"Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". — Convención Americana sobre Derechos Humanos
Jueves 23 de julio, 3:15 de la madrugada. Tras 34 horas de una audiencia asfixiante y sospechosamente hermética, el agotamiento se respiraba en el aire. ¿Se violentó el debido proceso? Por supuesto. Pero, seamos honestos: a este gobierno eso lo tiene sin cuidado. A sus 76 años, Ernesto Ruffo Appel se queda en prisión. Y no en cualquiera, va directo al Altiplano. El mensaje es claro; hoy la máxima juarista de la 4T dicta: «A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas... y si se puede, con un poco más de saña. Total, ¿qué tanto es tantito?».
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador y a siete implicados más. ¿La narrativa oficial? Delincuencia organizada, contrabando y un "huachicol fiscal" colosal: más de 2 mil 137 millones de litros de combustible operados sin aval de Energía tan solo en 2025, además de un desfalco de 166 millones de pesos. Pero el verdadero peso de esta historia no está en las cifras... está en las sombras. La audiencia entera fue blindada a puerta cerrada usando la gastada excusa de la "seguridad nacional". Patético. Hoy, el andamiaje de la opacidad institucional se resguarda cómodamente bajo esas dos palabras, lejos del escrutinio que exige y merece nuestra democracia.
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Las reacciones, por supuesto, no tardaron. Esa mañana en los micrófonos de Radio Fórmula, la voz de su abogado, el penalista Fernando Gómez Mont, fue contundente: "Así no se vale, es un abuso". Al calificar de inverosímil un supuesto riesgo de fuga, advirtió que aquí no hay sorpresas. Y para disipar cualquier duda sobre el ánimo en el Altiplano, sentenció: Ruffo no está devastado; se mantiene firme, enfrentando este embate con la entereza de un hombre de bien.
Mientras el ruido mediático intentaba salpicar falsamente las cuentas de su hija Verónica —obligando al Gabinete de Seguridad a desmentirlo de urgencia—, la realidad se imponía. El primer gobernador de oposición de nuestra historia moderna enfrentará la implacable maquinaria del Estado desde la fría celda de un penal de máxima seguridad, cargando ante muchos con la percepción ineludible de ser un preso político.
Las cartas sobre la mesa
Un día antes, el miércoles, en Palacio Nacional, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, utilizó el caso Ruffo como un caballo de Troya para legitimar la Reforma Judicial y asestar un golpe múltiple.
Ante la pregunta expresa del reportero Gaspar Vela sobre si esto es una persecución política, Alcalde no se limitó a desmentirlo. Fue más allá y construyó al villano perfecto: el juez que originalmente frenó la orden de aprehensión. El verdadero dardo político llegó al sugerir que el nuevo Tribunal de Disciplina debería actuar contra ese tipo de juzgadores, advirtiendo que pueden hacerlo "incluso de oficio".
El mensaje del poder es un arma de doble filo. Por una vía, venden la ilusión de una barredora justiciera que, extrañamente, jamás toca a los suyos (para nombres como Rubén Rocha Moya, la presunción de inocencia sí es un manto protector). Por la otra, la advertencia es fría: la nueva maquinaria punitiva está aceitada contra cualquier juez que estorbe.
¡Vaya forma de darle la vuelta al tablero! En esta nueva narrativa, Mario Elizondo Martínez —el juez que tuvo el criterio de negar la captura por falta de pruebas— es el blanco a sancionar por ser de carrera. En cambio, Alejandra Ramírez de la Vega —la jueza de guardia que entró al relevo y obsequió la prisión preventiva— es quien "hizo bien su trabajo".
La señora consejera jurídica extravió su investidura. En lugar de salvaguardar el orden constitucional, asumió el papel de fiscal política. Instruir desde el Ejecutivo a un órgano que en teoría debería ser independiente no es un análisis legal, es un amago institucional. Lo dejamos registrado para los estudiantes de derecho.
Venganzas disfrazadas de justicia
Días después, la defensa contraatacó. En su paso por Radio Fórmula y Milenio Televisión, Fernando Gómez Mont desnudó lo que a todas luces huele a venganza. Su postura fue tajante: recluir a un hombre de 76 años en el Altiplano por un presunto delito patrimonial no es justicia, es usar al Estado como guillotina. Una «canallada inadmisible» que tuerce una ley de excepción para aniquilar opositores.
El abogado destrozó el expediente exhibiendo tres absurdos insostenibles:
i) Los tiempos no cuadran: Pretenden vincular a Ruffo con presuntos delitos de 2025 y 2026 basándose en actos corporativos de 2018;
ii) El «huachicol mágico»: Nos piden creer en una red colosal de contrabando transfronterizo que, milagrosamente, operó sin la participación de un solo funcionario de Aduanas o del gobierno, y;
iii) El mito del crimen organizado: Tras un año de investigación, no existe ni un mensaje ni una llamada que conecte al exgobernador con los demás detenidos.
Al denunciar una lectura “frívola, torpe y morbosa” del caso, Gómez Mont lanzó un dardo directo a la fiscal: una cosa es el espectáculo mediático frente a los micrófonos y otra, muy distinta, sostener un expediente hueco. Tampoco quiso responder a la presidenta cuando Azucena Uresti le preguntó sobre las expresiones de la mandataria; dijo que respetaba la investidura presidencial y que no iba a entrar en debate alguno con ella.
Pero sí deja una advertencia letal para este gobierno: la historia nos enseña que quien hoy abusa del poder, mañana se duele de esa misma arbitrariedad. La guillotina del Estado, tarde o temprano, gira en sentido contrario.
Gómez Mont sabe perfectamente de lo que habla. Él ya vivió esta película en el caso Colosio, cuando frenó en seco un embate sin sustento —sin pruebas— contra el Estado Mayor Presidencial. Hoy, su mensaje para quienes retuercen la ley es claro y advierte —sin decirlo con estas palabras, pero con esa misma crudeza—: "Los carniceros de hoy serán las reses del mañana".
Al escuchar esto, la memoria me traicionó. Tuve un auténtico déjà vu de cómo se fabrica la culpa en este país. Viajé de inmediato a aquella tarde de febrero de 2013. El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, frente a las cámaras, armando el teatro mediático perfecto para anunciar la caída de Elba Esther Gordillo. Leyó su guion, pero no aceptó ni una sola pregunta de la prensa. ¿Por qué? Porque el expediente estaba prendido con alfileres y él lo sabía. Hubo un juez de consigna que se prestó al teatro.
La maestra pasó cinco años, cinco meses y once días en la cárcel. Todo para que, finalmente, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López (1954-2021) pusiera fin a la farsa. Tuve el honor de conversar con él sobre este tema antes de que la pandemia nos lo arrebatara. Como el juez probo que era —y miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales—, se limitó a analizar las pruebas: no halló elementos y aplicó la ley. Al final, el Estado apenas tuvo el descaro de pronunciar un 'usted disculpe, maestra', evadiendo por completo la reparación del daño. Un episodio que dejé registrado en este mismo espacio de La Silla Rota.
La lista de infamias es larga. Recordemos a Noé Ramírez Mandujano, el extitular de la SIEDO al que le arrebataron cinco años de libertad con las mentiras de un testigo protegido, solo para escupirle al final un miserable «usted disculpe». ¿Y qué hay de Rosario Robles? Privada de su libertad desde 2019 en una evidente venganza política, hasta que los tribunales echaron abajo el montaje de la «Estafa Maestra» y la absolvieron por completo. Su mensaje al salir lo resumió todo: «Terminó la infamia. Me encerraron, pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad». La exfuncionaria señaló directamente al fiscal Alejandro Gertz de usar todo el aparato de justicia para una cacería personal.
Durante los tres años que Robles permaneció en prisión preventiva, la FGR no presentó cargos por delitos financieros en su contra. Fue la única exsecretaria de Estado investigada formalmente en el marco de este caso.
Pero la rueda del poder es cruel e invariablemente gira. Quien hoy castiga con toda la maquinaria del Estado, tarde o temprano pierde el fuero y prueba su propia medicina. La ironía de la historia es brutal: hoy, ese mismo Jesús Murillo Karam que orquestó el espectáculo judicial contra Elba Esther Gordillo, sufre el peso desmedido de la 4T. Apenas hace unos días, un juez federal le sustituyó la prisión preventiva por resguardo domiciliario con brazalete electrónico, tras evidenciar que su proceso lleva más de dos años estancado. Y, siendo estrictamente objetivos —con la ley en la mano y sin apasionamientos—, Murillo Karam ni siquiera debería estar sometido a esa medida cautelar hoy en día.
La clave es el debido proceso
No nos confundamos. Nadie es intocable. De eso no se trata. Se trata de entender que el debido proceso no es un lujo procesal, ni una concesión del gobernante en turno: es un pilar de nuestros derechos humanos. Cuando las autoridades arman shows mediáticos en lugar de investigaciones sólidas, la justicia se convierte en un circo. Y quienes hoy retuercen la ley por venganza política, no olviden la advertencia: los criterios que hoy usan como arma destructiva, mañana, sin duda alguna, se volverán en su contra.
Ese mismo día vino la respuesta de la FGR a Gómez Mont... La FGR emitió el inusual comunicado 482/26 para pintar una raya: aquí no hay mártires, ideales, ni cacería de brujas. A Ruffo —cuyo nombre se omite en el documento oficial para cuidar el debido proceso— se le acusa de algo muy terrenal: delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La Fiscalía no responde con retórica, sino que afirma tener 96 datos de prueba sobre la mesa. Dictámenes químicos, mecánicos y de criminalística que apuntan directamente a una empresa: Ingemar S.A. de C.V. Según la investigación oficial, Ruffo no era un simple espectador; inyectó capital en 2018, apenas dos meses después de su creación, y para 2021 ya operaba como secretario del Consejo de Administración, tomando las decisiones estratégicas.
Y los números que presenta la Fiscalía son brutales. Hablan de una sofisticada red logística donde los ferrotanques declaraban apenas el 10 por ciento de su carga real. El daño documentado, hasta ahora, por 170 ferrotanques es de 100 millones de pesos, pero la Fiscalía advierte que investigan más de 4 mil operaciones irregulares. De comprobarse, el daño patrimonial a la nación podría dispararse a los 4 mil millones de pesos.
¿Y por qué enviarlo al Altiplano? La FGR evita responder el porqué de ese penal en específico y se limita a escudarse en la inflexibilidad del Artículo 19 constitucional: el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, lo que legalmente le cierra la puerta a seguir su proceso en libertad. Sin embargo, la ley procesal no es ciega. El Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla excepciones humanitarias claras, permitiendo el arresto domiciliario para imputados mayores de 70 años. Ruffo tiene 76.
Entonces, si la ley contempla esta salida, ¿por qué la necesidad de exhibirlo y recluirlo en el Altiplano, la prisión de máxima seguridad del país? Es justo ahí donde el reclamo de una "guillotina de Estado" cobra absoluto sentido.
Al final, estamos ante dos realidades incompatibles. O el Estado mexicano está usando su maquinaria para aplastar a un adversario con un expediente inflado, o estamos frente a una de las operaciones logísticas de huachicol más grandes de los últimos años, orquestada desde las altas esferas corporativas.
Al final, la FGR reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas (así terminan todos los comunicados de la institución).
Pero la FGR se niega a convocar a una conferencia de prensa para hablar del caso; prefiere atrincherarse en su estrategia de emitir comunicados leídos, evadiendo cualquier cuestionamiento. Tienen sus motivos: la última vez que enfrentaron a los reporteros por el caso del avión que trasladó a Ismael Zambada, el resultado fue un desastre mediático.
La imprecisión jurídica
Desde Palacio Nacional, la condena mediática no cede. Durante varios días, la presidenta ha utilizado el micrófono para sentenciar a Ruffo Appel; asegura que hay pruebas de sobra y jura que no estamos ante una cortina de humo. En el guion oficial, el exgobernador ya es culpable y merece todo el peso de la ley. Pero, como siempre ocurre con los excesos de poder, se les pasó la mano. El martes, durante la matutina, se le cuestionó sobre el comunicado de exmandatarios internacionales —Jeanine Áñez, José María Aznar, Mauricio Macri y Álvaro Uribe— que denuncian una persecución política. La pregunta de la prensa, formulada a modo para subrayar los antecedentes penales de los firmantes, fue el montaje perfecto para el remate presidencial.
La presidenta desestimó categóricamente las acusaciones de persecución política. Aseguró que se trata de un tema estrictamente criminal, relacionado con el contrabando de combustible y respaldado por las investigaciones de la FGR. Sin embargo, al defender la solidez del caso, cometió una imprecisión jurídica importante al declarar textualmente:
"Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado [sic] y que hay suficiente información, por parte de la Fiscalía, para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez".
El uso del término "juzgado" en esta etapa resulta técnica y legalmente incorrecto. El proceso contra Ruffo se encuentra en su fase inicial (con una orden de aprehensión y vinculación a proceso); por lo tanto, el acusado goza del principio constitucional de presunción de inocencia.
Afirmar desde el atril presidencial que un individuo ya está "juzgado" antes de que concluya el juicio y se dicte una sentencia firme, representa un exceso discursivo que pasa por alto el debido proceso.
Minutos después, Nancy Flores, reportera de Contralínea y habitual defensora del oficialismo en sus entregas, asumió la tarea de intentar ayudarle a la presidenta. En vez de plantear un cuestionamiento genuino sobre el expediente, utilizó su turno al micrófono para lanzar un ataque frontal contra la credibilidad de Fernando Gómez Mont, el abogado defensor.
En su afán por aplastar la narrativa de la defensa, la reportera no solo acusó a Gómez Mont de mentir en su «gira de medios». También desenterró su paso por la Secretaría de Gobernación en el calderonismo: le echó en cara su supuesta omisión en el caso García Luna y usó de ariete al hoy coordinador gubernamental, Arturo Zaldívar, para acusar al abogado defensor de encubrimiento en la tragedia de la Guardería ABC. El mensaje desde el atril fue clarísimo: el propósito no era transparentar el juicio, sino aniquilar mediáticamente al abogado. Pero el montaje, al menos hasta hoy, no les ha rendido frutos.
Con el objetivo de consolidar la versión oficial ante los medios de comunicación, la presidenta utilizó el espacio de esa mañana para proyectar el comunicado emitido por la FGR —el 482/26—, en una evidente respuesta a Gómez Mont. Durante su intervención, leyó fragmentos a conveniencia y ordenó reproducir el video institucional sobre la detención de Ruffo, difundido días atrás. Así, quedó en evidencia el esfuerzo coordinado para ganar el juicio en la opinión pública antes que en los tribunales.
Cabe señalar que no corresponde al Ejecutivo abordar estos temas mientras exista un proceso penal en curso. Pero eso no importa, lo seguirán haciendo.
Para la reflexión...
Es evidente que, en la batalla por la narrativa, la defensa les está ganando la partida. Tarde o temprano las pruebas tendrán que hablar en los tribunales; pero en el terreno mediático, la sentencia ya está dictada: ¡Ruffo es un perseguido político! Si a la maestra Gordillo le arrebataron cinco años, cinco meses y once días tras las rejas; si a Ramírez Mandujano lo sepultaron cuatro años y medio por un capricho, y si a Rosario Robles la mantuvieron encerrada más de mil días hasta que los tribunales derrumbaron la farsa y la exoneraron por completo... ¿cuánto tiempo planea el gobierno actual mantener en la cárcel a Ernesto Ruffo Appel? ¿Será hasta que pasen las elecciones de 2027?
Y mientras aquí en México la justicia avanza con parsimonia, desde fuera el mensaje es otro. Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Trump, lanzó un dardo reciente: en México 'ni el sistema judicial ni el sistema político funcionan', argumentando que los cárteles del narcotráfico y la violencia operan en absoluta impunidad. La presidenta Sheinbaum evadió el choque frontal: 'No voy a entrar en debate en particular con él', justificando que estas declaraciones son mero ruido por las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En su réplica, puntualizó que Washington tiene que mirarse al espejo en temas de consumo, distribución y lavado de dinero. Y aunque aseguró que ambos gobiernos se coordinan bajo la premisa de que 'cada quien opera en su territorio', el mensaje de Miller deja una sombra ineludible sobre un sistema de justicia mexicano que hoy parece tener otras prioridades.
Para la historia inmediata..
PD. Tengo ganas de escuchar a los integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias Penales sobre este tema.