¿Alguien que hable con Brian Mast?
“Esto es sólo el comienzo”, dice ayer un chirriante comunicado del Comité de Asuntos Internacionales de la cámara baja en el Capitolio de Washington, que equipara a Nicolás Maduro con Rubén Rocha Moya como traficantes de drogas hacia Estados Unidos. Ese comité es presidido por el republicano de Florida Brian Mast, un veterano de guerra al que una mina en Afganistán le mutiló ambas piernas en 2010. Tiene una de las posiciones clave con las que nuestra diplomacia, y en particular la embajada en la capital norteamericana, busca trabajar para sensibilizarlas sobre las posturas mexicanas. Mast tiene casi nueve años en ese comité. ¿Alguien en ese tiempo habrá hablado con él alguna vez? ¿El excanciller Marcelo Ebrard? ¿Su relevo y anterior responsable para América del Norte, Roberto Velasco? ¿El embajador saliente Esteban Moctezuma, que estuvo seis años en el puesto? Es probable que la respuesta sea no. Y si es sí, resulta obvio que de nada sirvió. Que nadie se extrañe hoy, entonces, de esta nueva bofetada al gobierno Sheinbaum.
La Presidenta y la extradición
La Silla Rota ofrece hoy un resumen de la recopilación realizada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte con el análisis de sentencias del máximo tribunal en materia de extradición. Un equipo de abogados de Palacio y de la Fiscalía General de la República se ha zambullido en ese trabajo que ofrece dos referentes fundamentales, de plena actualidad ante lo que ocurre con el reclamo del Departamento de Justicia de la Unión Americana para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y varios personajes cercanos, entre ellos un senador, sean entregados para ser juzgados allá. Esos referentes apuntan, primero, a que nunca se ha producido un acto de desafuero de un funcionario electo mexicano para ponerlos en manos de la justicia de otra nación. Y segundo, que la práctica jurídica deja en última instancia al titular de la Presidencia de la República la decisión de determinar, o no, la extradición. Difícil tarea.
Edgar Amador y el temporal
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, debió salir ayer a plantar cara ante tendencias económicas que se alimentan mutuamente: un debilitado PIB en todos los sectores, caída en los ingresos (en particular por el bajo ISR, revelador en sí mismo), y una correspondiente baja en el gasto presupuestado. El funcionario aseguró que el segundo trimestre del año la economía mostrará mayor dinamismo con la licitación de grandes obras de infraestructura y más alta inversión pública, con lo que coincidieron diversos grupos de analistas, que prevén un moderado pero estable crecimiento el resto del año. Pero por si hiciera falta, los resultados de Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, siguen colocando en el futuro mediato el verdadero rescate de esa empresa del Estado, pese a todos los apoyos que se le dispensan.
Y mientras tanto, el tribunal electoral
Hay quienes creen ver a Gilberto Bátiz, presidente del tribunal federal electoral, deshojando la margarita sobre si la segunda vuelta de la elección judicial debe llevarse a cabo, o no, junto con los comicios intermedios de 2027. En realidad, aseguran lenguas viperinas, lo que está haciendo es esperar indicaciones de su tutor político, paisano y gobernador de Chiapas, el morenista Eduardo Ramírez, cuyo afecto por don Gilberto, se asegura, lo llevó a ordenar la impresión de millones de los “acordeones” con los que se indujo la elección de ministros, magistrados y jueces federales, en junio de 2025. Con tan buen tino que le acercaron el mayor número de sufragios hasta llevarlo a la mera presidencia. No solo eso, Ramírez y algunos aliados traviesos lograron colocar a un magistrado en la sala regional del tribunal con sede en Xalapa, Veracruz.
