Uno de los aspectos en los que nuestra democracia se ve fortalecida es con la participación de las y los ciudadanos y, de acuerdo con diversas disposiciones constitucionales y legales, existen diferentes mecanismos que involucran a la ciudadanía en los que resulta necesario que se involucren, participen y ejerzan su derecho constitucional al voto.
Las elecciones son un marco de referencia por el que la ciudadanía se manifiesta de múltiples maneras; confirma con su voto por una determinada opción política, la rechaza o bien, decide cambiar por alguna otra opción, lo que le da a la población electora la enorme responsabilidad de definir el rumbo de esta nación para los próximos años.
Por ello, las elecciones son un momento cúspide de nuestra democracia. En 2027 se tienen programadas múltiples elecciones, a nivel federal se renovará la Cámara de diputadas y diputados; a nivel local habrá elecciones en 17 estados para que la ciudadanía defina a la gobernadora o gobernador de la entidad respectiva; en 31 entidades federativas se renovarán los congresos locales; en 30 estados habrá elecciones para la renovación de distintos cargos de las presidencias municipales; en cuatro entidades se renovarán diversos cargos de juntas municipales, presidencias de comunidades, entre otras.
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En virtud de lo aprobado por el órgano Legislativo federal, las elecciones al Poder Judicial se pospusieron para realizarse en 2028.
Consecuentemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) es responsable de la organización y desarrollo de los procesos electorales federales y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las elecciones locales.
En este contexto, el INE enfrenta varios retos, entre los principales destaco los siguientes:
- Contar con la cartografía electoral tanto federal y local, acorde al esquema de georeferenciación más actualizado para facilitar el voto de la ciudadanía.
- Actualizar el padrón y el listado nominal de personas electoras que, para estas elecciones rebasarán los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos.
- Actualizar diversas normativas internas del INE, para hacerlas compatibles con las disposiciones recientemente reformadas por el Congreso de la Unión.
- Llevar las acciones que sean necesarias para garantizar que las y los mexicanos residentes en el exterior voten en los 10 estados que sus legislaciones así lo establecen.
- Potenciar el voto electrónico, es decir, propiciar el uso de un mayor número de urnas electrónicas, así como el uso del voto por internet para algunos segmentos de la población.
- Fortalecer las acciones afirmativas que se han ido adoptando para visibilizar de manera importante a diversos segmentos de la población.
- Vigilar que se cumpla a cabalidad el principio de paridad con el objeto de materializar una sociedad igualitaria, en contextos libres de violencia.
- Realizar las acciones que sean necesarias para que personas con antecedentes de violencia de género no sean candidatas.
- Que todas las personas candidatas cumplan con los requisitos legales.
- Capacitar de manera adecuada a millones de personas que fungirán en su oportunidad como funcionarias y funcionarios de casilla.
- Acreditar, capacitar y atender a las personas observadoras electorales y a las misiones de observación de las elecciones; instancias que certificarán, entre otros aspectos, la forma en que las distintas autoridades cumplen con sus atribuciones constitucionales y legales.
- Seguimiento al trabajo de cuatro presidencias y 18 personas consejeras electorales designadas por el Consejo General del INE, que en 16 entidades vivirán desde esa posición un proceso electoral.
- La probabilidad de que participen nuevos partidos políticos.
- Llevar a cabo una fiscalización electoral tanto federal como local que signifique un avance importante de transparencia y rendición de cuentas.
- Incrementar la confianza de la ciudadanía en la organización de elecciones y, con ello, buscar aumentar la participación ciudadana y, en especial, de la población joven, entre muchas más.
Como podemos observar, el reto del INE no es menor, sin embargo, la ciudadanía debe estar completamente segura, tal cual ha sido por más de 30 años, que la organización de la elección venidera estará a la altura de lo que las y los ciudadanos merecen.