“Si no hay nada, no hay que temer, nada”. Con esta frase, cargada de un pragmatismo lapidario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó la postura del Estado mexicano frente a una de las crisis políticas y diplomáticas más severas de la historia reciente. Las acusaciones vertidas desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —entre las que destacan figuras del más alto nivel como el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez— han sacudido los cimientos de la relación bilateral.
No estamos ante un señalamiento ordinario. En la historia contemporánea de México, jamás se había estructurado una acusación de este calibre desde el extranjero en contra de un gobernador en funciones, un senador de la República y un alcalde de una capital estatal de manera simultánea. Se les acusa de operar en connivencia con la estructura de los grupos criminales, un señalamiento gravísimo que trasciende la mera sospecha para instalarse en el terreno de la crisis de Estado. Sin embargo, para entender la magnitud de este sismo, es imperativo separar la paja del trigo y analizar el caso desde dos grandes dimensiones: la intrincada geopolítica y el estricto marco jurídico.
Desde la óptica política, es ingenuo ignorar el timing y la virulencia de las agencias estadounidenses. En los círculos diplomáticos y de inteligencia, es un secreto a voces que esta ofensiva judicial tiene un trasfondo de retaliación. La trágica muerte de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua marcó un punto de inflexión en la política de seguridad de Washington hacia México. Cuando la sangre de las agencias de inteligencia estadounidenses se derrama, la respuesta de Estados Unidos rara vez se limita a los canales diplomáticos ordinarios; suele traducirse en presiones asimétricas y en la utilización del sistema de justicia penal como una herramienta de política exterior.
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Bajo esta luz, la acusación contra la cúpula política de Sinaloa parece estar siendo utilizada con fines políticos por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una demostración de fuerza, un mensaje de que Washington está dispuesto a cruzar líneas rojas institucionales —como apuntar a un mandatario estatal en funciones— para forzar a México a alinear su política de seguridad a los intereses del país vecino.
No obstante, la respuesta del gobierno de México no puede limitarse al victimismo soberanista. Como bien ha dejado entrever la presidenta Sheinbaum, el Estado mexicano tiene una obligación ineludible, de cara a sus propios ciudadanos, de investigar a cualquier funcionario público, sin importar su jerarquía, que sea señalado por actos de corrupción o por tejer redes de complicidad con el crimen organizado. La legitimidad del gobierno federal depende de su capacidad para demostrar que no hay pactos de impunidad. Si existen indicios de que las estructuras gubernamentales en Sinaloa han sido cooptadas, es el propio Estado mexicano quien debe ser el primer interesado en desmantelar esas redes.
Pero aquí es donde entra la segunda dimensión, la más técnica y a menudo la más incomprendida: el marco jurídico y el derecho internacional. El gobierno de México tiene el compromiso de respetar los acuerdos internacionales, específicamente el Tratado de Extradición firmado con Estados Unidos. Sin embargo, respetar el tratado no significa sumisión procesal; significa, por el contrario, aplicar la ley respetando escrupulosamente el marco jurídico mexicano y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Hasta el momento de escribir estas líneas, no existe una solicitud formal de extradición por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo que flota en el ambiente es la amenaza de una solicitud de detención provisional con fines de extradición. En el derecho mexicano, esta no es una orden que se emita en automático solo porque un gobierno extranjero lo pide. Para que un juez federal en México autorice la privación de la libertad de estas figuras políticas, debe existir un estándar probatorio mínimo.
La fiscalía estadounidense, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República (FGR), deben presentar elementos de prueba suficientes que justifiquen la medida cautelar. El propósito legal de esta detención provisional no es adelantar un castigo, sino evitar que los investigados se sustraigan de la acción de la justicia —es decir, que se den a la fuga— mientras Estados Unidos integra y presenta el expediente formal de extradición, para lo cual tiene un plazo de 60 días.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum se encuentra caminando sobre una fina línea. Por un lado, no puede permitir que Estados Unidos dicte órdenes de aprehensión politizadas sin sustento probatorio, vulnerando la soberanía jurisdiccional de México y desestabilizando a un gobierno estatal elegido democráticamente. Por otro, no puede dar la impresión de estar protegiendo a funcionarios si las agencias estadounidenses logran presentar pruebas sólidas e irrefutables de sus vínculos criminales.
El caso de Rocha Moya, Inzunza y el alcalde de Culiacán es un examen de estrés para el sistema de justicia mexicano y para la diplomacia del nuevo sexenio. La sombra de los agentes de la CIA caídos en Chihuahua oscurece las motivaciones de Washington, convirtiendo un proceso que debería ser estrictamente penal en una partida de ajedrez geopolítico.
Al final, la máxima de la presidenta Sheinbaum, “Si no hay nada, no hay que temer”, es jurídicamente impecable, pero políticamente arriesgada. En el complejo mundo de las relaciones bilaterales de seguridad, donde la DEA, la CIA y la política interna estadounidense juegan sus propias cartas, a veces la inocencia o la culpabilidad pasan a un segundo plano frente a los intereses de Estado. México deberá exigir que, si Estados Unidos quiere a estos funcionarios, lo haga con la ley en la mano, con pruebas irrefutables y respetando la soberanía de los tribunales mexicanos. Cualquier otra vía no sería justicia, sino imperialismo judicial