Misterio sobre explosivos para la CNTE
Producto al parecer de trabajos de inteligencia, agentes federales decomisaron explosivos con morteros improvisados para ser lanzados; ello, en un vehículo proveniente de Guerrero interceptado en la caseta de entrada a la ciudad de México. La acción habría coincidido con la ceremonia que a un par de kilómetros encabezaba la presidenta Sheinbaum para abanderar a la selección mexicana de futbol que a partir de este jueves participará en el Mundial. La información oficial no establece que haya detenidos. Se asumió que el cargamento sería entregado a activistas de la CNTE, con presencia dominante en Oaxaca, pero de amplia presencia también en la entidad guerrerense, Chiapas y Michoacán. El suceso despierta muchas interrogantes en este complejo momento. ¿En verdad los explosivos fueron enviados desde la Normal de Ayotzinapa? ¿A quién podría haber beneficiado su uso ante turistas del todo el mundo? ¿A los maestros en paro?
El Mundial horrible de Brugada
La lista de contratiempos en la capital del país rumbo del Mundial de futbol ha traído una cadena de pesadillas para la jefa de Gobierno de la ciudad, la morenista Clara Brugada. De poco sirvió su exasperación ante el director del Metro, Adrián Rubalcava, en el que no confía. A unas horas del arranque de la justa deportiva, ese sistema de transporte hace agua literalmente (ayer se inundó en múltiples estaciones). Tuvo crisis por los ajolotes (acaso con clasismo de por medio), por los pasos peatonales doblemente pintados, por obras incompletas, por una ciclopista como única “proeza”, y por la tontería de los videos del secretario de Gobierno, César Cravioto… Todo anticipa para la señora Brugada no una plataforma para catapultar su imagen, sino un fracaso. El jueves del partido inaugural habrá marchas hacia el estadio Azteca protagonizadas lo mismo por madres buscadoras que por maestros, trabajadores de la salud y media docena más de contingentes. Para rematar, ayer una encuesta levantada por el Instituto Mexicano para la Competitividad arrojó que la ciudadanía percibe a la ciudad de México con la mayor corrupción pública entre las entidades del país.
Aeropuerto maquillado ¿y seguro?
La entidad Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló ayer una nueva indagatoria sobre las que las autoridades señaladas tienden a guardar silencio, como si nada ocurriera. Pero sí ocurre. Este lunes se difundió una investigación según la cual la Marina, responsable de la operación del aeropuerto de la ciudad de México, otorgó contratos por casi 1,200 millones de pesos a empresas a las que asignó puntos de inspección y seguridad, pero que fueron previamente señaladas por la Fiscalía General de la República como ligadas al grupo criminal del empresario Raúl Rocha Cantú, tabasqueño (¿le extraña a usted?) y dueño de Miss Universo.Cuando visite las dos terminales de la terminal aérea y detecte a los ubicuos trabajadores de la compañía SERPROSEP (ahora dotados con nuevos chalecos con alegres distintivos del Mundial de futbol), sepa que uno de sus accionistas tiene pendiente una orden federal de aprehensión. En septiembre de 2025, ante el escándalo del huachicol fiscal que involucra a su antecesor José Rafael Ojeda, el nuevo titular de la Marina, Rafael Morales, dijo que “sería imperdonable callar ante la corrupción”. ¿Dirá algo ahora? ¿O responderá el señor Carlos Merino, director general de ASA, protegido del senador tabasqueño (¿alguien se sorprende?) Adán Augusto López.
SLP: las buenas malas noticias
Justo cuando en el país se conmemoraba este fin de semana el Día de la Libertad de Prensa, en San Luis Potosí, que gobierna el pevemista Ricardo Gallardo, se les dictó prisión domiciliaria a dos periodistas mujeres por el “crimen” de reproducir en sus redes sociales videos que presuntamente ofenden al mandatario. Estarían en prisión de no ser por protestas internacionales. El problema mayor es que se trata efectivamente de un delito derivado de la llamada “Ley Serrano”, de oscuro origen, cuya derogación fue demandada en el Congreso local por organismos de la sociedad civil al considerarla anticonstitucional. La información oficial asegura que las informadoras aceptaron haber incurrido en una conducta ilegal, lo que parecer ser un eufemismo que oculta la humillación a la que fueron sujetas, mientras se amenazaba a otra media docena de periodistas de ser igualmente encarcelados. En esta historia ha sido implicado como instigador un polémico empresario local presumiblemente enfrentado a Gallardo. Se trata de Gerardo Sánchez Zumaya, al que se le atribuyen nexos con el senador morenista Adán Augusto López.