El derecho a la seguridad pública, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Este mandato constitucional tiene como fines primordiales salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Estos elementos constituyen los bienes jurídicos tutelados fundamentales que el Estado está obligado a proteger a través de sus políticas, instituciones y corporaciones policiales. Sin embargo, en la realidad cotidiana de nuestro país, el ciudadano experimenta una vulneración sistemática, profunda y multifactorial de estos bienes jurídicos, producto tanto del embate constante de la delincuencia como de las omisiones, las deficiencias estructurales y, en ocasiones, la lamentable colusión de las propias autoridades institucionales encargadas de procurar y garantizar dicha seguridad.
La vida y la integridad personal son, sin lugar a duda, los bienes jurídicos de mayor jerarquía protegidos por el texto constitucional. La vulneración a estos derechos supremos se materializa de manera trágica a través de los altos índices de homicidios dolosos, feminicidios y agresiones físicas que azotan a diversas regiones del territorio nacional. Cuando un ciudadano pierde la vida a manos de la delincuencia, el Estado ha fallado en su obligación más elemental de prevención y contención. Asimismo, la integridad física y psicológica se ve severamente dañada no solo cuando una persona es víctima directa de agresiones, torturas o tratos crueles por parte de grupos criminales, sino también cuando estos actos provienen de malos elementos de las corporaciones policiales que recurren al uso desproporcionado de la fuerza. El clima de violencia generalizada engendra un estado de terror y zozobra permanente, provocando un trauma colectivo que menoscaba la integridad moral de la sociedad en su conjunto, evidenciando una profunda fractura en el sistema de protección ciudadana.
Por su parte, la libertad, otro de los pilares fundamentales consagrados en el artículo 21, es objeto de constantes transgresiones que limitan el desarrollo pleno y la autonomía de los individuos. Esta vulneración se manifiesta en su forma más extrema y cruel mediante delitos como el secuestro, la privación ilegal de la libertad y la trata de personas, crímenes aberrantes que reducen al ser humano a la simple condición de mercancía. No obstante, la libertad también es coartada de maneras mucho más cotidianas, sutiles, pero igualmente perjudiciales. El miedo paralizante a ser víctima de un delito obliga a los ciudadanos a modificar drásticamente sus rutinas, a restringir su libertad de tránsito, a evitar salir a ciertas horas de la noche o a abandonar espacios públicos que legítimamente les pertenecen. De este modo, la delincuencia organizada y común imponen toques de queda fácticos, encerrando a los ciudadanos en sus propios hogares y despojándolos de su derecho inalienable a disfrutar libremente de su entorno. A esta cruda realidad se suman las detenciones arbitrarias cometidas por diversas autoridades, donde la libertad es arrebatada sin el cumplimiento del debido proceso, convirtiendo al guardián de la ley en el propio victimario del ciudadano.
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El patrimonio de las personas, fruto del trabajo honesto y del esfuerzo constante a lo largo de los años, representa otro bien jurídico frecuentemente lacerado ante la crisis de seguridad pública. Los robos en sus diversas modalidades, ya sea a transeúnte, a casa habitación, de vehículos o en el transporte público, despojan al ciudadano de sus bienes materiales con una alarmante facilidad. Sumado a esto, delitos silenciosos pero devastadores como la extorsión y el llamado cobro de piso han proliferado, asfixiando económicamente a pequeños comerciantes, emprendedores y grandes empresarios por igual. Estas prácticas criminales constituyen un impuesto ilegal e ilegítimo impuesto por el uso de la fuerza, que no solo afecta la economía de las familias y desincentiva la inversión y el desarrollo nacional, sino que también vulnera la tranquilidad emocional del ciudadano, quien se ve forzado a entregar su patrimonio bajo constantes amenazas de muerte o de daño a sus seres queridos. Cuando el aparato estatal es incapaz de frenar esta grave sangría económica, incumple abiertamente con su mandato de salvaguardar los bienes materiales de su población.
Finalmente, la generación del orden público y la paz social, que constituyen los grandes objetivos supremos de la seguridad pública, se ven por completo imposibilitados cuando en una nación imperan la impunidad y la corrupción. La vulneración de todos los bienes jurídicos del ciudadano descritos anteriormente se agrava de manera profunda debido a la severa crisis en la procuración e impartición de justicia. Cuando las instituciones del Ministerio Público y las policías investigadoras carecen de los recursos, la capacitación o la voluntad genuina para resolver los delitos, o peor aún, cuando existe una evidente infiltración del crimen en las estructuras de poder del Estado, el pacto social original se rompe irrevocablemente.
El ciudadano común se encuentra entonces en una situación de indefensión absoluta y vulnerabilidad total, atrapado trágicamente entre una criminalidad desafiante y un aparato estatal negligente. Esta crisis crónica de confianza debilita los cimientos de las instituciones democráticas y, peligrosamente, fomenta fenómenos como la justicia por propia mano, alejando cada vez más a la sociedad civil del ideal de paz y civilidad que persigue incansablemente el artículo 21 constitucional. En conclusión, la seguridad pública no debe entenderse como una concesión ni como un privilegio, sino como un derecho humano indispensable para la vida en sociedad; y mientras el Estado no logre garantizar efectivamente la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de cada uno de sus habitantes, la promesa humanista plasmada en nuestra Carta Magna seguirá siendo una dolorosa deuda histórica.