Hace unos días la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, trajo a la discusión pública la propuesta de gravar las herencias. Añadió que el único método que tiene el mundo para redistribuir la riqueza es el pago de impuestos y recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señaló que los impuestos sobre sucesiones bien diseñados pueden contribuir a reducir la desigualdad. Actualmente 24 países de esta organización cobran este tipo de impuestos.
Esta propuesta se discute desde hace años. En noviembre de 2018 el Fondo Monetario Internacional –FMI– incluyó entre sus propuestas fiscales (Article IV Consultation) introducir el impuesto a las herencias y reformar el impuesto a las ganancias de capital para elevar la progresividad del sistema fiscal y reducir la desigualdad de ingresos. En 2020 en el mismo tipo de reporte el FMI consideró que el impuesto sobre la renta –ISR– era regresivo e indicó que la limitada respuesta fiscal del gobierno podría debilitar el crecimiento a largo plazo.
En 2018 la OCDE en su documento de Prioridades Estratégicas para México propuso fortalecer la progresividad del impuesto a los ingresos de capital e introducir el impuesto a las herencias. Importa señalar que por lo general las propuestas se refieren a las grandes o muy grandes herencias y deberían afectar a no más del 1 por ciento de los contribuyentes; también se reconoce que este no sería efectivo si no incluye el impuesto a las, también grandes, donaciones en vida.
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La presidenta Sheinbaum atajó la propuesta de la ministra Batres diciendo que no cree en que se graven las herencias; se gravan en casi todos los países del mundo, dijo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos. Añadió que la ministra tiene derecho a su opinión pero que ella, la presidenta, no abriría ese debate legislativo.
La discusión fiscal abarca más que las herencias. En la semana Gerardo Esquivel, un reconocido economista que fue subgobernador de Banxico, publicó que una potencial reducción en la calificación crediticia de México pondría en riesgo el grado de inversión y por tanto, su estabilidad macroeconómica y financiera. A las calificadoras les preocupa la solvencia económica del país. Esquivel propone en consecuencia aumentar la captación fiscal para atender la coyuntura, lo que es indispensable, pero habrá que planear para más allá y de manera más ambiciosa.
Este viernes 17 de julio el periódico El Financiero destacó en primera plana que BlackRock, el más importante fondo de inversión del mundo, confía en que la Secretaría de Hacienda logrará contener el aumento de la deuda para conservar el grado de inversión, lo que permitirá retener los capitales extranjeros en el país. La advertencia es clara.
Para dos de las grandes calificadoras, Moody’s y Fitch, el país está en el escalón más bajo del grado de inversión; para Standard & Poor’s se encuentra dos niveles arriba pero con perspectiva negativa. En dos casos al borde y en el tercero con luz ámbar. Lo suficiente para generar la inquietud que El Financiero hace bien en colocar en primera plana. Si dos de estas tres agencias califican por debajo del grado de inversión, el país lo pierde.
El artículo de Esquivel señala la preocupación de las calificadoras por la solvencia económica del país y dice que el tema ya no es si se debe aumentar la recaudación tributaria; el verdadero debate es cómo lograrlo y afirma que debe hacerse de inmediato para tener resultados positivos cuando las calificadoras emitan otra nota en 2027.
Esquivel se alinea con la postura oficial y descarta el impuesto a las herencias. Tampoco sería adecuado incrementar el IVA porque afectaría negativamente a la población y eso va en contra de la política gubernamental; el incremento al predial tiene gran potencial pero requeriría reformas complejas y sus resultados no serían suficientemente oportunos y serían totalmente impopulares.
Lo que queda, señala Esquivel, es mejorar la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que en su visión es la mejor alternativa para recaudar al menos un punto porcentual del PIB adicional, lo necesario para reducir el déficit estructural actual. Convoca a abordar esta discusión con seriedad y responsabilidad.
Lo que dice Esquivel es impecable, pero el debate se quedaría corto si se limita a la urgencia de incrementar la recaudación en un punto porcentual del PIB para reducir el déficit fiscal.
Todo incremento de impuestos debe presentar una imagen pública convincente. Instrumentar un impuesto a las grandes herencias, legados y donativos en vida no sería la única respuesta pero contribuiría a la equidad y hacer pagar a los ultrarricos les daría legitimidad a otras vías de captación fiscal. Eficiencia recaudatoria y progresividad no se contradicen. El incremento de la eficiencia recaudatoria de grandes contribuyentes ha sido un éxito de progresividad, pero es muy posible que ya haya agotado su mayor potencial. Sin reforma fiscal no fue suficiente para evitar la actual perspectiva de riesgo.
Por otra parte, la eficiencia recaudatoria apuntada a sectores en los que están quebrando multitud de micro, pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno podría traducirse en acoso a empresas que tienen una importante función social y tienen dificultades para sobrevivir. En este caso la eficiencia recaudatoria podría ser contraria a una sana progresividad fiscal y lo que conviene es darles un respiro de trámites administrativos. También hay que reconsiderar el cobro de impuestos hacia los millones beneficiados por el incremento del salario mínimo y revisar a la baja la tabla de impuestos.
El caso es que ser eficientes cobrando impuestos ya no es un buen argumento para evitar la reforma fiscal. Requerimos una progresividad fiscal generalizada que no le cargue la mano a la gran mayoría de la población.
La meta no debería limitarse al incremento mínimo indispensable de la captación fiscal para que el gobierno salga del apuro financiero; este sería el primer nivel, elemental.
Un segundo nivel sería una captación que se traduzca en una evidente y ampliamente sentida mejora de la operatividad pública. Un sistema de salud con mejor infraestructura hospitalaria y atención médica no dilatada durante semanas o meses, medicinas disponibles en todo momento sin colas de horas. Mejoras en el sistema educativo y ventanillas para la atención pública de todo tipo de asuntos sin perder horas o días laborales y familiares, para todos, el tiempo es dinero. Incluyamos sistema universal de cuidados e infraestructura en general.
Plantear un incremento de la captación no del uno sino del seis por ciento del PIB, al nivel latinoamericano, a cambio de operatividad eficiente y eficaz del sector público sería un buen acuerdo entre gobierno y población.
Queda un tercer nivel que de momento es mero buen deseo; una captación fiscal parecida al promedio de los países de la OCDE, casi el doble de la actual, que le permita al Estado ser rector y promotor del desarrollo económico. Un Estado que oriente y sustente el nivel de inversión que el país requiere para crecer aceleradamente y no como desde hace años, por debajo del incremento demográfico.
Hay que plantear atender lo urgente, las finanzas públicas; mejorar la operatividad gubernamental y sentar las bases de un tercer nivel de captación fiscal; el asociado a un Estado rector de la economía. El debate debe ir más allá de la coyuntura para diseñar el camino a transitar por las siguientes etapas.