apatía (social y gubernamental) ante una crisis que quizá sea terminal. Triste manera de sepultar un proyecto de 67 años, alguna vez animado por iniciativas educativas, culturales y de servicio a la infancia.